El poder también se administra desde los organigramas

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política suele ofrecer espectáculos ruidosos que monopolizan la atención pública. Un discurso encendido, una sesión parlamentaria cargada de tensión o una confrontación entre dirigentes ocupan los titulares durante horas. Sin embargo, las decisiones que verdaderamente modifican el equilibrio del poder suelen avanzar en silencio, escondidas detrás de un decreto, de un cambio administrativo o de una aparente reorganización burocrática. Allí, lejos de las cámaras, se libra una batalla mucho más trascendente que la retórica cotidiana.

Eso parece estar ocurriendo dentro del gobierno de Javier Milei. Mientras el Presidente continúa concentrado en sostener el rumbo económico y en defender los indicadores que considera la principal fortaleza de su gestión, otra dinámica avanza paralelamente: la consolidación de un nuevo mapa interno donde el control de los organismos estratégicos comienza a redefinirse bajo criterios eminentemente políticos.

No se trata simplemente de mover dependencias de un ministerio a otro. Tampoco de una modificación administrativa destinada únicamente a reducir estructuras. En la política argentina, los organigramas nunca son neutros. Cada caja que cambia de lugar representa información, influencia, presupuesto, capacidad de decisión y, sobre todo, construcción de poder.

Por eso resulta difícil analizar la reciente reorganización sin observar el contexto en el que ocurre. Los cambios llegan cuando la administración libertaria atraviesa una etapa distinta a la de sus primeros meses. La urgencia inicial de estabilizar la economía empieza a convivir con otra necesidad igual de importante: ordenar la conducción política del Gobierno y definir quiénes administran los resortes más sensibles del Estado.

Las áreas que pasan a depender directamente de la Jefatura de Gabinete no son organismos cualquiera. Telecomunicaciones, acceso a la información pública, conectividad nacional, infraestructura satelital y logística postal constituyen piezas fundamentales para el funcionamiento cotidiano del Estado moderno. Son organismos que manejan información, regulan mercados, administran redes críticas y participan, incluso, de procesos institucionales tan delicados como la organización electoral.

Precisamente por eso el movimiento excede cualquier explicación técnica.

Cuando un gobierno decide concentrar esas herramientas bajo una misma conducción está enviando un mensaje interno mucho más importante que el administrativo. El mensaje consiste en señalar dónde se deposita la confianza política y quiénes serán los responsables de administrar áreas consideradas estratégicas para la etapa que viene.

En ese escenario aparece nuevamente un fenómeno que viene caracterizando a la administración libertaria desde su nacimiento: la creciente gravitación de Karina Milei.

Su influencia ya no necesita demostraciones públicas. Se expresa en los nombramientos, en la definición de candidaturas, en la organización partidaria y, ahora, también en la arquitectura administrativa del Estado. Quienes responden a su conducción acumulan responsabilidades mientras otros sectores observan cómo disminuye su margen de influencia sin necesidad de que se produzcan desplazamientos traumáticos.

Esa constituye quizás la principal característica de esta nueva etapa. Ya no hacen falta enfrentamientos abiertos para modificar la correlación de fuerzas. Alcanzan pequeños movimientos, cambios de dependencia y nuevas líneas jerárquicas para alterar profundamente el funcionamiento interno del Gobierno.

El sector identificado con Santiago Caputo conserva espacios importantes, pero ya no exhibe el mismo predominio que caracterizó buena parte del primer tramo de la gestión. La continuidad de varios funcionarios evita hablar de una derrota política, aunque la reducción de competencias muestra que la distribución del poder dejó de ser la misma.

En política, conservar el despacho no siempre significa conservar el poder.

Existe otra cuestión que merece atención. Entre los organismos reubicados aparece precisamente la agencia encargada de garantizar el acceso a la información pública. No se trata de una dependencia menor. Es la institución responsable de velar por la transparencia estatal, proteger datos personales y resolver conflictos entre el derecho ciudadano a conocer los actos de gobierno y las reservas que el propio Estado considera necesarias.

La independencia institucional de ese organismo siempre fue objeto de debate. Ahora volverá a ser observada con especial atención porque cualquier modificación en su ubicación política inevitablemente despierta interrogantes sobre el equilibrio entre control administrativo y autonomía funcional.

Algo similar ocurre con el ENACOM. Regular telecomunicaciones, administrar el espectro radioeléctrico, otorgar licencias y supervisar un sector cada vez más concentrado supone intervenir sobre una actividad con enorme impacto económico, tecnológico y político. En tiempos donde la comunicación constituye uno de los principales instrumentos de poder, pocas áreas resultan tan sensibles.

Por otra parte, el traslado de Arsat y del Correo Argentino tampoco puede analizarse aisladamente.

La empresa satelital enfrenta investigaciones judiciales derivadas de gestiones anteriores y, simultáneamente, continúa siendo un activo estratégico para la infraestructura tecnológica nacional. El Correo, mientras tanto, atraviesa un proceso de ajuste y permanece dentro del horizonte privatizador del Gobierno, aunque conserva una función institucional decisiva durante los procesos electorales.

Todo esto ocurre mientras la Casa Rosada intenta transmitir una imagen de cohesión política. La reorganización busca precisamente ese objetivo: ordenar sin exhibir rupturas, redistribuir funciones sin multiplicar conflictos y fortalecer una conducción centralizada evitando que las diferencias internas se transformen en una crisis pública.

La experiencia argentina demuestra, sin embargo, que las internas rara vez desaparecen. Generalmente mutan.

Los liderazgos fuertes suelen convivir con distintas corrientes de influencia que compiten silenciosamente por espacios de decisión. Mientras la economía ofrece resultados favorables, esas tensiones permanecen contenidas. Cuando aparecen dificultades, en cambio, las disputas internas suelen salir a la superficie con una velocidad sorprendente.

Por ahora, el Gobierno parece haber encontrado una fórmula intermedia. Reordena el poder sin alterar demasiado los nombres propios. Modifica responsabilidades antes que personas. Cambia el tablero sin retirar todas las piezas.

Pero los decretos también tienen memoria política.

Con el paso del tiempo será posible evaluar si esta concentración de organismos estratégicos fortaleció la capacidad de gestión o si terminó profundizando una lógica donde cada decisión administrativa responde menos a criterios técnicos que a la permanente disputa por el control del poder.

Porque, al final, la verdadera política casi nunca se escribe únicamente en los discursos. Se escribe, muchas veces, en esos decretos que parecen hablar de estructuras administrativas cuando, en realidad, describen con precisión quién manda, quién pierde influencia y quién comienza a construir el próximo centro de gravedad dentro del Gobierno.