El Gobierno avanza con la privatización de Intercargo y redefine el rol del Estado en el sector aerocomercial

• El Gobierno anunció la privatización de Intercargo como parte de su agenda económica
• La operación se realizará bajo la modalidad de empresa en marcha
• El objetivo oficial es aumentar la competencia y mejorar la eficiencia
• El Estado se retirará completamente de la participación en la compañía
• El 10% de los ingresos se destinará a fortalecer a las Fuerzas Armadas
• El proceso abre interrogantes sobre su impacto en el sector y en los trabajadores

En línea con su política de reducción de la presencia estatal en la economía, el Gobierno nacional dio un nuevo paso en el proceso de reformas estructurales al anunciar la inminente privatización de Intercargo, la empresa encargada de brindar servicios de asistencia en tierra a aeronaves en los principales aeropuertos del país. La medida fue anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien confirmó que se presentarán las bases y condiciones para la transferencia de la compañía al sector privado.

La operación se realizará bajo la modalidad de “empresa en marcha”, lo que implica que la firma continuará funcionando con normalidad durante y después del proceso de privatización. Este esquema contempla la transferencia integral de la empresa, incluyendo sus contratos, licencias y operaciones vigentes, al tiempo que supone la salida total del Estado de su participación accionaria.

Desde el equipo económico destacan que la decisión se inscribe en una estrategia más amplia orientada a transformar el sector aerocomercial. En ese marco, se mencionan medidas previas como la desregulación del mercado y la habilitación de nuevos prestadores de servicios de rampa, iniciativas que buscan fomentar la competencia y mejorar la eficiencia operativa.

El Gobierno sostiene que la privatización de Intercargo permitirá optimizar la calidad de los servicios y reducir costos, al tiempo que atraerá inversiones privadas. Según esta visión, el Estado debe limitar su intervención directa en la actividad económica y concentrarse en garantizar reglas claras que faciliten el desarrollo del mercado.

La empresa, que actualmente opera en múltiples aeropuertos del país, cumple un rol clave en la logística aeroportuaria, brindando servicios esenciales para el funcionamiento de las aerolíneas. En este sentido, el desafío del proceso radicará en asegurar la continuidad operativa sin afectar la prestación de servicios ni las condiciones laborales durante la transición.

En paralelo al anuncio, el Gobierno también definió el destino de una parte de los recursos que se obtendrán a partir de las privatizaciones. El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó que el 10% de esos ingresos será destinado a la compra de armamento y bienes de capital para las Fuerzas Armadas, en el marco de un plan de modernización del sector defensa.

La iniciativa apunta a fortalecer las capacidades operativas militares y revertir años de desinversión, según explicaron desde el oficialismo. La medida forma parte de una política más amplia orientada a redefinir prioridades en la asignación de recursos públicos, en línea con la visión del Ejecutivo sobre el rol del Estado.

Este enfoque combina, por un lado, la reducción de la participación estatal en áreas productivas y, por otro, el refuerzo de funciones consideradas estratégicas, como la defensa. En ese sentido, la privatización de empresas públicas no solo responde a una lógica económica, sino también a una reconfiguración del esquema de intervención estatal.

No obstante, el proceso no está exento de interrogantes. Entre ellos, se destacan las condiciones de la licitación, el interés que pueda generar entre potenciales inversores y el impacto que la operación tendrá en el mercado aerocomercial. También se abre el debate sobre el destino de los trabajadores de la empresa y las garantías que se establecerán para preservar sus derechos.

A medida que se conozcan los detalles de la convocatoria, el foco estará puesto en la transparencia del proceso y en la capacidad del Gobierno para llevar adelante la privatización sin generar conflictos que puedan afectar el normal funcionamiento del sistema aeroportuario.

De este modo, la decisión de avanzar con la venta de Intercargo se convierte en un nuevo capítulo dentro de la agenda económica del Ejecutivo, que busca consolidar un modelo basado en la iniciativa privada y en la redefinición del papel del Estado en la economía.