El Súper RIGI enfrenta un nuevo obstáculo en el Senado por el reclamo de audiencias públicas

• La oposición pidió formalmente convocar audiencias públicas antes de dictaminar sobre el Súper RIGI.
• Los senadores fundamentaron su reclamo en las obligaciones de participación ciudadana previstas por el Acuerdo de Escazú.
• El proyecto ya tiene media sanción de Diputados y ahora enfrenta el debate en la Cámara alta.
• Los principales cuestionamientos están vinculados con el impacto sobre recursos naturales, territorios y comunidades.
• La oposición también cuestionó las cláusulas de estabilidad jurídica y los mecanismos de arbitraje internacional.
• El oficialismo deberá negociar el procedimiento parlamentario mientras busca avanzar con un régimen considerado estratégico para atraer grandes inversiones.

El tratamiento del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones en Nuevas Industrias, conocido como Súper RIGI, sumó un nuevo capítulo de tensión política en el Senado. Un grupo de legisladores de la oposición presentó un pedido formal para que se convoque a audiencias públicas antes de que las comisiones avancen con el dictamen del proyecto, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

La solicitud fue dirigida al presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, Agustín Monteverde, y lleva las firmas de Juliana di Tullio, Eduardo “Wado” de Pedro, María Teresa González, Mariano Recalde y Fernando Salino. Los senadores sostienen que, por las características de la iniciativa, el Congreso debería habilitar una instancia de participación ciudadana antes de definir su posición sobre el texto.

El planteo opositor se apoya en las disposiciones del Acuerdo de Escazú, incorporado al ordenamiento argentino mediante la Ley 27.566. Los legisladores consideran que el régimen puede alcanzar proyectos con consecuencias relevantes sobre el ambiente, los territorios, los recursos naturales y distintas comunidades, por lo que entienden que corresponde garantizar mecanismos de información y participación.

El reclamo aparece mientras el oficialismo busca avanzar con una iniciativa considerada estratégica para su programa económico. El proyecto obtuvo la aprobación de la Cámara Baja el 24 de junio y ahora debe atravesar el proceso legislativo en el Senado, donde la construcción de acuerdos será determinante para definir sus próximos pasos.

Según los senadores que impulsaron el pedido, el alcance potencial del Súper RIGI justifica una discusión más amplia que la desarrollada exclusivamente dentro de las comisiones parlamentarias. En particular, solicitaron la participación de autoridades ambientales, especialistas, universidades, organizaciones vinculadas con la protección ambiental, representantes de las provincias y comunidades que pudieran verse afectadas por los emprendimientos incluidos en el régimen.

Uno de los principales puntos de preocupación está relacionado con los recursos naturales. La oposición considera necesario conocer con mayor precisión cuáles podrían ser los efectos territoriales y ambientales de las inversiones alcanzadas por el régimen, así como los mecanismos previstos para fiscalizar las actividades y reparar eventuales daños.

El debate también alcanza las garantías jurídicas que el proyecto contempla para los inversores. Los senadores cuestionaron especialmente las disposiciones vinculadas con la estabilidad jurídica y los mecanismos de resolución de controversias mediante arbitrajes internacionales.

Desde la oposición sostienen que la protección otorgada a las inversiones no debería analizarse de manera aislada respecto de las obligaciones ambientales. En ese sentido, plantearon que las garantías destinadas a brindar previsibilidad a las empresas deben coexistir con mecanismos que permitan preservar los recursos naturales y proteger los intereses de las comunidades.

De Pedro profundizó públicamente el cuestionamiento y puso el foco en el horizonte temporal de la iniciativa. El senador sostuvo que las decisiones que se adopten podrían tener consecuencias durante varias décadas y afectar el modo en que se utilizan recursos estratégicos.

Entre los aspectos mencionados ubicó el acceso y explotación del agua, la energía, los recursos naturales y la infraestructura considerada estratégica para el desarrollo del país. Desde esa perspectiva, consideró que la magnitud de los posibles efectos exige una instancia previa de participación ciudadana.

El pedido de audiencias constituye así una nueva dificultad para el oficialismo en su intento de acelerar el tratamiento parlamentario del régimen. Si bien la oposición todavía debe reunir apoyos suficientes para imponer sus condiciones, el reclamo introduce una discusión adicional sobre el procedimiento legislativo y el alcance de las garantías ambientales.

Para el Gobierno, el Súper RIGI representa una herramienta destinada a atraer proyectos de gran escala y generar condiciones de estabilidad para inversiones de largo plazo. Para sus críticos, en cambio, la iniciativa requiere mayores controles y participación antes de otorgar beneficios y garantías que podrían extenderse durante décadas.

El debate en el Senado quedará, por lo tanto, atravesado por dos cuestiones centrales: la necesidad de brindar previsibilidad a las grandes inversiones y la exigencia de establecer mecanismos de control sobre sus posibles consecuencias ambientales y territoriales. La definición sobre las audiencias será uno de los primeros puntos que deberán resolver las comisiones antes de avanzar hacia el dictamen.