Con Pullaro, el problema carcelario entró nuevamente en la agenda política

Las bandas que surgieron de la venta de drogas al menudeo, con un despliegue territorial en los sectores más empobrecidos de la periferia rosarina, donde hay 112 villas de emergencia, según registros oficiales, fueron identificadas por la Justicia y la mayoría de los líderes y cuadros secundarios fueron enviados a prisión, muchos de ellos con extensas condenas, como el líder de Los Monos Ariel Cantero, que carga sobre sus espaldas más de 110 años de prisión.

 La provincia de Santa Fe ya inició cambios drásticos con los presos de alto perfil, con el aval legislativo de la nueva ley de ejecución penal. En la Nación, a la vez, tienen en carpeta modificaciones normativas para crear un régimen especial de presos de alta peligrosidad en los penales federales.

Por primera vez aparece en la agenda política el tema carcelario con relativa importancia, por las consecuencias que puede tener en la propia seguridad y en las calles. El drama que vive Ecuador es un faro para evitar caer en una crisis que se puede ir de las manos, sobre la base de los problemas económicos y sociales que enfrenta la Argentina.

 Como sucedió en otros países de Latinoamérica –el caso de Ecuador es uno de los más palpables–, donde las prisiones se transformaron en usinas de los grupos criminales, en Rosario los presos continuaron con sus negocios ilegales, siempre con la ayuda de complicidades, sobre todo a la hora de garantizar el acceso de los teléfonos celulares.

 En Brasil, el uso de los smartphone en las cárceles cambió la propia dinámica de funcionamiento, que pasaron a manejarse en redes como si fueran filiales, todas interconectadas a través de grupos con aplicaciones de mensajería, como ocurrió con Primer Comando Capital (PCC).

En Santa Fe los presos se adaptaron a las restricciones que imponía el encierro. Así nacieron nuevos emprendimientos, como las extorsiones o las franquicias para distribuir drogas –la marca, por ejemplo, de Los Monos tiene peso propio en el mercado–, que las cometen los mismos grupos que venden estupefacientes.

 Por ese motivo, empezaron a crecer a lo largo de los últimos cinco años las llamadas “balaceras”: ataques a tiros para intimidar y lograr obtener dinero de todo tipo de comercios y empresas. La Justicia creó la unidad especial de “balaceras”, que investiga más de 600 casos por año, que representa menos de la mitad de lo que se denuncia.

 Un caso que muestra este esquema mafioso es lo que sucedió con el Circo Du Soleil, que estrenó en Rosario a mediados de agosto pasado su espectáculo “Messi10”, un homenaje temático al capitán de la selección nacional. Un grupo ligado a Los Monos reclamó 100.000 dólares a los productores del espectáculo, que se realizó en el estadio del Club Provincial. Como no pagaron el “impuesto narco”, primero dejaron una bala en los camarines para alertar lo que iba a venir y al otro día soldaditos en moto dispararon a la salida del público.

El Circo Du Soleil no fue el único damnificado del sector de espectáculos. En una investigación que realizaron los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra detectaron que casi todos los shows musicales que se realizaron el último año en Rosario –por ejemplo, Las Pelotas, Fito Páez, Babasónicos, Divididos, Jorge Drexler, entre otros– los productores debieron pagar el tributo narco con entradas que después se revendían.

 El fenómeno mafioso se expandió a todos los rubros y su centro de operaciones son las cárceles, que en Santa Fe están colapsadas con una sobrepoblación carcelaria de más de un 20%, que transforma la situación en una bomba de tiempo.

 Actualmente, según detalló Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penitenciarios, hay 9.087 internos y unos 1.500 presos alojados en comisarías.

En la nueva gestión identificaron que existía “miedo” por parte de los agentes del Servicio Penitenciario a llevar adelante controles más estrictos en los penales. “Había una especie de pacto, que consistía en que para que no haya motines o conflictos internos no se hacían requisas ni controles”, apuntaron.

 Esto creó una “casta” dentro de la cárcel, que dominada por los grupos narcos más pesados. En las causas judiciales se detectó que gran parte de los 259 asesinatos que se cometieron en 2023 tenían un origen en las cárceles, donde se daban las órdenes a los sicarios.

 En Santa Fe pretenden que el mayor rigor que se impuso en los pabellones de alto perfil de las cárceles provinciales tenga un correlato en las prisiones federales, fundamentalmente las de Marcos Paz y Ezeiza, donde están alojados los líderes de las bandas narcos, como Cantero, Esteban Alvarado y Julio Rodríguez Granthon.

En la cartera de Bullrich preparan cambios en la normativa que regula el funcionamiento de los cumplimientos de las penas. Se apunta a que los presos considerados de alto perfil tengan un trato diferente, con mayores controles internos en la cárcel para evitar que sigan cometiendo delitos.

 El subsecretario de Asuntos Penitenciarios Julián Curi explicó a AIRE que los cambios que se quieren implementar pasan por identificar a los internos de alto perfil y generar mayores controles en los lugares de detención, por ejemplo, con el tema de las visitas, que sean sólo familiares directos y que el encuentro sea a través de un blindex.

 La preocupación del gobernador Maximiliano Pullaro fue en aumento esta semana por las amenazas, luego de que, en una investigación judicial, que llevó adelante el fiscal Franco Carbone, se detectó que un narco alojado en el penal de Ezeiza –luego trasladado a Marcos Paz– que se llama Francisco Riquelme había planeado atentados contra una comisaría y una escuela donde los soldaditos dejaron amenazas contra el gobernador.

“Riquelme avisó lo que iba a hacer a empleados del Servicio Penitenciario Federal y lo cumplió. Pagó 100.000 pesos a cada soldadito para amenazar al gobernador y llevar adelante atentados”, plantearon en el gobierno. “Es muy grave”, apuntó Pullaro.

 El problema que enfrenta la gestión provincial, según señalan, es el estado “calamitoso” de la infraestructura de las fuerzas de seguridad. En la primera semana de gestión había sólo 20 patrulleros en condiciones de recorrer las calles de una ciudad de 1,2 millones de habitantes. En un galpón de la Jefatura de Policía encontraron más de 300 móviles “descompuestos”, a muchos de los cuales sólo le hacía falta un cambio de batería. “Si controlamos la cárcel vamos a poder tener control en la calle”, desafió Pullaro. Eso explica, según él, sus decisiones contra los presos de alto perfil de bandas pesadas.

Otra postal de lo que ocurre en Rosario es un búnker de drogas que empezó a ser derrumbado el viernes en el barrio La Tablada. Era la casa de Jorge Funes, el padre de un clan narco que está alojado en el penal de Ezeiza. La casa de dos plantas ubicada en Ayacucho al 4300 es uno de los búnkeres históricos de Rosario. Funciona desde hace más de 20 años. Sólo en ese lugar fueron asesinadas más de 15 personas y el lugar siempre seguía activo.

 El búnker fue derrumbado por una orden judicial, que pidió el fiscal Carbone, amparado en la adhesión, que se aprobó el 16 de diciembre, de la provincia a la desfederalización del narcomenudeo. Cuando los trabajadores golpeaban con sus mazas y martillos las paredes del lugar para derribarlo se acercó una mujer con un bebé en brazos y amenazó a los operarios. Por varias horas se suspendieron los trabajos. Nadie quería exponerse a recibir un tiro. Luego, los albañiles tuvieron que trabajar con custodia de la Policía.

Con información de Aire de Santa Fe, sobre una nota de GERMÁN DE LOS SANTOS