Unión por la Patria respaldó a Quintela y denunció una “persecución política” tras la presentación de Stornelli

• Unión por la Patria respaldó públicamente a Ricardo Quintela tras la denuncia penal.
• El bloque calificó la acción judicial como un intento de “disciplinamiento político”.
• Señalaron que la judicialización de opiniones críticas afecta el sistema republicano.
• También denunciaron retención de fondos y paralización de obras en provincias.
• Cuestionaron la concentración de facultades en el Ejecutivo nacional.
• El conflicto profundiza la tensión entre Nación y provincias en un contexto político polarizado.

El bloque de diputados nacionales de Unión por la Patria expresó su respaldo al gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de la denuncia penal impulsada por el fiscal Carlos Stornelli. A través de un comunicado, los legisladores opositores interpretaron la acción judicial como un intento de “disciplinamiento político” dirigido contra mandatarios provinciales que mantienen posturas críticas frente al presidente Javier Milei.

En el texto difundido, el bloque manifestó su “total solidaridad” con el mandatario riojano y sostuvo que en un sistema democrático no puede perseguirse a un dirigente por sus ideas o posicionamientos públicos. Según señalaron, la denuncia no responde a un debate estrictamente jurídico, sino que se inscribe en un escenario de creciente confrontación entre el Gobierno nacional y algunas administraciones provinciales.

Los diputados consideraron que se trata de un nuevo episodio de “persecución política” orientado a dirigentes que cuestionan el rumbo de la gestión nacional. Desde su perspectiva, la judicialización de expresiones críticas constituye un mecanismo de presión incompatible con el sistema republicano. En esa línea, advirtieron que la utilización de herramientas penales para dirimir diferencias políticas erosiona el federalismo y tensiona el vínculo entre Nación y provincias.

El comunicado también desliza cuestionamientos hacia determinados sectores del Poder Judicial, cuya actuación —según plantean— ha sido señalada en otras oportunidades por su cercanía con intereses políticos circunstanciales. Sin mencionar detalles específicos de la causa, el bloque opositor remarcó que el trasfondo del conflicto excede lo procesal y se vincula con la puja por el poder territorial y la distribución de recursos.

En paralelo, los legisladores ampliaron sus críticas hacia el Ejecutivo nacional por lo que calificaron como un “avasallamiento” de competencias provinciales. Entre los puntos señalados figuran la retención o supresión de fondos que, sostienen, corresponden por ley a las provincias, así como la paralización de obras públicas en distintos distritos del país. Según la bancada, estas medidas configuran una estrategia de presión financiera sobre gobernadores que no acompañan sin reservas las decisiones del poder central.

Asimismo, cuestionaron la utilización de decretos y la concentración de facultades extraordinarias como mecanismos que —a su entender— reducen el margen de intervención del Congreso y debilitan el esquema federal. En ese marco, consideraron contradictorio que se aluda a eventuales rupturas institucionales por declaraciones periodísticas mientras se adoptan decisiones unilaterales con fuerte impacto en las provincias.

Para los diputados de Unión por la Patria, el trasfondo del conflicto radica en la disputa por el equilibrio de poderes. Sostienen que cuando un gobierno intenta silenciar voces críticas mediante denuncias penales o condicionamientos económicos, se resiente la calidad democrática. En el texto difundido subrayan que la diversidad de opiniones y el debate abierto son pilares esenciales del sistema institucional argentino.

El respaldo a Quintela se inscribe en un clima político de alta tensión entre el oficialismo y sectores de la oposición. La relación entre la Casa Rosada y algunos gobernadores atraviesa un período de fricciones, marcado por discusiones presupuestarias y diferencias en torno al alcance de las reformas impulsadas por el Ejecutivo.

Mientras la causa judicial avanza en los tribunales, el pronunciamiento del bloque opositor agrega un nuevo capítulo a la controversia. La disputa excede el plano jurídico y se proyecta sobre el debate más amplio acerca del federalismo, la autonomía provincial y los límites de la confrontación política en la Argentina actual.