El Gobierno avanza con la concesión de los trenes de carga y crece la preocupación en Santa Fe

El Gobierno nacional dio un nuevo paso en su política de privatizaciones al avanzar con el proceso para concesionar durante 50 años tres de las principales líneas ferroviarias de cargas del país: Belgrano, San Martín y Urquiza.

La medida quedó formalizada a través de la Resolución 1350/2026, publicada el 20 de agosto en el Boletín Oficial, mediante la cual se convocó a una licitación pública nacional e internacional para definir a los futuros operadores del sistema.

La red involucrada alcanza unos 7.594 kilómetros y atraviesa 16 provincias, entre ellas Santa Fe. Además, conecta importantes regiones productivas con terminales portuarias y con países limítrofes como Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay.

El proceso representa uno de los movimientos más relevantes dentro del programa de privatizaciones impulsado por la administración de Javier Milei y vuelve a colocar al sistema ferroviario de cargas en el centro de la discusión sobre el futuro de la infraestructura y la logística argentina.

Dudas en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, el anuncio generó una mirada de cautela entre sectores vinculados con la actividad ferroviaria.

Gustavo Flores, referente de Santa Fe en Tren, manifestó sus reparos frente al nuevo esquema y puso el foco en los antecedentes de las concesiones ferroviarias implementadas durante la década de 1990.

Desde la organización sostienen que la experiencia de aquella etapa dejó resultados negativos y plantean interrogantes sobre las consecuencias que podría tener una nueva privatización de la red.

El debate adquiere especial importancia para Santa Fe debido al peso que tiene la provincia dentro del entramado productivo y exportador nacional. Una red ferroviaria eficiente puede reducir costos logísticos, facilitar el traslado de granos y otras mercancías y mejorar la conexión entre las zonas productivas y los puertos.

Una concesión por cinco décadas

El nuevo proceso contempla concesiones de larga duración, con contratos previstos por medio siglo. La extensión del período abre una discusión sobre las inversiones que deberán realizar los futuros operadores y las condiciones que tendrá el Estado para controlar el funcionamiento de las líneas.

La definición de los concesionarios será seguida de cerca por las provincias atravesadas por las vías, especialmente aquellas que dependen del transporte ferroviario para movilizar grandes volúmenes de producción.

En Santa Fe, la principal preocupación pasa por determinar si el nuevo modelo permitirá recuperar y ampliar la infraestructura ferroviaria o si podría repetirse una experiencia considerada negativa por sectores que defienden la participación estatal en el sistema.

Con la licitación ya formalizada, comienza ahora una etapa clave: la presentación y evaluación de las propuestas y la definición de quiénes estarán a cargo de administrar durante los próximos 50 años una red estratégica para la economía argentina.