Política, INDEC e inflación: el costo de frenar el nuevo IPC

• El Gobierno decidió postergar la actualización del IPC y mantener la metodología vigente.
• La salida de Marco Lavagna expuso diferencias políticas y técnicas sobre el momento del cambio.
• La nueva canasta habría elevado la inflación en los próximos meses por el peso de los servicios.
• El IPC impacta en jubilaciones y en el esquema de bandas del dólar oficial.
• La oposición advierte sobre riesgos de credibilidad, aunque el Gobierno niega manipulación.
• La decisión prioriza la estabilidad de corto plazo, pero abre un flanco político sensible.

La salida de Marco Lavagna del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) expuso una decisión política de alto impacto para el Gobierno de Javier Milei: priorizar la estabilidad del proceso de desinflación aun a riesgo de abrir un flanco de cuestionamientos sobre la credibilidad del índice de precios. La determinación de mantener sin cambios la metodología de medición del Índice de Precios al Consumidor (IPC) —y postergar la actualización de la canasta— buscó evitar un posible repunte del indicador en los próximos meses, pero dejó al Ejecutivo ante una discusión que combina técnica, economía y disputa política.

Lavagna tenía listo el esquema para implementar una nueva ponderación de bienes y servicios basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, destinada a reemplazar la actual estructura de 2008. El cambio apuntaba a reflejar consumos más acordes a la realidad, con mayor peso de servicios y menor incidencia de productos que perdieron relevancia en el gasto cotidiano. Sin embargo, el Presidente y el ministro de Economía, Luis Caputo, resolvieron frenar ese paso. El propio Caputo reconoció que esa diferencia de criterio precipitó la salida del funcionario y confirmó que el IPC seguirá midiéndose con la metodología vigente “hasta que el proceso de desinflación esté consolidado”.

La explicación oficial, aunque técnica, tiene implicancias políticas. Al justificar la postergación, el Gobierno admite implícitamente que la inflación aún no está completamente controlada, pese a haber eliminado la emisión monetaria como principal ancla de su programa. Al mismo tiempo, deja abierta la interpretación de que el momento elegido para medir el índice no es neutro, sino funcional a un objetivo de política económica y, por extensión, política.

Desde el Ejecutivo remarcan que no se trata de manipulación del índice, sino de una decisión metodológica habitual en los organismos estadísticos. Sin embargo, en la oposición ya comenzaron a emerger comparaciones incómodas con etapas del pasado en las que el dato oficial perdió credibilidad. Si bien el contexto es distinto y no hay intervención directa sobre los números, la sola admisión de que un cambio metodológico podría alterar el resultado futuro del IPC alimenta sospechas y discursos críticos.

El trasfondo técnico ayuda a entender la sensibilidad del tema. Con la nueva ponderación, los alimentos perderían peso relativo en la canasta, mientras que los servicios regulados —gas, electricidad y agua— ganarían protagonismo. Justamente esos rubros comenzarán a reflejar aumentos más fuertes tras el rediseño del esquema de subsidios, lo que habría elevado la inflación de febrero y marzo. Postergar la actualización permite, en los hechos, amortiguar ese impacto estadístico en un momento clave.

La decisión también se vincula con otras variables centrales del programa económico. El IPC es la referencia para la movilidad jubilatoria y para el esquema de bandas del tipo de cambio oficial. Un índice más alto implicaría mayores ajustes en haberes previsionales y un corrimiento del techo cambiario, con el riesgo de desestabilizar la calma lograda en el mercado de dólares. En ese marco, el Gobierno optó por evitar un efecto dominó que complique sus proyecciones fiscales y financieras.

Caputo defendió la postura al señalar que, cuando se evaluó inicialmente el cambio, la inflación descendía a un ritmo que hacía prever una consolidación temprana. El deterioro del clima político y financiero, argumentó, alteró ese escenario. Por eso, insistió en que “no hay necesidad” de modificar el índice en este momento y evitó precisar cuándo se aplicará la nueva metodología.

La jugada, sin embargo, no está exenta de costos. Al desplazar a Lavagna y frenar una actualización anunciada, el Gobierno asume el riesgo de que la oposición y economistas críticos pongan en duda la representatividad del IPC. En un contexto donde la confianza es un activo clave, la tensión entre prudencia económica y credibilidad institucional se convierte en uno de los dilemas centrales de la estrategia oficial.