Pettovello redefine la política social con el cierre de planes y un giro hacia la capacitación

• El Gobierno avanza en el cierre del programa Volver al Trabajo como parte de un rediseño social
• La nueva política prioriza capacitación laboral, infancia y reducción de intermediación
• Solo una minoría de beneficiarios se inscribió en el sistema de formación propuesto
• Se implementará un esquema de vouchers para orientar la capacitación según demanda laboral
• Se crean centros territoriales con asistencia integral y participación público-privada
• El desafío será sostener la transición sin agravar la situación de los sectores vulnerables

El Ministerio de Capital Humano avanza en una transformación estructural del esquema de asistencia social que marca un quiebre con el modelo aplicado en las últimas décadas. La decisión de cerrar el programa “Volver al Trabajo”, heredero directo del “Potenciar Trabajo”, constituye el punto más visible de un rediseño que busca modificar no solo la asignación de recursos, sino también la lógica de intervención estatal en los sectores vulnerables.

La medida impacta sobre un universo cercano a los 900 mil beneficiarios que percibían una prestación mensual de $78.000. Ese esquema, que durante años funcionó como una herramienta central de contención, será reemplazado por un sistema que combina capacitación laboral mediante vouchers, mayor focalización en la infancia y el fortalecimiento de dispositivos educativos y sociales en territorios vulnerables.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello sostienen que el cambio responde a una evaluación crítica del funcionamiento del sistema anterior. En esa lectura, los programas masivos de transferencia directa presentaban dificultades de control, escasa trazabilidad y una fuerte dependencia de estructuras intermedias para su implementación. La nueva orientación apunta a reducir ese margen de intermediación y a dirigir los recursos hacia segmentos considerados prioritarios.

Uno de los datos que consolidó la decisión oficial fue el bajo nivel de adhesión al esquema de capacitación propuesto como alternativa. De la totalidad de beneficiarios, poco más de 138 mil se inscribieron para acceder a cursos de formación. En el Gobierno interpretan esta cifra como un indicador de las limitaciones del modelo previo y como un punto de partida para reconfigurar la política social sobre nuevas bases.

El sistema de vouchers será uno de los pilares de esta etapa. A través de este mecanismo, los beneficiarios podrán elegir instancias de capacitación en instituciones avaladas por el Estado, con una oferta que buscará alinearse con las demandas del mercado laboral. La intención es invertir la lógica tradicional y diseñar trayectos formativos en función de las necesidades productivas de cada región.

En paralelo, se impulsa la creación de centros de formación y acompañamiento familiar que funcionarán como nodos territoriales de la nueva política social. Estos espacios integrarán capacitación técnica, asistencia alimentaria, contención social y actividades educativas, con participación tanto del sector público como del privado. El modelo ya comenzó a implementarse en la Ciudad de Buenos Aires y se proyecta su expansión a otras provincias.

El rediseño también incorpora un componente vinculado a la prevención de consumos problemáticos, una problemática que el Gobierno busca abordar de manera integral dentro de la política social. La iniciativa contempla programas de contención, campañas de prevención y articulación con organizaciones especializadas, en un intento por intervenir en uno de los factores que dificultan la inserción laboral.

Sin embargo, el eje central de la estrategia oficial está puesto en la infancia. Con el argumento de que una proporción significativa de la pobreza afecta a niños y adolescentes, el Ministerio decidió priorizar programas que impacten directamente en ese segmento. En ese marco, se destacan incrementos en prestaciones como la Asignación Universal por Hijo y el refuerzo de políticas alimentarias.

A esto se suma un proyecto de expansión de la jornada escolar en miles de establecimientos considerados vulnerables, con el objetivo de mejorar los niveles de aprendizaje y ofrecer mayor contención. La iniciativa prevé la extensión horaria, el refuerzo pedagógico y la provisión de alimentos, en un esquema que se implementará de manera gradual según las capacidades de cada institución.

El cierre del programa “Volver al Trabajo” también tiene implicancias presupuestarias. Los recursos liberados permitirán financiar parte de las nuevas políticas, en un contexto donde el Gobierno busca combinar ajuste del gasto con una reasignación más focalizada. La estrategia contempla una implementación progresiva, con pruebas piloto y ajustes antes de una eventual expansión a escala nacional.

En paralelo, la transición no está exenta de tensiones. Las protestas sociales registradas en distintos puntos del país reflejan la resistencia de sectores que cuestionan el impacto de los cambios y advierten sobre una posible caída en los ingresos de los beneficiarios. Desde el oficialismo, en cambio, interpretan estas reacciones como parte de una disputa más amplia por el control de los recursos y la pérdida de influencia de estructuras intermedias.

El nuevo esquema plantea, en definitiva, un cambio de paradigma en la política social argentina. El desafío será demostrar que la combinación de capacitación, focalización y asistencia logra traducirse en mejoras concretas en términos de empleo y reducción de la pobreza, en un contexto económico que continúa siendo exigente.