Juicio por el ARA San Juan: ex jefes de la Armada rechazaron las acusaciones y defendieron el estado del submarino

• Los ex jefes de la Armada imputados rechazaron las acusaciones y afirmaron que el submarino estaba en condiciones de navegar.
• Hugo Miguel Correa aseguró que no tenía responsabilidad sobre el mantenimiento ni sobre la autorización final de navegación.
• Claudio Villamide sostuvo que la tripulación y el Estado Mayor consideraban que la nave cumplía con todos los requisitos operativos.
• Según su declaración, existe un vacío de información sobre las últimas horas antes del hundimiento.
• La querella cuestionó la defensa de los imputados y sostuvo que se repiten argumentos utilizados tras la tragedia.
• Las familias de las víctimas buscan determinar responsabilidades por el naufragio en el que murieron 44 tripulantes.

El juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan avanza en el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos con la declaración de los altos mandos de la Armada imputados en la causa. Durante las últimas audiencias, los acusados rechazaron las responsabilidades que se les atribuyen y sostuvieron que la nave se encontraba en condiciones de navegar al momento de su última misión en noviembre de 2017.

Uno de los últimos en declarar fue el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa, quien ocupó distintos cargos dentro de la estructura operativa de la Fuerza de Submarinos entre marzo y noviembre de 2017. Durante su exposición ante el tribunal, el ex oficial afirmó que las acusaciones en su contra son “falsas” y aseguró que su función no incluía responsabilidades directas sobre el estado técnico del submarino ni sobre las decisiones finales de navegación.

Correa explicó que, en su rol dentro del Departamento de Operaciones, no integraba la línea de comando encargada de impartir órdenes al submarino. Según indicó, su tarea estaba vinculada a aspectos operativos y de comunicaciones, pero no a la autorización final para que la nave zarpara.

“El comandante es quien decide, junto con la plana mayor, si el buque está operativo”, señaló durante su declaración. En ese sentido, sostuvo que el submarino había sido considerado apto para navegar por las autoridades correspondientes.

El ex oficial también insistió en que el control de las tareas de mantenimiento no formaba parte de sus responsabilidades. Según explicó, dentro de la estructura de la Armada cada área tiene funciones específicas claramente delimitadas, lo que impide atribuirle responsabilidad por cuestiones técnicas que dependían de otras áreas.

Durante la audiencia también se analizó una comunicación telefónica mantenida por Correa con el capitán de navío Claudio Villamide el 14 de noviembre de 2017, pocas horas antes de que se perdiera contacto con la nave. Correa señaló que ese tipo de llamadas era habitual cuando surgían inconvenientes operativos.

Villamide, otro de los imputados en el juicio, también declaró ante el tribunal y defendió el estado del submarino al momento de su última misión. El exoficial sostuvo que la nave cumplía con todas las normas y requisitos reglamentarios exigidos para hacerse a la mar.

“El submarino cumplió las normas y los requisitos establecidos para navegar”, afirmó durante su exposición. Según indicó, ni la tripulación ni los miembros del Estado Mayor consideraban que el buque no estuviera en condiciones de operar.

Villamide también planteó que existen importantes vacíos de información sobre lo ocurrido durante las últimas horas de la travesía. Según explicó, entre las 8:45 y las 10:51 del día en que se perdió contacto con la nave se habría desencadenado un evento que provocó la incapacitación parcial o total de la tripulación.

De acuerdo con su reconstrucción, por razones que aún no pudieron determinarse con precisión, el submarino habría perdido el control de la profundidad, lo que terminó provocando su hundimiento. Finalmente, la nave colapsó al alcanzar una profundidad cercana a los 907 metros.

“La realidad es que no sabemos qué pasó”, sostuvo Villamide al referirse a las causas finales del naufragio.

Desde la querella, la abogada Valeria Carreras, quien representa a 34 familias de los tripulantes fallecidos, cuestionó la postura adoptada por los imputados durante el juicio. Según la letrada, varios de los acusados apelaron a argumentos basados en reglamentos internos de la Armada para justificar su accionar.

Carreras consideró que algunos de los planteos expuestos por los acusados podrían vincularse con el concepto de obediencia debida, al señalar que todos los imputados insistieron en que se limitaron a cumplir órdenes dentro de la estructura jerárquica de la fuerza.

La querellante también cuestionó la reiteración de argumentos que, según afirmó, ya habían sido utilizados en los primeros momentos posteriores a la tragedia. “Es un déjà vu de lo que ocurrió durante el primer año después del hundimiento”, expresó.

Además, denunció presuntas presiones vinculadas a la presencia de representantes de la Armada durante distintas etapas del proceso judicial. Según explicó, durante la etapa de instrucción personal de la fuerza acompañaba a testigos que debían declarar en sede judicial.

En el marco del juicio oral, Carreras también consideró llamativa la presencia de un auditor de la Armada en las audiencias, pese a que estas pueden seguirse de manera pública a través de transmisiones en línea.

A pesar de las críticas, la abogada sostuvo que el balance del juicio es positivo porque permite exponer públicamente las responsabilidades que se investigan y avanzar en el reclamo de justicia de las familias de los 44 tripulantes que perdieron la vida en la tragedia.