Prioridades invertidas

La decisión del gobernador Maximiliano Pullaro de destinar cerca de 800 millones de pesos al Club Atlético de Rafaela para obras en el autódromo local reavivó un debate profundo sobre las prioridades del gasto público en la provincia. La medida, que busca garantizar el regreso del Turismo Carretera, es presentada como una inversión estratégica, pero también despierta fuertes cuestionamientos.

Mientras se asignan fondos millonarios a una institución privada —que funciona bajo reglas de mercado, firma contratos privados y obtiene ganancias propias— crece el malestar en sectores clave del Estado que denuncian salarios deteriorados, pérdida de poder adquisitivo y falta de recursos básicos.

“No se puede hablar de inversión productiva cuando hay policías que no llegan a fin de mes y jubilados que vieron cómo les cambiaron las reglas de juego en perjuicio propio.”

El argumento oficial sostiene que la obra permitirá dinamizar la economía regional, atraer turismo y generar ingresos estimados en miles de millones de pesos. Sin embargo, la crítica apunta a un punto central: el uso de dinero público para financiar infraestructura de una entidad privada.

Nadie discute la importancia que tiene para la ciudad de Rafaela la vuelta del Turismo Carretera. Pero justamente por tratarse de un evento vinculado a una institución privada, debería ser el propio sector privado el que asuma los costos, sin comprometer recursos de todos los santafesinos.

“El Estado no puede transformarse en financista de negocios privados mientras descuida sus funciones esenciales.”

El acto encabezado por Pullaro en el Autódromo Ciudad de Rafaela, junto al intendente Leonardo Viotti, buscó reforzar la idea de que se trata de una inversión que se “retroalimenta” y que beneficiará a hoteleros, comerciantes y gastronómicos. No obstante, esa mirada economicista choca con una realidad social cada vez más compleja.

La provincia enfrenta serias dificultades en áreas sensibles como seguridad y educación, donde la falta de recursos es una constante. En ese contexto, destinar casi 800 millones de pesos a una obra vinculada al espectáculo deportivo aparece, cuanto menos, como una decisión discutible.

“Cuando los recursos son escasos, la prioridad debe ser garantizar seguridad, educación y salarios dignos, no apostar a eventos que generan más rédito político que soluciones reales.”

El planteo oficial también se inscribe en una política más amplia de promoción del turismo y los eventos masivos, algo que el gobierno provincial busca replicar en distintas ciudades. Sin embargo, las críticas advierten que este modelo prioriza la visibilidad y el impacto mediático por sobre las necesidades estructurales.

Algo similar ocurre con la inversión en los Juegos Odesur, donde nuevamente se destinan recursos públicos a proyectos que, si bien pueden generar movimiento económico, no resuelven los problemas de fondo que atraviesa la provincia.

En definitiva, el eje del debate no es el automovilismo ni el turismo, sino el criterio de asignación de los recursos públicos.

Porque en una provincia con crecientes demandas sociales, el uso del dinero de todos no puede quedar atado a decisiones que privilegian el impacto político por sobre las verdaderas urgencias de la gente.