El Gobierno redobla la presión sobre la AFA y la Liga Profesional con una ofensiva judicial y administrativa

• El Gobierno intimó a la AFA y a la Liga Profesional a explicar balances por más de USD 450 millones.
• La IGJ exige documentación contable, actas y explicaciones sobre asambleas y reformas estatutarias.
• La Universidad de la AFA quedó bajo la lupa por su financiamiento, convenios y bienes inmuebles.
• La ofensiva se complementa con una denuncia ante la Conmebol por presuntas irregularidades.
• Una causa judicial investiga sociedades y bienes vinculados a presuntos testaferros de dirigentes.
• La AFA denunció persecución política y rechazó cualquier irregularidad en su gestión.

El Gobierno lanzó una nueva ofensiva contra la conducción del fútbol argentino al intimar, a través del Ministerio de Justicia y la Inspección General de Justicia (IGJ), a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol para que brinden explicaciones detalladas sobre sus balances contables y financieros. La medida apunta a gastos e inversiones que, en conjunto, superan los 450 millones de dólares y se inscribe en una escalada de tensiones con la dirigencia encabezada por Claudio “Chiqui” Tapia.

Según informó oficialmente el Ejecutivo, la IGJ exigirá a ambas entidades documentación que respalde partidas por más de USD 111 millones en el caso de la AFA y USD 340 millones en el de la Liga Profesional. El organismo remarcó que se trata de un procedimiento habitual y que las asociaciones civiles deben cumplir con los mismos requisitos que cualquier persona jurídica privada registrada, sin excepciones ni privilegios.

En el comunicado difundido, el Gobierno subrayó el principio de igualdad ante la ley y advirtió que la falta de respuesta o el incumplimiento de los requerimientos dentro de los plazos establecidos podría derivar en sanciones económicas severas, tanto para las instituciones como para sus directivos. La AFA, recordó la IGJ, es una asociación sin fines de lucro, lo que obliga a justificar con especial precisión el destino de sus recursos.

La intimación fija un plazo máximo de 20 días para que la entidad que conduce Tapia regularice una extensa lista de observaciones. Entre ellas, la presentación de estados contables pendientes del ejercicio cerrado al 30 de junio de 2025; explicaciones por la realización de asambleas fuera de la jurisdicción de la IGJ y sin autorización previa; y aclaraciones sobre la participación de funcionarios de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas bonaerense en actos que corresponden a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires.

Uno de los capítulos más sensibles es el vinculado a la creación de la Universidad de la AFA (UNAFA). La IGJ exige todas las actas, estatutos, convenios con universidades públicas y privadas —entre ellas la UBA—, autorizaciones estatales, así como la documentación de la adquisición del inmueble donde funciona la sede, incluidos los comprobantes bancarios y, en caso de haberse utilizado moneda extranjera, los respaldos de compra de divisas. A esto se suma la obligación de responder observaciones contables acumuladas desde 2017, que involucran partidas globales por más de 111 millones de dólares.

La Liga Profesional también quedó bajo la lupa. El organismo de control le reclamó que responda observaciones pendientes sobre balances de cinco ejercicios consecutivos y que presente los estados contables correspondientes al cierre de junio de 2025, con partidas que totalizan más de USD 340 millones.

Esta avanzada administrativa se suma a una denuncia presentada días atrás por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ante el Tribunal de Ética de la Conmebol. Allí solicitó una investigación preliminar por presuntas violaciones al Código de Ética y a la política anticorrupción del organismo sudamericano, en relación con contrataciones directas, sociedades comerciales y movimientos patrimoniales de alto valor.

El trasfondo judicial incluye una causa que tramita en el Juzgado Penal Económico N.º 10, a cargo de Marcelo Aguinsky. En ese expediente se investiga a la firma Real Central SRL y a dos personas señaladas como presuntos testaferros de dirigentes de la AFA. La pesquisa pone el foco en una propiedad de más de diez hectáreas en Pilar, con instalaciones de lujo, cuyo dominio pasó por distintas manos vinculadas al ecosistema del fútbol, incluidas empresas proveedoras de la AFA.

También se cuestionan contrataciones directas, como la adjudicación a Malte SRL de un contrato cercano a los USD 550.000 para el sistema VAR, pese a los presuntos vínculos societarios con ex directivos del organismo. Según la denuncia, este entramado plantea serios interrogantes sobre conflictos de intereses y transparencia.

Desde la AFA rechazaron las acusaciones y denunciaron una “evidente persecución política” contra sus autoridades. Apuntaron directamente contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y contra dirigentes oficialistas, y advirtieron sobre intentos de intervención y avances para imponer las Sociedades Anónimas Deportivas. En su defensa, la conducción afirmó que seguirá enfocada en “hacer crecer el fútbol argentino” y acusó al Gobierno de llevar la discusión a un terreno político.