Reforma del Código Penal: el Gobierno revisa el proyecto y busca una versión más ágil y técnica

• El Gobierno revisa el proyecto del Código Penal con un enfoque más técnico y conciso
• Juan Bautista Mahiques busca simplificar el texto sin alterar su estructura central
• La iniciativa forma parte de la agenda legislativa impulsada por el oficialismo
• Se mantienen nuevas figuras delictivas y penas más duras en áreas clave
• El proyecto incorpora delitos informáticos y modalidades criminales actuales
• El avance de la reforma dependerá de consensos políticos en el Congreso

El avance hacia una reforma integral del Código Penal ingresó en una nueva etapa tras la llegada de Juan Bautista Mahiques al Ministerio de Justicia. Con una impronta propia, el funcionario decidió revisar en detalle las iniciativas heredadas de su antecesor, Mariano Cúneo Libarona, con especial foco en uno de los proyectos más ambiciosos: la actualización del régimen penal argentino.

La decisión responde a un criterio que, según fuentes cercanas al ministro, forma parte de su estilo de gestión. Antes de avanzar con cualquier iniciativa, Mahiques optó por analizar en profundidad el contenido existente y evaluar posibles ajustes. En el caso del Código Penal, el objetivo es claro: reducir su extensión y dotarlo de mayor precisión técnica, sin alterar la estructura conceptual ni los lineamientos centrales ya definidos.

El proyecto original había alcanzado una dimensión considerable. La comisión de especialistas convocada para su redacción había presentado una primera versión en 2025 con más de 500 artículos, cifra que posteriormente se amplió hasta superar los 900. Frente a ese volumen, el nuevo enfoque busca simplificar la redacción y evitar superposiciones normativas, privilegiando modificaciones sobre la base del Código vigente en lugar de sumar nuevos bloques de contenido.

En paralelo, el tema ya forma parte de la agenda legislativa del oficialismo. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, incluyó la reforma entre las prioridades para el actual período de sesiones ordinarias, lo que confirma la intención del Gobierno de impulsar el debate en el Congreso en el corto plazo.

Como parte de este proceso, Mahiques inició una ronda de consultas con distintos actores del sistema judicial. En una reciente reunión con los integrantes de la Corte Suprema, el ministro planteó la necesidad de enriquecer el proyecto con aportes técnicos y solicitó sugerencias para fortalecer su contenido. El encuentro también sirvió para ratificar la voluntad de coordinación institucional en temas vinculados a la independencia judicial y la seguridad jurídica.

Al mismo tiempo, el titular de Justicia retomó el diálogo con la comisión de expertos que viene trabajando en la reforma desde años anteriores, incluso desde la gestión de Mauricio Macri. Ese equipo, integrado por juristas, jueces y académicos, continuará aportando insumos para la versión final del texto, aunque bajo la nueva lógica de simplificación impulsada por el ministro.

Más allá de los ajustes formales, el contenido sustancial del proyecto se mantendría en gran medida. Entre los puntos centrales se destaca la incorporación de nuevas figuras delictivas y el endurecimiento de penas en áreas sensibles como delitos económicos, narcotráfico y criminalidad organizada. También se prevé una actualización significativa en materia de delitos informáticos, con tipificaciones específicas para prácticas como el hackeo, la difusión no autorizada de contenidos y los ataques a sistemas críticos.

El proyecto incluye además figuras que buscan reflejar fenómenos delictivos contemporáneos, como las estafas piramidales, las denominadas “viudas negras”, los robos bajo la modalidad de motochorros y las entraderas bancarias. En el plano financiero, se contemplan sanciones para conductas como el uso de información privilegiada, la manipulación de precios y otras prácticas vinculadas al mercado de capitales.

Otro de los ejes es el fortalecimiento del combate al terrorismo y al crimen organizado, con un esquema que abarca desde la asociación ilícita hasta el financiamiento y el encubrimiento. En paralelo, se introducen regulaciones vinculadas a la protección de la propiedad intelectual, en línea con compromisos internacionales asumidos por el país.

La reforma también incorpora nuevas figuras relacionadas con la protección del ambiente, el patrimonio cultural y los derechos individuales, incluyendo delitos de crueldad animal, daños a bienes arqueológicos y conductas discriminatorias.

En este contexto, la revisión del Código Penal aparece como un intento de modernizar el sistema jurídico sin perder coherencia normativa. El desafío, ahora, será equilibrar la necesidad de actualización con la viabilidad política de un proyecto que, por su alcance, requerirá amplios consensos para avanzar en el Congreso.