Un mes de Pullaro: luces y sombras de un gobierno a toda máquina

A días de cumplirse un mes de gobierno de Maximiliano Pullaro, si algo resulta evidente es que sabía para qué quería sentarse en el sillón del Brigadier Estanislao López, con quiénes gobernaría y cuáles eran las prioridades y las urgencias. Los resultados son cuestión del futuro, pero podría decirse que su primer éxito es haber dado continuidad al Estado, que los santafesinos no tuvieran que esperar a que el nuevo gobierno llegara y se tomara su tiempo para arrancar a pleno en febrero o marzo.

Es pavorosa la diferencia con el gobierno que lo antecedió. Omar Perotti en enero de 2020 apagó el Estado un mes, paralizó la obra pública seis meses y ni siquiera pudo hacer funcionar las colonias de Verano. Contrasta también con el gobierno de Javier Milei. A un mes de estar en funciones, hay áreas que recién ahora tienen funcionarios designados y otras están a la espera.

Con esas realidades chocaron el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico o el propio gobernador cuando fueron a Buenos Aires a buscar respuestas por el mantenimiento de rutas nacionales o por el cambio de reglas de juego que se pretende hacer en el mercado de biocombustibles, en especial biodiesel, que un 85% se produce en Santa Fe.

A Enrico le tocó hablar con funcionarios que todavía no estaban designados. Es decir, que no podían resolver nada. Recién el jueves salió el decreto con el nombramiento para los cordobeses schiarettistas que hicieron pie en Energía, Obras Públicas y Vialidad. 

“Aunque sea corten los pastos de las rutas y tapen los baches más urgentes”, rogaron los funcionarios santafesinos. Incluso avisaron que hay algunas licitaciones abiertas de mantenimiento que deberían ser aprovechadas. 

Biocombustibles, la triple alianza
 
Este lunes entrará a la Casa Rosada el ministro de Producción Gustavo Puccini “para plantear la mirada santafesina” en torno a la desregulación del mercado de biocombustibles. La reunión se la prometió el ministro del Interior Guillermo Francos al gobernador Pullaro tras el encuentro de hace una semana. 

Curioso anfitrión: Energía no depende de Interior sino de Economía. De todos modos, esta vez sí estará el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirilo y el secretario de Bioeconomía Fernando Vilella.

Hay un dato de contexto en esta historia. Pullaro dispuso que la delegación santafesina la encabece Gisela Scaglia. La presencia de la vicegobernadora pone de relieve la relevancia institucional que Santa Fe le da al rechazo de lo que el gobierno nacional pretende hacer, que no es otra cosa que un reparto del negocio de los biocombustibles entre las corporaciones petroleras y las agroexportadoras. Un libre mercado exclusivo de gigantes, con un marco regulatorio funcional a esos intereses, a costa de sacrificar los fabricantes pyme.

Al igual que las pymes, las agroexportadoras producen biodiesel en Santa Fe. Juntas representan más del 80% de la producción nacional pero están enfrentadas. Las pymes reclaman una cuota de mercado propia. Las grandes, libre mercado total. El peronismo saldó esa controversia con una ley que vedó el mercado interno para las cerealeras. La ley Ómnibus de Milei se va al otro extremo; convierte a las fábricas pyme en un bocado de león. 

Las agroexportadoras aducen que tienen mucha capacidad ociosa, y es real. La razón principal es que los mercados externos están protegidos y casi no dejan entrar biodiesel argentino. Sí: en los países del primer mundo hay protección, regulaciones y defensa de la industria y el trabajo local. Acá se desregula como corderitos que van al matadero y se importa gasoil en lugar de cubrir el faltante con biodiesel.

El ministro Puccini le apuntó al viejo enemigo de los biocombustibles: “Entendemos que hay un lobby petrolero que perjudica directamente a Santa Fe. En nuestra mirada, tenemos que ir a un esquema similar al de Brasil, donde vienen aumentando el corte de combustibles fósiles. Para que haya más producción de biodiesel debemos fijarlo en un mínimo del 10% y llevarlo a un 14% en 2024 y a un 15% en 2025. El mundo va en este camino y no podemos permitir que Argentina retroceda”. El moño para ese posicionamiento fue la visita a una pyme fabricante de biodiesel en Sa Pereira.

En definitiva, Santa Fe propone mantener el cupo actual para las pymes, que implican fierros y trabajo santafesino, y que a partir de allí el mercado se amplíe para que las agroexportadoras puedan jugar en el mercado interno. La rabia petrolera se entiende: cada punto que aumenta el corte con biocombustibles es un punto menos de nafta o gasoil que venden en surtidor. 

Santa Fe no va sola a la Rosada. Habrá también funcionarios de Córdoba y Entre Ríos con planteos similares. La Región Centro se reperfila y entra a la cancha. A la par, la secretaría de Energía Verónica Geeze inició contactos para resucitar la Liga de Provincias Productoras de Biocombustibles que había promovido el gobierno de Miguel Lifschitz y se desactivó en diciembre de 2019. 

Previendo una reedición en el Congreso de disputas entre provincias productoras de petróleo y biocombustibles, Pullaro envió una carta a legisladores nacionales santafesinos instándolos a lograr acuerdos para defender las economías regionales, en particular biocombustibles y otras actividades a las que Milei grava con derechos de exportación, como el maíz pisingallo. 

Rojo por donde se mire
 
La historia se repite: los idólatras verbales del republicanismo llegan al poder y sacan un DNU ómnibus; claman por la seguridad jurídica pero cambian las reglas de juego a las fábricas pymes de biocombustibles. Cobrar impuestos siempre es mala palabra, sin importar contextos ni circunstancias, pero lo primero que hacen es subir retenciones y bajárselos a los ricos.

La convocatoria a paritarias docentes en la primera semana de enero era uno de los temas que Pullaro tenía planificado. Los gremios se llevaron la garantía de que cobrarán los acuerdos pendientes de 2023, para sobre esa base discutir 2024. El gobierno se ocupó, y no inocentemente, de poner sobre la mesa el ausentismo laboral. Fue una forma de avisar que parte del financiamiento de los futuros aumentos salariales los buscará en ese 25% de la masa salarial que se destina para pagar reemplazos. Es otra herencia insostenible que dejó el gobierno de Perotti que desarmó el sistema de control anterior por considerarlo “caro”. 

El nuevo gobierno asume que la política laboral y los controles son su responsabilidad, y no de los sindicatos. Lo que no puede ocurrir es que haya sectores sindicales que hagan política gremial facilitando el ausentismo. Ahora resta conocer cuál será el método de control en el que está pensando el ministro José Goity.

La hiperactividad del gobierno de Pullaro por momentos pone en segundo plano las dificultades económicas que se anuncian en el horizonte. Solo el contexto nacional es dramático, como lo revela el informe final de la rosarina Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (Mate) sobre la foto final del mandato de Alberto Fernández. O los datos de caída de ingresos del Estado nacional que elaboró el Iaraf que dirige el economista Nadín Argañaraz: descontada la inflación, la recaudación total cayó 7%, y si se excluyen los tributos vinculados a comercio exterior, muy afectados por la sequía, aun así el descenso fue del 3,1%.

La foto del mes de diciembre es alarmante: la recaudación total cayó 17,3% promediando todos los tributos. Sólo crecieron 2% el IVA y 209% el impuesto Pais. 

Política y reformas judiciales
 
El primer mes de gestión de Pullaro tuvo a la política como protagonista. Jugó fuerte fronteras afuera, tendiendo alianzas con gobernadores de Juntos por el Cambio y de provincias vecinas. Visualizó a Patricia Bullrich como una aliada en su cruzada por la seguridad y jugó fichas para que llegara al ministerio de Seguridad nacional, así como fue a golpear las puertas de la Casa Rosada por biocombustibles e infraestructura.

La seguridad, que es su gran apuesta, la juega en dos planos diferentes. Para abordar la calle y las cárceles, les dio juego a la Policía y el Servicio Penitenciario. “No hay otra Policía –dice el gobierno–, la calle no puede seguir sin control, o lo que es peor, bajo el control de las narcobandas”. Confía en su capacidad para conducir y controlar esa fuerza atravesada por la corrupción, el descrédito y la debilidad de mando, para quitarle vacaciones, compensarla con cuotas de poder y exigirle resultados. 

El otro plano es el de las reformas estructurales en la Justicia penal, donde tallan otros poderes del Estado, y es necesario generar acuerdos y mayorías. Pullaro mandó una batería de leyes, exigió gestos políticos y la Legislatura se los dio, aprobando leyes como narcomenudeo en un abrir y cerrar de ojos a lo largo de tres semanas. 

Sin embargo, como se anticipó en esta columna, una vez despejado el camino de las leyes de mayor consenso (a pesar de que casi todas tuvieron sus retoques) llegaba el turno de las más complejas en términos técnicos y políticos. La primera de ellas, la reforma del Ministerio Público de la Acusación (MPA), mostró un límite al ritmo frenético del pullarismo y confirmó algo que en el oficialismo ya está claro: Unidos no es una mayoría automática. El diputado José Corral, vocero de la UCR, lo tradujo con un inusual pedido de disculpas por pretender ir demasiado rápido en el tratamiento de la ley. 

Después del pronunciamiento en contra del DNU de MIlei, la reforma del MPA fue la segunda prueba de fuego para Unidos. La coalición balanceó las expectativas del Ejecutivo y las del bloque socialista sacando lo urgente del proyecto y pasando para febrero el resto de la ley. En el camino sacrificó el acompañamiento de peronistas y el bloque Somos Vida, que hasta aquí habían acompañado las votaciones, mientras que el Frente Amplio de la Soberanía votó en contra.

El socialismo desde Diputados hace de contrapeso a la velocidad del Ejecutivo. Se notó estos días al abrir un espacio de escucha para jueces, fiscales, abogados, sindicato y defensores públicos, que necesariamente iba a complejizar el debate.

Un punto crítico de la parte que quedó pendiente del MPA. El socialismo planteó que quiere agregar el cambio al polémico régimen disciplinario de los fiscales, pasando del control exclusivo de la Legislatura al de un órgano mixto. Es uno de los asuntos institucionales más discutidos de los últimos años en Santa Fe y las diferencias no son con el Ejecutivo, sino con el bloque de poder del Senado.

En cambio, la parte que sí se aprobó le da mucho más poder de manejo del MPA a la Fiscalía general, que hasta ahora estaba condicionada por la Junta que integran las cinco fiscalías regionales. En definitiva, se pasa de un modelo descentralizado o uno centralizado, que es el que propuso el gobierno.

Viene a subsanar problemas operativos, pero también conlleva el temor en algunos sectores de un avasallamiento de la autonomía del MPA. Se argumenta, no sin razón, que se deposita mucho poder discrecional en la Fiscalía general al permitirle intervenir Regionales, tomar investigaciones, mover fiscales. Y que, salvo que quien ejerza la Fiscalía general se plante, eso permitiría bloquear investigaciones judiciales que toquen a la política o al poder económico aliado.

Es tan cierto que eso puede ocurrir, que sucedió con el actual modelo descentralizado. Quizás a partir de ahora no haya necesidad de modificar leyes disciplinarias o se evitaría exponer a toda una Cámara en la protección de privilegios de inmunidad, pero al final de cuentas el resultado sería el mismo.

También debe considerarse la mirada inversa. Si la Fiscalía general hubiese tenido otras herramientas en el pasado, quizás hubiera evitado que, con anuencia o vista gorda de las jefaturas regionales, avanzaran investigaciones de escaso o nulo sustento probatorio pero muy tentadoras para los títulos periodísticos y la discusión política.

Por lo general, cuando se piensa en los riesgos de una Justicia al servicio de la política, se asocia al poder de los gobiernos, y no está mal, porque los Ejecutivos concentran mucho poder. 

Hecha esa aclaración, la lectura no debería ser tan lineal en el caso de Santa Fe, porque gracias a un sistema electoral que facilita la coexistencia de mayorías cruzadas entre el Ejecutivo y el Legislativo, lo que hoy es una ventaja mañana puede ser lo contrario.

Con informacion de Rosario3.