Tras el fallo por YPF, Milei impulsa una reforma para endurecer las expropiaciones

• El Gobierno envió un proyecto para reformar la ley de expropiaciones
• La iniciativa surge tras el fallo favorable en la causa por YPF
• Milei cuestionó la estatización y su impacto en la economía
• El proyecto limita las expropiaciones a casos excepcionales
• Se establecen nuevos criterios para calcular indemnizaciones
• La reforma busca reforzar la seguridad jurídica y atraer inversiones

El Gobierno nacional decidió avanzar con una reforma clave en materia de propiedad privada luego del fallo favorable a la Argentina en la causa por la expropiación de YPF. El presidente Javier Milei anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley que busca modificar el régimen vigente de expropiaciones, con el objetivo de restringir su aplicación y establecer condiciones más estrictas.

La iniciativa surge en un contexto marcado por la reciente resolución judicial en Estados Unidos, que evitó un desembolso millonario para el país. Según el propio mandatario, una sentencia adversa hubiera implicado un costo cercano a los 18.000 millones de dólares, lo que habría representado un obstáculo significativo para la recuperación económica.

En su mensaje, Milei planteó una crítica directa a la estatización de la petrolera en 2012, a la que atribuyó consecuencias negativas en términos de inversión, riesgo país y crecimiento. Desde su perspectiva, el proceso implicó un costo prolongado para la economía, al desalentar la llegada de capitales durante más de una década. En ese marco, el proyecto legislativo se presenta como una herramienta para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse.

La propuesta oficial apunta a redefinir el alcance de la ley 21.499, estableciendo que las expropiaciones solo podrán aplicarse en circunstancias “estrictamente excepcionales”. Además, introduce modificaciones en los criterios de valuación y compensación, con el objetivo de reducir la discrecionalidad y brindar mayor previsibilidad jurídica.

Uno de los cambios centrales consiste en fijar que el valor de los bienes deberá calcularse en función de su precio de mercado previo a cualquier anuncio de expropiación. Este punto busca evitar distorsiones derivadas de expectativas o alteraciones provocadas por la propia intervención estatal. Asimismo, se establece que el cálculo deberá basarse en al menos dos tasaciones independientes, cuyos resultados deberán ser publicados junto con la metodología utilizada.

El esquema también prevé que la indemnización incluya ajustes por inflación, tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, así como el pago de intereses correspondientes. Sin embargo, excluye la compensación por ganancias potenciales no realizadas, lo que delimita el alcance de los reclamos posibles.

En el caso de empresas que cotizan en bolsa, el valor de referencia será el precio de las acciones previo a la difusión de la medida expropiatoria. Este criterio busca dotar de mayor objetividad al proceso y alinearlo con estándares de mercado.

Otro aspecto relevante es la forma de pago. El proyecto establece que la compensación deberá abonarse en efectivo, salvo que el expropiado acepte otra modalidad. Además, la transferencia de la propiedad solo podrá concretarse una vez cancelada la indemnización total, reforzando así la protección del titular original.

El texto también introduce límites más estrictos para las ocupaciones temporales, que solo podrán ser dispuestas por el Poder Ejecutivo, deberán ser compensadas y no podrán extenderse más allá de los 60 días. Estas disposiciones buscan acotar el margen de intervención estatal en situaciones excepcionales.

Desde el Gobierno, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, destacó que la reforma apunta a eliminar zonas grises en la normativa vigente y a consolidar un marco más claro para inversores. En la misma línea, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, señaló que la inseguridad jurídica ha sido un factor determinante en la falta de inversiones en períodos anteriores.

La iniciativa forma parte de un paquete más amplio de reformas vinculadas a la propiedad y al uso de la tierra, que incluye cambios en los regímenes de desalojo, regularización dominial y manejo del fuego. En conjunto, el oficialismo busca consolidar un esquema que priorice la seguridad jurídica como motor del crecimiento económico.

El proyecto abre un nuevo capítulo en el debate sobre el rol del Estado en la economía. Mientras el Gobierno impulsa una mayor protección de la propiedad privada, el Congreso deberá definir el alcance de una reforma que impacta directamente en uno de los instrumentos históricos de intervención estatal.