Fiscalía imputó cargos a Ricardo Roa, ex gerente de la campaña Petro Presidente, por irregularidades en las elecciones de 2022 en Colombia

La Fiscalía General de la Nación radicó una imputación de cargo contra Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña Petro Presidente 2022, por los delitos de violación de topes electorales y tráfico de influencias.

 
El anuncio fue dado por Raúl Humberto Gonzalez Flechas, delegado contra la criminalidad organizada del ente acusatorio.

“Corresponde a esta delegada en su Dirección Especializada contra la Corrupción es para indicar que el día de hoy (9 de febrero) se radicará ante la Judicatura dos solicitudes de formulación de imputación en contra del señor Ricardo Roa, actual presidente de Ecopetrol, por uno, el tema de topes de campaña (...) Y el segundo, por un tema de tráfico de influencias”, indicó el funcionario.

Además, González Flechas descartó que, por el momento, se vaya a compulsar copias a la Comisión de Acusaciones e Investigaciones de la Cámara de Representantes, entidad que investiga al mandatario colombiano por este caso.

 
“Aún no se tiene esa ruta jurídica por ahora. En este momento estamos hablando únicamente de la violación de topes en la gerencia de la campaña y el tráfico de influencias a raíz de la compraventa del inmueble ya conocido por todos”, afirmó.

Igualmente, el delegado contra la criminalidad organizada agregó que la imputación no incluye solicitud de medida de aseguramiento contra el directivo de la empresa petrolera.

“Será una audiencia de formulación de imputación que se hará ante la judicatura en la fecha que ya indiquen los jurados una vez se radique estas solicitudes”, concluyó.

Ricardo Roa es el primer funcionario citado por la justicia en relación con el caso de la campaña Petro Presidente, lo que instala incertidumbre sobre el futuro directivo de la mayor empresa estatal colombiana.

Violacion de topes en la Campaña Petro
El primer proceso penal se centra en la etapa en que Roa actuó como gerente de la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

Según la investigación adelantada por los magistrados Benjamín Ortiz (Partido Liberal) y Álvaro Hernán Prada (Centro Democrático) del Consejo Nacional Electoral, y que fue remitido a la Fiscalía, la campaña superó los topes permitidos en 5.300 millones de pesos, de los cuales 3.700 millones corresponden a gastos no reportados en la primera vuelta y 1.600 millones a la segunda.

“Se determinó que efectivamente la campaña electoral del Partido Histórico superó los topes permitidos por el sistema electoral. Y en ese sentido, él como gerente de campaña, pues tiene la responsabilidad directa sobre esa superación en los topes permitidos”, explicó Raúl Humberto Gonzalez Flechas.

El ente acusador sostiene que por su rol como gerente de campaña, Roa tenía la responsabilidad de manejar la documentación financiera, tarea en la que habría incurrido en supuestas faltas.

Dentro de las irregularidades, el CNE también comprobó la presencia de aportes del sindicato de maestros Fecode, contratos de publicidad en Caracol TV, pagos a testigos electorales y una contribución de la Unión Patriótica (UP), los cuales fueron omitidos en los informes de la campaña.

El fallo emitido por el órgano electoral documenta la utilización de fuentes de financiación expresamente prohibidas. Entre ellas, figuran un aporte de la Unión Sindical Obrera de Ecopetrol (USO) y pagos gestionados por Ingenial Media SAS para los testigos electorales.

Entre las personas bajo supervisión por posibles irregularidades en las cuentas de la campaña se encuentra Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud.

Tráfico de influencias
La Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía también investigó la adquisición de un lujoso apartamento en Bogotá por parte de Roa.

Según la investigación del caso, el inmueble, un penthouse identificado como apartamento 901, fue comprado en diciembre de 2022 por 1.800 millones de pesos, una suma notablemente menor al valor del mercado.

Un apartamento equivalente a la mitad de los metros cuadrados en el mismo edificio se había vendido previamente por 1.000 millones de pesos. El vendedor fue la empresa Princeton International, asociada al empresario del sector petrolero Serafino Iácono. Durante su iunterrogatorio ante el ente acusatorio, Roa argumentó que desconocía la procedencia del vendedor durante la negociación.

En cuanto a las obras, se detecta una discrepancia significativa: mientras Roa declaró que la remodelación tuvo un costo de $300 millones, el arquitecto responsable sostuvo que los gastos superaron los $2.300 millones. Parte de los pagos, que ascienden a $2.000 millones, se habrían efectuado en efectivo, circunstancia que se investiga para establecer si actores externos, como el empresario William Vélez, con quien Roa sostuvo vínculos laborales previos, financiaron la operación.

“Un tema de tráfico de influencias a favor del señor Juan Guillermo Mancera, quien fue favorecido con una contratación por parte de Ecopetrol y que previamente había participado en un negocio con el señor Ricardo Roa en la venta de un apartamento”, indicó el delegado de la Fiscalía.

La comunicación de la Fiscalía ha renovado el debate público y en círculos empresariales acerca de la estabilidad de Roa en la presidencia de Ecopetrol. Si bien el ejecutivo ha resistido anteriores cuestionamientos, la formalización del proceso penal instala una nueva variable de presión sobre su permanencia.

“Los fiscales encargados de cada uno de los casos consideran que tienen los elementos suficientes para, eh, generar esta solicitud y hacer la imputación de cargos, que, pues tendrá su desarrollo procesal normal (...) estos tipos penales tienen una sanción punitiva, como cualquier tipo penal, en este caso de privación de la libertad. Ya, pues eso nos determinará cuáles serán las consecuencias, de hallarse responsable ya judicialmente”, puntualizó Gonzalez Flechas.

Hasta el momento, Ricardo Roa no se ha pronunciado frente a la medida expresa por la Fiscalía General de la Nación.

CON INFORMACION DE INFOBAE.