Sin acuerdos no hay transformación

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política suele enamorarse de las estadísticas. Cuenta leyes, sesiones, votos afirmativos y derrotas opositoras como si esa contabilidad alcanzara para describir un proceso de transformación. Sin embargo, la historia enseña otra cosa: un gobierno no cambia un país por la cantidad de normas que consigue aprobar, sino por la profundidad de los cambios que esas normas logran consolidar y por la capacidad política para sostenerlas en el tiempo.

Javier Milei llegó al poder prometiendo una revolución institucional. No habló de simples modificaciones administrativas ni de ajustes circunstanciales. Prometió reconstruir las bases del Estado argentino, desmontar estructuras que, a su juicio, habían convertido al país en una economía atrapada por el corporativismo, el déficit permanente y una burocracia incapaz de generar desarrollo. Aquella promesa implicaba una velocidad inédita y una agenda de reformas de enorme ambición.

Es cierto que la realidad obligó a recalcular expectativas. Los paquetes legislativos anunciados quedaron muy lejos de materializarse en la magnitud imaginada durante los primeros meses de gestión. Pero también sería un error analizar únicamente aquello que no ocurrió e ignorar lo que sí sucedió. El oficialismo, pese a contar con una representación parlamentaria minoritaria, consiguió avanzar sobre temas que durante décadas parecían políticamente intocables.

La reforma laboral constituye, probablemente, el ejemplo más representativo de esa nueva etapa. No porque haya resuelto todos los problemas del mercado de trabajo argentino, algo que nadie podría sostener seriamente, sino porque alteró principios que durante años fueron considerados inmodificables. La prioridad otorgada a los convenios por empresa, la flexibilización de diversos mecanismos de contratación, los cambios en materia indemnizatoria y las nuevas reglas para determinados conflictos laborales expresan una concepción completamente distinta de la relación entre el Estado, el empleador y el trabajador.

Detrás de esa legislación existe una definición política mucho más profunda que una simple reforma técnica. El Gobierno decidió disputar el poder histórico de las organizaciones sindicales y cuestionar un modelo construido hace más de siete décadas. Esa batalla recién comienza y seguramente encontrará resistencia judicial, gremial y política. Pero nadie puede negar que el Ejecutivo logró instalar un debate que durante mucho tiempo permaneció vedado.

Algo similar ocurre con otras iniciativas impulsadas durante el primer semestre. La modificación del régimen penal juvenil, la revisión de aspectos centrales de la Ley de Glaciares, la política orientada a incentivar la exteriorización de capitales y la continuidad de un proceso de normalización institucional mediante la cobertura de centenares de vacantes judiciales responden a una lógica común: reducir restricciones que el oficialismo considera incompatibles con un modelo económico basado en la inversión privada y la disciplina fiscal.

Naturalmente, cada una de esas reformas despierta adhesiones y cuestionamientos. Resulta legítimo discutir sus alcances, sus consecuencias o incluso su oportunidad política. Lo que parece mucho más difícil de cuestionar es que existe una dirección definida. Después de muchos años en los cuales el Congreso aparecía dominado por iniciativas aisladas, el oficialismo consiguió imprimir una secuencia de proyectos vinculados entre sí por una misma concepción ideológica.

Sin embargo, allí comienza el verdadero desafío.

Gobernar no consiste únicamente en aprobar leyes. Gobernar implica construir mayorías estables para sostenerlas. Y en ese terreno empiezan a aparecer las primeras señales de desgaste.

Durante los últimos meses el Gobierno dio muestras de una paradoja llamativa. Mientras exhibía una capacidad considerable para obtener victorias legislativas, también acumulaba conflictos innecesarios con quienes hacían posibles esas victorias. Gobernadores, bloques dialoguistas e incluso dirigentes cercanos comenzaron a transmitir un mensaje cada vez menos disimulado: el problema ya no reside exclusivamente en las diferencias políticas, sino en la forma de administrar esas diferencias.

La política tiene reglas que ningún discurso antisistema logra eliminar. Los acuerdos requieren confianza. La confianza exige previsibilidad. Y la previsibilidad desaparece cuando los interlocutores sienten que son convocados únicamente para votar y no para participar en la construcción de las decisiones.

Ese deterioro explica por qué proyectos considerados prioritarios empezaron a demorarse más de lo previsto. La eliminación de las PASO, la reforma política, las modificaciones vinculadas con la propiedad privada y otros cambios de fuerte impacto institucional todavía no consiguen reunir consensos suficientes. No necesariamente porque sus contenidos resulten inviables, sino porque las relaciones políticas que deberían sostenerlos muestran signos de fatiga.

Existe además otro factor que comienza a jugar en contra del oficialismo: el tiempo.

Durante el primer año de mandato suele existir una ventana de oportunidad para impulsar reformas profundas. Los costos políticos todavía son absorbidos por la legitimidad electoral y buena parte de la oposición atraviesa procesos internos de reorganización. Pero esa etapa no dura para siempre.

A medida que se aproxima un nuevo calendario electoral, cada gobernador empieza a pensar en su provincia antes que en la estrategia nacional. Cada legislador calcula el impacto político de su voto. Cada aliado aumenta el precio de su acompañamiento. La lógica de las campañas reemplaza lentamente a la lógica de las reformas.

Por eso el segundo semestre será mucho más complejo que el primero.

El Gobierno pretende avanzar con modificaciones de enorme sensibilidad institucional. La eventual eliminación de las elecciones primarias, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central para impedir el financiamiento monetario del Tesoro y la incorporación de mecanismos que limiten constitucionalmente el gasto público representan cambios estructurales que trascienden una gestión presidencial.

Si prosperan, redefinirán buena parte del funcionamiento del Estado argentino durante las próximas décadas. Si fracasan, el oficialismo enfrentará la dificultad de explicar por qué la segunda etapa de su programa perdió el impulso que caracterizó a los primeros meses.

La administración Milei todavía conserva un activo político considerable: la percepción de que existe un rumbo económico definido. Pero esa fortaleza puede erosionarse si la gestión comienza a transmitir improvisación en la construcción parlamentaria o exceso de confianza frente a una realidad política mucho más compleja de lo que suponía el discurso libertario.

Las reformas profundas requieren convicción, pero también paciencia. Necesitan liderazgo, aunque igualmente demandan capacidad de negociación. Ningún presidente transforma un país únicamente desde los atriles. Tarde o temprano debe hacerlo también desde las mesas donde se construyen los acuerdos.

El oficialismo ganó varias batallas importantes durante el primer semestre de este año. Sería injusto negarlo. Pero ahora ingresa en una etapa diferente, donde ya no alcanzará con sorprender a la política tradicional ni con exhibir una sucesión de victorias parlamentarias. El desafío será mucho mayor: convertir esas leyes en cambios duraderos y demostrar que la arquitectura institucional que prometió construir puede sostenerse sobre consensos sólidos y no solamente sobre mayorías circunstanciales.

Porque, al final de cuentas, las reformas verdaderamente trascendentes no son las que se aprueban con una votación ajustada. Son las que sobreviven cuando cambian los gobiernos.