Morosidad: qué puede hacer el Gobierno y por qué puede convertirse en un problema electoral

Resumen

• La mora de las familias llegó al 12,8% en junio, según el BCRA.
• El problema no amenaza hoy la solvencia del sistema financiero, pero sí puede afectar el consumo y el acceso al crédito.
• El Gobierno tiene margen para impulsar refinanciaciones, consolidación de deudas y nuevos mecanismos de crédito sin recurrir a una condonación general.
• Una crisis de endeudamiento puede convertirse en un problema electoral si las familias sienten que la recuperación económica no llega a sus bolsillos.
• La mejor alternativa no sería salvar indiscriminadamente a los deudores, sino evitar que una deuda refinanciable se convierta en incobrable.
• El desafío es ayudar al que quiere y puede pagar sin premiar al que deliberadamente decide no hacerlo.

La Argentina enfrenta una paradoja que el Gobierno de Javier Milei no debería ignorar: mientras el sistema financiero recupera dinamismo y el crédito vuelve a crecer, también aumenta la cantidad de familias que tienen dificultades para cumplir con sus obligaciones.

Los datos del Banco Central son contundentes. En junio, el índice de morosidad de las financiaciones a las familias se ubicó en 12,8%, mientras que la irregularidad del crédito al sector privado en general fue de 7,6%. En las empresas, en cambio, la mora fue considerablemente menor: 3,5%.

El dato merece una lectura política y económica.

No estamos frente a un sistema financiero al borde del colapso. El propio BCRA señala que las entidades mantienen niveles elevados de previsiones y capital, y que el sistema conserva una cobertura importante frente al riesgo crediticio. En junio, las previsiones cubrían el 86,6% de la cartera irregular.

El problema está en otro lugar: en el bolsillo de las familias.

El verdadero riesgo es que la deuda se vuelva permanente

El crecimiento del crédito es, en principio, una buena noticia. Una economía que vuelve a tener crédito permite comprar una vivienda, cambiar un vehículo, financiar un emprendimiento o atravesar un momento de dificultad sin recurrir exclusivamente al dinero en efectivo.

Pero el crédito tiene una condición indispensable: debe poder pagarse.

Durante 2025 se produjo una fuerte expansión del financiamiento a las familias. A diciembre de ese año, 20,3 millones de personas registraban algún tipo de financiamiento, mientras que el saldo promedio por deudor alcanzaba su máximo desde enero de 2020, según el informe de Inclusión Financiera del BCRA.

El problema aparece cuando ese mayor acceso al crédito se transforma en una acumulación de cuotas, intereses, refinanciaciones y vencimientos que una familia ya no puede afrontar.

Y allí aparece una señal que debería preocupar.

Los proveedores no financieros de crédito —fintech, empresas de crédito y otros actores— mostraban en febrero de 2026 una irregularidad del 26,9%. En préstamos personales, la irregularidad llegaba al 34,1%.

Es decir: hay una parte importante de la sociedad que está utilizando crédito para sostener su consumo y que comienza a encontrar dificultades para devolverlo.

¿Qué puede hacer el Gobierno?

La respuesta más fácil sería anunciar una gran moratoria, condonar deudas o trasladar el problema al Estado.

Sería, probablemente, la respuesta equivocada.

Una medida de ese tipo podría generar un enorme problema de riesgo moral: quien pagó puntualmente podría sentirse castigado frente a quien dejó de hacerlo esperando una futura condonación.

Además, el Estado no debería asumir con recursos públicos las deudas privadas de millones de personas.

Pero eso no significa que el Gobierno deba quedarse mirando.

Hay un punto intermedio mucho más razonable: evitar que el deudor recuperable se transforme en un deudor incobrable.

La primera herramienta debería ser incentivar acuerdos de refinanciación voluntaria entre bancos, tarjetas, fintech y clientes.

Una persona que tiene ingresos, pero quedó atrapada entre varias cuotas, no necesariamente es un moroso estructural. Muchas veces necesita más plazo y una cuota razonable, no que le regalen la deuda.

El Gobierno podría impulsar, junto con el BCRA y las entidades financieras, un esquema que facilite:

• Consolidación de deudas: reunir diferentes obligaciones en un único préstamo.

• Extensión de plazos: reducir el peso mensual de las cuotas.

• Tasas razonables para refinanciaciones: evitar que la deuda refinanciada se convierta en una bola de nieve.

• Períodos de gracia selectivos: para quienes atraviesan situaciones transitorias y demuestren capacidad de recuperación.

• Mejores mecanismos de información crediticia: para que el sistema pueda distinguir entre un deudor ocasional y uno estructural.

• Incentivos para quienes regularicen: mejores condiciones futuras de acceso al crédito para quienes cumplen con los acuerdos.

La clave debería ser una sola: ayudar a pagar, no incentivar a no pagar.

El problema electoral

Y aquí aparece una cuestión que el Gobierno no debería subestimar.

Una economía puede mostrar mejores indicadores macroeconómicos, bajar la inflación, recuperar el crédito y mejorar determinadas variables, pero si una familia siente que llega a fin de mes con varias cuotas atrasadas, la percepción económica puede ser completamente diferente.

El votante no paga sus cuentas con estadísticas.

Las paga con su salario.

Por eso, si la morosidad continúa creciendo, puede aparecer una contradicción política: la macroeconomía mejora, pero una parte de la sociedad siente que su situación financiera personal empeora.

Ese desfasaje puede ser aprovechado electoralmente por la oposición.

El riesgo para el Gobierno no es solamente que aumente la cantidad de morosos. El verdadero riesgo es que esas personas comiencen a asociar su endeudamiento con la situación económica general y concluyan que el modelo económico no les permite salir adelante.

Y ese sentimiento puede ser mucho más importante en una elección que cualquier indicador técnico.

Tampoco sirve negar el problema

El Gobierno tampoco debería cometer el error de interpretar toda la morosidad como una cuestión de irresponsabilidad individual.

Hay que separar situaciones.

No es lo mismo quien dejó de pagar porque decidió no hacerlo que quien tiene trabajo, ingresos y voluntad de pago pero quedó atrapado por varias obligaciones simultáneas.

Tampoco es igual una deuda hipotecaria que una tarjeta de crédito, un préstamo personal o un crédito tomado a través de una fintech.

El propio BCRA muestra que el problema de las familias es significativamente mayor que el de las empresas: 12,8% contra 3,5% en junio.

Por eso, una política inteligente debería ser selectiva y no generalizada.

La mejor solución: refinanciar antes de ejecutar

La alternativa más razonable parece ser construir un mecanismo de regularización voluntaria y segmentado, donde bancos y entidades financieras tengan incentivos para refinanciar deudas antes de que se conviertan en incobrables.

El Estado podría establecer reglas generales y beneficios regulatorios para las entidades que ofrezcan soluciones sostenibles, pero sin hacerse cargo directamente de las deudas.

El objetivo debería ser sencillo:

que una persona que puede pagar una cuota de $200.000 no termine pagando $500.000 porque quedó atrapada en intereses, punitorios y refinanciaciones sucesivas.

Es mucho mejor para todos que esa persona continúe pagando una cuota razonable durante más tiempo.

Gana el deudor, porque evita quedar fuera del sistema financiero.

Gana el banco, porque recupera su dinero.

Gana la economía, porque mantiene consumidores dentro del circuito formal.

Y gana el Gobierno, porque evita que un problema financiero individual termine convirtiéndose en un problema social y electoral.

El crédito debe volver a ser una herramienta, no una trampa

La Argentina necesita recuperar definitivamente el crédito.

Durante años, la inflación y la inestabilidad prácticamente destruyeron el financiamiento de largo plazo. Ahora que el crédito comienza a reaparecer, sería un error permitir que una creciente morosidad termine frenando nuevamente ese proceso.

El BCRA ya mostró que durante 2026 el sistema financiero mantiene niveles importantes de cobertura y solvencia. El desafío, entonces, no parece ser rescatar a los bancos sino evitar que millones de familias queden progresivamente excluidas del sistema financiero.

La solución tampoco puede ser populista.

No se trata de perdonar deudas.

Se trata de generar las condiciones para que quienes tienen voluntad y capacidad de pago puedan ponerse al día.

Porque hay una diferencia enorme entre una moratoria que premia al incumplidor y una política que permite que un deudor vuelva a pagar.

Y para el Gobierno de Milei hay una cuestión adicional: si pretende que el crédito sea uno de los motores de la recuperación económica, primero tendrá que asegurarse de que las familias puedan volver a respirar financieramente.

De lo contrario, el crédito que hoy aparece como una señal de normalización puede transformarse mañana en una fuente de malestar social.

Y en política, especialmente antes de una elección, el malestar acumulado en millones de hogares nunca es un dato menor.