La reforma de la Ley de Glaciares reabre el debate entre protección ambiental e impulso minero

• La reforma de la Ley de Glaciares volvió a debatirse en el Congreso durante las sesiones extraordinarias.
• El proyecto propone redefinir el ambiente periglacial para focalizar la protección en zonas con valor hídrico.
• La minería aparece como sector estratégico por la demanda global de minerales críticos.
• Las empresas aseguran que el consumo de agua de la actividad es marginal y altamente recirculado.
• El sector destaca la existencia de controles ambientales estrictos y estándares internacionales.
• El debate busca equilibrar protección ambiental, inversiones, empleo y desarrollo productivo.

El Congreso de la Nación retomó esta semana el tratamiento de la reforma a la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que vuelve a instalar una discusión sensible: cómo compatibilizar la protección de los recursos hídricos de alta montaña con el desarrollo de una actividad minera que aparece como estratégica para la economía argentina. El proyecto forma parte del temario de la segunda etapa de sesiones extraordinarias y ya cuenta con dictamen de comisión, con el Senado como escenario central para su eventual aprobación.

El núcleo de la propuesta oficial está puesto en redefinir el concepto de “ambiente periglacial”, con el objetivo de que las restricciones de actividad se apliquen exclusivamente a aquellas geoformas que cumplen una función hídrica comprobable. Desde la mirada del Gobierno y de las provincias con tradición minera, se trata de una aclaración técnica necesaria para eliminar ambigüedades que, en la práctica, terminaron bloqueando proyectos productivos sin un correlato directo en una mayor protección ambiental.

La discusión no es menor. En un contexto global atravesado por la transición energética y la demanda creciente de minerales críticos, Argentina aparece como un actor con potencial para atraer inversiones de gran escala. Cobre, litio, oro, uranio y tierras raras concentran el interés de compañías internacionales que evalúan desembarcar o ampliar su presencia en el país. La reforma legislativa es leída, en ese sentido, como una pieza clave para destrabar una nueva etapa de proyectos metalíferos de magnitud inédita.

Desde el sector privado, la Cámara Argentina de Empresas Mineras buscó llevar un mensaje de previsibilidad ante las críticas de organizaciones ambientalistas, que rechazan cualquier modificación a la norma sancionada en 2010. La entidad sostuvo que la minería moderna opera bajo estándares de sustentabilidad elevados y que es posible desarrollar la actividad sin comprometer los recursos hídricos estratégicos.

Uno de los ejes centrales del posicionamiento empresario es el impacto sobre el empleo y la inversión. Según estimaciones del sector, la minería genera actualmente más de 100.000 puestos de trabajo directos e indirectos y podría duplicar esa cifra en los próximos años si avanzan los proyectos hoy en carpeta. Ese crecimiento, advierten, depende de contar con reglas claras y previsibles que permitan inversiones de largo plazo.

En relación con el uso del agua, uno de los puntos más sensibles del debate, la industria remarca que su participación en el consumo total del recurso es marginal. De acuerdo con datos sectoriales, la minería representa alrededor del 1% del uso de agua en las regiones donde opera, frente a un 93% destinado a la actividad agropecuaria. Además, entre el 70% y el 90% del agua utilizada en los procesos productivos se recircula en circuitos cerrados, reduciendo la extracción neta.

Las empresas también subrayan que la actividad se encuentra sujeta a un marco regulatorio estricto. Cada proyecto debe presentar estudios de impacto ambiental conforme a la Ley 24.585, que son auditados periódicamente por autoridades provinciales, universidades y organismos técnicos. A esto se suman estándares internacionales como los protocolos HMS/TSM e ISO, que incorporan instancias adicionales de control y transparencia.

El argumento central a favor de la reforma es que la actual redacción de la ley habilita interpretaciones amplias que terminan equiparando formaciones sin valor hídrico estratégico con glaciares o ambientes críticos, generando restricciones que no necesariamente se traducen en una mejor protección del agua. Para el sector minero, la precisión técnica es la herramienta para equilibrar desarrollo y cuidado ambiental.

Mientras el Gobierno busca acelerar el debate legislativo con la expectativa de dinamizar la economía y atraer capitales, la industria aguarda que el Congreso avance hacia un marco normativo que resguarde los recursos estratégicos pero que, al mismo tiempo, habilite el potencial productivo de la cordillera. El resultado de esa discusión será determinante para definir si Argentina logra insertarse con mayor peso en el mapa global de la minería del siglo XXI.