Condenaron al ex juez Walter Bento por liderar una red de corrupción judicial en Mendoza

• El tribunal declaró culpable a Walter Bento como jefe de una asociación ilícita dedicada a la corrupción judicial.
• La red operó durante años con una estructura estable y división de roles dentro de la justicia federal.
• Se probó el cobro sistemático de sobornos a cambio de beneficios procesales.
• El fallo destacó un entramado familiar utilizado para lavar activos y ocultar fondos ilícitos.
• Se acreditaron maniobras de falsedad ideológica en operaciones bancarias e inmobiliarias.
• La pena será definida en una audiencia de cesura prevista para este miércoles.

El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza declaró culpable por unanimidad al ex juez federal Walter Bento, al considerarlo responsable de haber encabezado durante años una organización criminal destinada a obtener dinero a cambio de resoluciones judiciales ilegítimas. El veredicto, leído este martes por la tarde, lo encontró penalmente responsable por asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo reiterado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica y ocultamiento de prueba. La definición de las penas fue diferida para una audiencia de cesura prevista para este miércoles.

La sentencia marcó un punto de inflexión en uno de los procesos judiciales más extensos y complejos de la historia reciente de la justicia federal argentina. Según quedó probado durante el debate, la estructura delictiva funcionó al menos desde 2007, con una organización estable, división de tareas y una capacidad real para incidir en causas penales a cambio de sobornos. Bento, de acuerdo con el tribunal, ocupó el rol central de conducción, ordenando y validando las maniobras que permitían otorgar beneficios procesales a imputados a cambio de dinero.

Antes de ingresar en el fondo de la cuestión, el tribunal resolvió distintos planteos defensivos. Rechazó la supuesta acusación incompleta alegada por los abogados del exmagistrado y su familia, y aceptó parcialmente un pedido de prescripción que derivó en el sobreseimiento de Bento por delitos menores, sin afectar los cargos principales vinculados a la corrupción estructural. Esa decisión, aclararon las juezas, no alteró la gravedad ni el núcleo de la acusación.

En el análisis de la asociación ilícita, las magistradas Gretel Diamante, María Pereira y Eliana Rattá Rivas subrayaron que se acreditó la existencia de un engranaje criminal con permanencia en el tiempo, roles definidos y resultados concretos. El tribunal identificó como figura clave al fallecido Diego Aliaga, señalado como operador y nexo entre los distintos integrantes de la red, mientras que Bento aparecía como quien impartía las directivas finales desde su posición institucional.

Uno de los ejes centrales del fallo estuvo vinculado al lavado de activos, calificado como una expresión paradigmática de corrupción judicial. Las juezas sostuvieron que el exjuez utilizó su función pública como plataforma para obtener y luego legitimar fondos ilícitos, a través de un entramado familiar diseñado para ocultar el verdadero origen del dinero. Según la sentencia, Bento seleccionaba inversiones, definía titularidades y canalizaba fondos mediante operaciones cruzadas entre su esposa y sus hijos.

El tribunal destacó especialmente la utilización de uno de los hijos del matrimonio, con discapacidad severa, como parte del esquema patrimonial. Bienes inmuebles, vehículos y locales comerciales fueron puestos a su nombre para otorgar apariencia de legalidad a activos de origen ilícito. Para las magistradas, ese dato reveló un nivel adicional de gravedad en la planificación y ejecución de las maniobras.

También se dieron por probados dos hechos de falsedad ideológica. Uno de ellos estuvo relacionado con un crédito hipotecario otorgado por el Banco Nación en 2011, al que Bento y su esposa accedieron mediante declaraciones falsas. El segundo se vinculó a una operación inmobiliaria realizada en 2021, en la que se ocultó la condición de persona políticamente expuesta para concretar la transacción.

Bento llegó a esta instancia detenido en el penal federal de Cacheuta, donde permanece desde noviembre de 2023, tras haber sido destituido por el Consejo de la Magistratura. Durante años, su rol como titular y subrogante de juzgados federales en Mendoza le otorgó una influencia decisiva en el sistema judicial provincial.

El juicio oral, iniciado en julio de 2023, incluyó a 25 imputados y se desarrolló a lo largo de más de 130 audiencias, con cerca de 300 testigos y un volumen excepcional de prueba documental y digital. Según la acusación fiscal, el circuito de sobornos habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares.

Con los fundamentos aún pendientes, el proceso ingresará ahora en su etapa final, cuando el tribunal determine las penas que deberán cumplir los condenados y fije el alcance definitivo de una sentencia que expone una de las tramas más graves de corrupción judicial conocidas hasta el momento.