Cómo quedó el Poder Judicial tras el fallo del caso Vialidad y la filtración de los chats

POLÍTICA Por Fabio Ferrer*
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Casi en simultáneo dos hechos de alto impacto en la vida política de la Argentina marcaron además el estado de la Justicia de nuestro país. Minutos después de las 15 del lunes 5 de diciembre, el presidente Alberto Fernández usó la cadena nacional para hacerse eco de una filtración obtenida de manera ilegal de la plataforma Telegram. Según relató el Jefe de Estado, en un mensaje grabado de menos de 6 minutos, chats privados revelarían supuestas conversaciones entre jueces federales y funcionarios del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en las que buscarían evitar un escándalo a raíz de un viaje hecho al sur del país invitados por un grupo de medios argentino.

Al día siguiente, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Número 2, integrado por los jueces Andrés Basso, Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, condenó a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Un hecho inédito en la historia judicial argentina. Por primera vez una figura tan encumbrada en el gobierno del país era condenada durante el ejercicio de su mandato. Pese a todas las presiones y a los feroces ataques de los que fueron objeto los miembros del TOCF 2, los jueces emitieron su veredicto condenando a Cristina Fernández de Kirchner por considerarla penalmente responsable del delito de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida contra una administración pública.

Por esos dos caminos transita la Justicia argentina, por un lado un viaje de jueces que pone en crisis la credibilidad de los ciudadanos en el Poder Judicial y por el otro un tribunal independiente que condena a una mujer poderosa, líder de la fuerza política que ostenta el gobierno del país.

La información sobre la excursión patagónica de los magistrados fue obtenida de manera ilegal a través de una intromisión en conversaciones privadas mantenidas en la plataforma de comunicación Telegram. En una apreciación preliminar se podría considerar que una prueba lograda de esa manera es un fruto del árbol venenoso, doctrina que establece que es inadmisible toda evidencia que se haya conseguido de forma ilegal como así también todas las conclusiones a las que se pueda arribar a partir de ese material probatorio contaminado.

Sin embargo, esto se puede subsanar acreditando los hechos denunciados a través de medidas probatorias llevadas a cabo respetando las reglas del debido proceso. Esto es lo que hizo la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare. Pudo determinar que el 13 de octubre de este año se trasladaron desde Buenos Aires hasta la mencionada ciudad rionegrina en un avión privado de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, Julián Ercolini, Leonardo Bergroth, Tomás Reinke, Juan Bautista Mahiques, Marcelo D’Alesandro, Carlos Alberto Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Gabriel Cayssials. Todos ellos retornaron al aeropuerto de San Fernando dos días después según la información aportada a la causa por la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Además, la compañía aérea entregó -a pedido de la fiscalía- facturas emitidas a nombre de los denunciados, muchas de ellas con fecha 13 de octubre por la suma de $ 120.000. Dice la fiscal Etchepare en su requerimiento que le llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados de “contado” y que se realizaran el mismo día del vuelo.

También le pidió a la PSA las filmaciones captadas por las cámaras del aeropuerto de Bariloche en las que se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado mencionado. En esas grabaciones se puede advertir, dice la fiscal, que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de la firma “Hidden Lake S.A.”, administradora de la Estancia Lago Escondido. Todos se subieron a dos camionetas de alta gama en las que fueron trasladados desde el aeropuerto. El día del regreso, las filmaciones muestran como las mismas camionetas -una blanca y otra negra- ingresan directamente a la pista de aterrizaje y frenan junto a un avión privado sin pasar por el edificio del aeropuerto.

La fiscal Etchepare convocó a prestar declaración testimonial a Van Ditmar quien aseguró que ese fin de semana no habían estado en la estancia ni Joseph Lewis ni el ex presidente Mauricio Macri. Además se comprometió a acompañar las facturas por el alojamiento de los visitantes. Así lo hizo. Aportó los comprobantes emitidos en favor de algunos de los denunciados por la suma de 605 dólares cada uno. Afirma Etchepare en el requerimiento de instrucción que “una vez más, los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28.”

Sobre este hecho se pronunció a través de un comunicado la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de las provincias argentinas y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (JU.FE.JUS.). “Debemos en todo momento mantener una conducta irreprochable porque el Poder Judicial es, y debe seguir siendo, el último refugio de los derechos, la libertad y los valores republicanos. No se puede ejercer la función judicial de tal manera que ponga en crisis el fundamento mismo del Poder Judicial”, afirmó la entidad. Una sentencia que recuerda a la frase que Plutarco le atribuye a Julio César como justificativo del divorcio de su segunda esposa Pompeya: “La mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo.”

Mientras tanto, un organismo fundamental dentro del engranaje judicial, el Consejo de la Magistratura, sigue paralizado enredado en una maraña de planteos en los tribunales por parte de quienes aspiran a ocupar un lugar como consejeros. La oposición en el Congreso cayó en la trampa que le tendió el kirchnerismo aprovechando una hendija que le dejó abierta un fallo de la Corte -con la disidencia parcial de ministro Ricardo Lorenzetti- que revivió una ley ya fenecida que llevó la integración del organismo de 13 a 20 miembros.

Para completar el panorama la Corte Suprema de Justicia de la Nación se apresta a dictar un fallo que implicará consecuencias políticas en la relación con las provincias por los fondos de la coparticipación que le fueron quitados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

 

 

* Para www.infobae.com

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