Manual de instrucciones para una ex presidenta

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

Hay algo profundamente argentino en pretender que un juicio de alto voltaje político funcione como si fuera el trámite para renovar el DNI. No porque esté mal —de hecho, es exactamente lo que corresponde— sino porque el contraste entre la realidad y el procedimiento genera una escena que roza el surrealismo.

La primera audiencia presencial de un proceso judicial que lleva años acumulando expectativas arrancó, como manda el reglamento, con el clásico interrogatorio de identificación. Ese momento en el que la Justicia, con una vocación igualitaria digna de un manual suizo, decide que todos somos exactamente lo mismo frente al formulario. No importa si sos un desconocido absoluto o una figura que ocupó la cima del poder durante años: el Código Procesal Penal de la Nación tiene preguntas para todos, y las hace sin discriminar.

Nombre, domicilio, datos filiatorios, antecedentes. Todo en orden, todo previsto. Todo perfectamente legal.

El problema —si es que hay uno— aparece cuando ese protocolo, diseñado para garantizar derechos y evitar nulidades, se encuentra con una biografía que ya es de dominio público. Y entonces ocurre lo inevitable: lo que en cualquier otro contexto sería una formalidad invisible, acá se convierte en un momento cargado de ironía.

Porque la ley no distingue entre notoriedad y anonimato. Y está bien que no lo haga. De hecho, ahí radica uno de los pilares del sistema: la igualdad ante la ley no es un eslogan simpático, es una obligación operativa. El juez no puede suponer, no puede dar nada por sabido, no puede omitir preguntas porque “ya se conocen”. Tiene que preguntar. Siempre.

Y así aparece la escena.

Una figura política de altísimo perfil, con décadas de exposición, responde preguntas que podrían figurar en cualquier acta de cualquier juzgado del país. No porque alguien quiera incomodarla, sino porque el procedimiento lo exige. Porque si no se hace, después vienen los planteos, las nulidades, las discusiones técnicas que pueden hacer tambalear todo el proceso.

En ese sentido, la situación es casi pedagógica. Es la demostración en vivo de cómo funciona el sistema cuando decide tomarse en serio a sí mismo. No hay atajos, no hay excepciones, no hay “bueno, esto lo salteamos porque ya lo sabemos todos”. No. Se hace. Se pregunta. Se deja asentado.

El Código, en este punto, es implacable. Y también, involuntariamente, un poco cómico.

Porque claro, en el medio de esa rigurosidad aparece la dimensión humana. La incomodidad lógica de quien siente que le están preguntando lo obvio. La respuesta con un dejo de ironía. El gesto que dice más que las palabras. Todo eso forma parte de la escena, aunque no esté escrito en ningún artículo.

Y ahí es donde el acto procesal, tan cuidadosamente diseñado para ser neutro, se carga de significado político y simbólico.

No porque el procedimiento cambie, sino porque el contexto lo transforma.

La persona que responde no es una más. Y eso, aunque jurídicamente no debería importar, narrativamente lo cambia todo. Porque cada respuesta tiene un doble registro: el formal, que queda asentado en el expediente, y el implícito, que alimenta la interpretación pública.

Cuando se pregunta por el domicilio, no es solo un dato. Es también una referencia a una situación judicial previa. Cuando se indaga sobre antecedentes, no es solo una formalidad: es la puerta a una discusión más amplia sobre condenas, procesos y legitimidad.

Y sin embargo, el juez no puede salirse del libreto. No puede editorializar, no puede adaptar el cuestionario al nivel de fama del interrogado. Tiene que seguir. Pregunta tras pregunta. Como si nada.

Esa es, en el fondo, la esencia del acto procesal: un mecanismo que busca eliminar la arbitrariedad a costa, a veces, de generar escenas que parecen desconectadas de la realidad.

Pero ojo: esa aparente desconexión es, en realidad, una garantía. Porque si el sistema empezara a hacer excepciones en función de quién tiene enfrente, el problema sería mucho más grave que una pregunta incómoda.

Lo interesante es cómo esa lógica estricta convive con la reacción de los protagonistas. Porque nadie llega a una audiencia de este tipo en estado puro de neutralidad. Hay historia, hay tensiones acumuladas, hay posiciones tomadas.

Y entonces, lo que debería ser un simple trámite inicial se convierte en un intercambio cargado de subtexto.

El magistrado cumple con su obligación. La imputada responde, pero también marca su posición. Hay ironía, hay fastidio, hay una especie de pulseada silenciosa sobre el sentido de lo que está ocurriendo.

Todo dentro de los márgenes legales. Todo perfectamente válido.

Después vendrán las declaraciones de fondo, las acusaciones, las defensas, las críticas al sistema, los cuestionamientos políticos. Todo eso forma parte del núcleo duro del juicio.

Pero el arranque ya dejó su marca.

Porque en un país donde la política y la justicia conviven en una tensión permanente, incluso el momento más técnico puede adquirir una dimensión inesperada. Basta con que el procedimiento se aplique con rigor para que la realidad haga el resto.

Y así, lo que debería ser apenas un requisito formal termina funcionando como una especie de espejo. Un reflejo de cómo operan las instituciones cuando deciden no improvisar, aunque eso implique atravesar momentos incómodos o, por qué no, ligeramente absurdos.

Al final, la escena no habla tanto de una persona en particular, sino del sistema en su conjunto. De su necesidad de cumplir con la ley incluso cuando la ley parece no dialogar del todo bien con la espectacularidad del caso.

Y tal vez ahí esté la clave.

No en la pregunta, ni en la respuesta, sino en la decisión de hacer lo que corresponde, aunque no siempre suene natural.