Denunciaron a un abogado del foro local

Un episodio ocurrido en la noche del domingo pasado abrió un frente judicial que, por la gravedad institucional que encierra, excede largamente el marco de una simple denuncia penal. El hecho derivó en una presentación ante la Justicia que tiene como imputado a un abogado de la ciudad de Rafaela y a otra persona, y que hoy es materia de investigación por parte de la Fiscalía interviniente.

Según consta en la denuncia, el damnificado se encontraba en su lugar de trabajo —un taller ubicado frente a su vivienda sobre avenida A. del Valle— cuando dos personas ingresaron al local, que se hallaba con la puerta abierta. Una de ellas fue identificada como un abogado local. De acuerdo al relato, uno de los ingresantes comenzó a tomarle datos personales, bajo el argumento de “constatar” si se encontraba trabajando, en el marco de una situación vinculada a su relación laboral.

La escena, más cercana a un procedimiento de control improvisado que a una actuación legítima, culminó con el retiro de ambas personas del lugar. Sin embargo, lejos de cerrar allí, el episodio encendió todas las alarmas. El trabajador decidió radicar la denuncia al considerar irregular tanto el ingreso al establecimiento como la identificación exigida, entendiendo que no existía habilitación legal alguna para semejante accionar.

La Fiscalía deberá ahora analizar las circunstancias del hecho y determinar si existió una conducta indebida y, en su caso, eventuales responsabilidades penales. Pero el plano judicial no es el único que debería activarse.

La situación es realmente grave. Cuando quien aparece señalado es un abogado, no solo está en juego una posible infracción a la ley, sino también el respeto por los límites que impone el Estado de Derecho. Ningún profesional —y mucho menos uno del derecho— puede arrogarse facultades de control, fiscalización o identificación que la ley reserva de manera expresa a autoridades competentes y bajo procedimientos regulados.

Por eso, además de la actuación de la Fiscalía, resulta imprescindible que el Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados actúe de oficio. No como un gesto simbólico, sino como una obligación ética e institucional. El corporativismo, tan habitual como dañino, no puede ser la respuesta ante hechos que comprometen la credibilidad de toda una profesión.

Si existió un abuso, debe investigarse. Si hubo una falta ética, debe sancionarse. Y si todo se ajustó a derecho, deberá demostrarse con claridad. Pero mirar para otro lado no es una opción. Porque cuando la prepotencia cruza la vereda del derecho, el silencio también se vuelve cómplice.