SanCor: la crónica de una decadencia anunciada y el silencio cómplice de muchos

El expediente judicial que tramita en el Juzgado Civil y Comercial de la 4ª Nominación de Rafaela no solo expone números. Lo que deja al desnudo es algo mucho más grave: el rotundo fracaso de la conducción de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, una empresa que supo ser emblema del cooperativismo argentino y hoy se arrastra entre deudas multimillonarias, desorden administrativo y decisiones que, como mínimo, rozan la negligencia.

Las sentencias de verificación firmadas por el juez Marcelo G. Gelcich son lapidarias. No por el tono —mesurado, técnico— sino por el contenido: una deuda que ronda los 120 millones de dólares, miles de acreedores, irregularidades formales y una estructura financiera que parece diseñada más para el colapso que para la sostenibilidad.

Pero detrás de ese cuadro hay responsables. Y es ahí donde la historia deja de ser jurídica para convertirse en política y empresarial.

De potencia cooperativa a paciente terminal

SanCor no cayó de un día para el otro. No fue una tormenta inesperada ni un cisne negro. Fue un deterioro progresivo, sostenido en el tiempo, frente al cual quienes tenían la obligación de conducir eligieron mirar para otro lado… o, peor aún, profundizar el problema.

¿Cómo se explica que una cooperativa con marcas históricas, infraestructura industrial y presencia internacional termine hipotecando activos, cediendo garantías mal instrumentadas y acumulando deudas en dólares imposibles de sostener?

¿Cómo se entiende que fondos internacionales concentren decenas de millones de dólares en acreencias mientras la empresa incumple obligaciones básicas, como presentar balances o convocar asambleas?

La respuesta no está en el expediente. Está en la gestión.

Desprolijidad, improvisación y decisiones incomprensibles

El fallo revela situaciones que bordean lo insólito. Acreedores que pierden garantías por errores formales. Cesiones de créditos mal registradas. Presentaciones que implican, de hecho, renuncias a derechos clave. Un nivel de desorden que no puede atribuirse solo a la crisis: es, claramente, consecuencia de conducción deficiente.

El caso de los fondos internacionales es paradigmático. Créditos por más de 80 millones de dólares que terminan reconocidos… pero sin las garantías que supuestamente los respaldaban. No por una estrategia judicial brillante, sino por fallas básicas en la instrumentación.

Esto no es mala suerte. Es mala gestión.

El Estado, rehén y sostén

Como en tantas otras historias argentinas, el Estado aparece en doble rol: acreedor principal y salvavidas permanente. El fisco concentra más de 23.000 millones de pesos en capital, más otros 25.000 millones en intereses.

Es decir, mientras la conducción de SanCor tomaba decisiones cuestionables, el agujero se financiaba —en gran medida— con recursos públicos.

La pregunta es inevitable: ¿cuántas oportunidades tuvo la empresa para corregir el rumbo? ¿Y cuántas veces sus directivos eligieron no hacerlo?

Los trabajadores, otra vez en el medio

En contraste con la desprolijidad dirigencial, los trabajadores ya habían canalizado sus créditos mediante mecanismos de pronto pago. Más de mil casos resueltos por esa vía.

Ellos hicieron lo que correspondía. La conducción, no.

Una empresa intervenida… por necesidad, no por estrategia

La prórroga de la coadministración judicial no es una medida preventiva. Es un síntoma. La Justicia tuvo que intervenir porque la empresa, en manos de sus propios conductores, no logró garantizar ni siquiera un funcionamiento básico ordenado.

Deuda postconcursal que crece a razón de miles de millones por mes. Incumplimientos contables. Falta de institucionalidad interna.

No hay relato posible que tape eso.

El verdadero problema: nadie se hace cargo

El dato más preocupante no está en los números, sino en la ausencia de responsabilidades. No hay autocrítica. No hay explicaciones. No hay nombres propios asumiendo el desastre.

SanCor no es solo una empresa en crisis. Es el resultado de años de decisiones equivocadas, de conducción errática y de una cultura dirigencial que parece más preocupada por sobrevivir que por gestionar.

El proceso concursal seguirá su curso. Habrá informes, negociaciones y, quizás, un acuerdo.

Pero hay algo que ningún expediente puede resolver: el daño ya está hecho. Y los responsables, por ahora, siguen en las sombras.