Elevan a juicio a presuntos testaferros de Kueider y avanza la investigación por lavado de activos

• La Justicia elevó a juicio a presuntos testaferros del ex senador Edgardo Kueider
• El ex legislador no será juzgado en esta etapa por su situación procesal en Paraguay
• Se investigan maniobras de lavado de activos mediante empresas y operaciones simuladas
• El contador José Noguera fue señalado como pieza clave en la estructura investigada
• Varias personas físicas y jurídicas enfrentan cargos por su presunta participación
• La causa podría anticipar el escenario judicial que enfrentará Kueider en el futuro

La causa judicial que investiga el presunto entramado de corrupción vinculado al ex senador entrerriano Edgardo Kueider ingresó en una nueva etapa con la elevación parcial a juicio de varios de sus supuestos colaboradores. La decisión, adoptada por la jueza Sandra Arroyo Salgado, pone en el centro de la escena a un grupo de empresarios, profesionales y sociedades comerciales acusados de haber participado en maniobras destinadas a ocultar el origen ilícito de bienes y fondos.

En esta instancia, Kueider no formará parte del proceso. El ex legislador y su pareja, Iara Guinsel, quedaron momentáneamente al margen por razones procesales y materiales, en un contexto marcado por su situación judicial en Paraguay, donde permanecen bajo arresto domiciliario a la espera de un juicio por tentativa de contrabando. Sin embargo, el avance de la causa en Argentina deja delineado un escenario que podría anticipar el rumbo de su situación penal.

Los principales imputados que enfrentarán el juicio son Daniel González, conocido como “Gonzalito” o “Pajarito”, y su primo Javier Rubel, señalados como socios y presuntos testaferros del ex senador. Ambos integraban la firma Betail SA, considerada por la fiscalía y el juzgado como una estructura utilizada para encubrir el crecimiento patrimonial de Kueider mediante operaciones financieras simuladas.

Según la investigación, las maniobras incluyeron la adquisición de departamentos en un edificio de alta gama en Paraná, la simulación de préstamos entre particulares y con entidades financieras, así como la confección de balances falsos. También se detectaron operaciones vinculadas a la compra de vehículos, uno de los cuales habría sido utilizado por Kueider al momento de su detención en la frontera.

La acusación contra González y Rubel contempla el delito de lavado de activos agravado, con el argumento de que las maniobras se habrían realizado de manera sistemática y en el marco de una organización. A esto se suma la imputación por uso de documentos falsos, mientras que en el caso de Rubel se agrega la presunta falsificación de balances contables.

Otro de los ejes de la causa apunta al rol del contador José Carlos Noguera, cuyo estudio fue señalado como el núcleo operativo de las maniobras. De acuerdo con la resolución judicial, en ese ámbito se habrían diseñado y ejecutado las estrategias destinadas a dar apariencia legal a operaciones irregulares. Noguera enfrentará cargos por lavado de activos agravado, uso de documentación falsa y adulteración de registros contables.

La investigación también alcanzó a su entorno cercano. Su esposa, Gabriela Patricia Saint Pierre, y una empleada del estudio, Débora Ferreyra, fueron imputadas por su presunta participación en la operatoria. En paralelo, la abogada Adriana Crucitta, vinculada a González, también deberá responder ante la Justicia por su presunta intervención en las maniobras.

El expediente incluye además a varias personas jurídicas que habrían funcionado como engranajes del esquema. Empresas como Lectus SA, Felsir Biotecnología SRL y otras firmas aparecen señaladas por haber canalizado fondos utilizados para sostener gastos vinculados a bienes atribuidos al ex senador.

En cuanto a Kueider, su ausencia en esta etapa responde tanto a su situación judicial en el exterior como a un conflicto de competencia entre tribunales argentinos que aún no ha sido resuelto. La definición de qué juzgado deberá investigar su caso quedó en manos de la Corte Suprema, tras un dictamen pendiente de la Procuración General.

Pese a ello, la resolución judicial remarca la gravedad institucional de los hechos investigados, al tratarse de presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas a un ex funcionario de alto rango. En esa línea, el fiscal de la causa sostuvo que los fondos bajo análisis podrían estar relacionados con el pago de sobornos por parte de una empresa de seguridad privada interesada en obtener contratos en el ámbito estatal.

Los investigadores también destacaron la existencia de elementos que vincularían temporalmente estas operaciones con registros audiovisuales en los que se observa al ex senador manipulando dinero en efectivo, considerados como indicios relevantes en la reconstrucción del circuito financiero.

El avance hacia el juicio de los presuntos testaferros marca un paso clave en la causa y podría sentar las bases para futuras definiciones sobre la responsabilidad penal del ex legislador, en un expediente que combina complejidad técnica con fuerte impacto político e institucional.