La Justicia ordenó al Gobierno reparar de urgencia las rutas 7, 8 y 33 en el sur de Santa Fe

La Justicia Federal dispuso que el Gobierno nacional avance con carácter urgente en la reparación integral de las rutas nacionales 7, 8 y 33 en los sectores que atraviesan el departamento General López, en el sur de Santa Fe.

La medida fue adoptada por el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Antonio Cuello Murúa, quien hizo lugar a una acción de amparo promovida por la senadora provincial Leticia Di Gregorio contra la Dirección Nacional de Vialidad.

En su resolución, el magistrado consideró probado el deterioro de las calzadas y entendió que el Estado nacional debe garantizar condiciones adecuadas de circulación y seguridad en corredores considerados estratégicos tanto para la producción como para la conexión vial de numerosas localidades del sur provincial.

Fuerte preocupación por el estado de la Ruta 33

Uno de los principales focos de la sentencia está puesto sobre la Ruta Nacional 33. El juez describió un escenario marcado por grietas, hundimientos, baches y deformaciones de la calzada.

De acuerdo con el fallo, el estado de la traza representa un riesgo concreto para quienes utilizan diariamente esa vía y requiere una intervención que no puede seguir demorándose.

Además, durante el proceso judicial quedó registrado que la propia Dirección Nacional de Vialidad había reconocido la gravedad de la situación. Informes elaborados por funcionarios del Distrito Santa Fe del organismo señalaron la necesidad de intervenir de manera urgente.

Aunque previamente se había adjudicado una licitación para ejecutar trabajos de reparación, las obras quedaron frenadas debido a la falta de habilitación de los recursos presupuestarios necesarios.

Cuestionamientos por las rutas 7 y 8

La resolución también incluye observaciones sobre las condiciones de las rutas nacionales 7 y 8.

En relación con la Ruta 7, Cuello Murúa consideró que las tareas de bacheo realizadas hasta el momento no alcanzaron para resolver el deterioro general de la traza. El fallo también señala que no quedó demostrado un esquema de mantenimiento permanente sobre todo el tramo ubicado dentro del departamento General López.

Respecto de la Ruta 8, el magistrado hizo referencia a incumplimientos detectados durante los controles realizados sobre la concesión. En el expediente quedaron registradas 55 actas labradas por la Dirección Nacional de Vialidad contra la empresa Corredores Viales S.A.

El juez también rechazó el argumento de la concesionaria según el cual sus obligaciones contractuales no incluían trabajos de repavimentación. Según el análisis realizado en la sentencia, el contrato contempla responsabilidades relacionadas con la conservación, reparación y mejora de la ruta.

El Gobierno nacional deberá garantizar las obras

Uno de los puntos centrales del fallo es que las modificaciones en los sistemas de administración y concesión de las rutas no pueden utilizarse como argumento para postergar las reparaciones.

El magistrado sostuvo que la presencia de empresas concesionarias no elimina la responsabilidad del Estado nacional de garantizar condiciones seguras de circulación.

Por ese motivo, la sentencia establece que las obras deberán ser realizadas por el Gobierno nacional, mediante la Dirección Nacional de Vialidad, el organismo que eventualmente asuma sus funciones o las empresas concesionarias correspondientes.

Más allá de quién ejecute materialmente los trabajos, el juez dejó claro que la obligación de garantizar el cumplimiento de la resolución judicial continúa bajo responsabilidad del Estado nacional.

En sus fundamentos, Cuello Murúa vinculó el mantenimiento de las rutas con derechos esenciales como la vida, la salud, la seguridad vial y la libertad de circulación.

La resolución pone así el deterioro de los principales corredores viales del sur santafesino en el centro de la escena y obliga al Gobierno nacional a avanzar con medidas concretas para mejorar las condiciones de circulación en tres rutas fundamentales para la región.