RIGI: el desafío del Gobierno es transformar una lluvia de inversiones en crecimiento para toda la economía

• El RIGI acumula 44 proyectos presentados por casi 199.000 millones de dólares, aunque una parte importante todavía espera aprobación.
• La mayoría de las inversiones aprobadas se concentra en petróleo, gas y minería y está localizada en pocas provincias.
• La ejecución de los proyectos avanza lentamente y en minería los desembolsos efectivos representaban alrededor del 11% de los compromisos hacia abril de 2026.
• Las proyecciones de empleo son elevadas durante la construcción, pero el empleo permanente sería considerablemente menor.
• El principal riesgo es que los nuevos proyectos funcionen como enclaves exportadores con escasa integración con proveedores y trabajadores locales.
• El desafío del Gobierno será convertir el ingreso de capitales y el aumento de las exportaciones en crecimiento sostenido para el conjunto de la economía.

El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se convirtió en una de las principales herramientas del Gobierno para modificar la estructura productiva argentina y atraer capitales hacia sectores considerados estratégicos. Sin embargo, a dos años de su lanzamiento, el desafío ya no pasa solamente por conseguir anuncios de inversión, sino por determinar cuánto de ese dinero llegará efectivamente a la economía real, cuánto empleo generará y qué impacto tendrá sobre las empresas y proveedores nacionales.

Hasta el momento, 44 proyectos solicitaron ingresar al régimen por un monto cercano a los 199.000 millones de dólares. De ese total, 21 iniciativas fueron aprobadas, con inversiones comprometidas por unos 46.700 millones, mientras que otras 23 permanecen en evaluación por alrededor de 152.300 millones. Esto significa que una parte significativa de los fondos anunciados todavía depende de la aprobación oficial y que incluso varios de los proyectos habilitados se encuentran en etapas iniciales.

El RIGI ofrece beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios para inversiones de gran escala. Entre ellos figuran estabilidad tributaria durante 30 años, condiciones favorables en el Impuesto a las Ganancias y disponibilidad progresiva de divisas. A cambio, las compañías deben ejecutar al menos el 40% de la inversión comprometida durante los primeros dos años de adhesión.

La distancia entre los anuncios y la ejecución resulta especialmente visible en la minería. Hacia abril de 2026, los desembolsos efectivos representaban alrededor del 11% de los compromisos asumidos. Entre los emprendimientos más avanzados aparecen el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur y el proyecto de gas natural licuado de Southern Energy en Río Negro, aunque ambos tienen previsto comenzar sus operaciones recién hacia fines de este año.

La distribución geográfica también revela una fuerte concentración. Más del 95% de las inversiones se localiza en Neuquén, San Juan, Río Negro, Catamarca y Salta, mientras que cerca del 97% de los montos aprobados corresponde a petróleo, gas y minería. El perfil del régimen, por lo tanto, apunta principalmente hacia actividades intensivas en capital y recursos naturales.

Ese punto abre uno de los principales interrogantes: la posibilidad de que el crecimiento genere economías de enclave. Grandes proyectos pueden producir importantes cantidades de divisas y aumentar las exportaciones, pero no necesariamente generan un volumen equivalente de empleo, consumo o actividad industrial en las regiones donde se instalan.

Las propias estimaciones sobre empleo muestran esa diferencia. El Gobierno proyecta unos 196.663 puestos directos e indirectos asociados con la construcción y posterior funcionamiento de los proyectos. Sin embargo, se trata de previsiones realizadas por las empresas. Una vez finalizadas las obras, las estimaciones del Observatorio del RIGI ubican el empleo directo permanente en alrededor de 8.200 puestos, debido al elevado nivel de automatización y capital requerido por estas actividades.

El riesgo es que el aumento de las exportaciones conviva con un mercado laboral más débil y con dificultades para que las pequeñas y medianas empresas participen de las nuevas cadenas de valor. Las primeras señales tampoco muestran un derrame automático: durante julio, la actividad de proveedores metalúrgicos vinculados con la minería cayó 6,4% interanual, mientras que los relacionados con petróleo y gas retrocedieron 4,4%.

Estos datos no permiten atribuir esas caídas al RIGI, ya que muchos proyectos todavía no alcanzaron una etapa significativa de ejecución. Pero sí ponen de relieve la necesidad de fortalecer los vínculos entre las grandes inversiones y el entramado productivo nacional.

Otro desafío es el impacto territorial. La concentración de proyectos en zonas alejadas de los grandes centros urbanos puede generar nuevos polos económicos, pero para convertir esos empleos en arraigo permanente serán necesarias viviendas, infraestructura, escuelas, servicios y conectividad.

El Gobierno busca avanzar en mecanismos para aumentar las compras locales y estimular la participación de proveedores argentinos. También se analiza el acceso al financiamiento para empresas que puedan convertirse en proveedoras de los grandes emprendimientos.

En definitiva, el éxito del RIGI no dependerá únicamente del ingreso de capitales ni del volumen de exportaciones que puedan generar Vaca Muerta, el cobre, el litio o el gas. La verdadera prueba será determinar si esos proyectos consiguen multiplicar oportunidades para trabajadores, pymes, proveedores y economías regionales. La diferencia entre una economía que exporta más y una economía que crece de manera amplia estará en la capacidad de transformar las grandes inversiones en un verdadero derrame sobre la actividad nacional.