Las privatizaciones aportaron más de $1 billón y sostuvieron el superávit fiscal

• Las privatizaciones aportaron $1,039 billones a las cuentas públicas entre enero y agosto de 2026.
• El superávit primario acumulado llegó a $12,2 billones, pero baja a $11,2 billones al excluir los ingresos extraordinarios.
• La meta fiscal anual de $16,2 billones enfrenta dificultades por la debilidad de la recaudación.
• El superávit primario descendió del 1,5% del PBI en 2024 al 1,08% en 2026.
• El gasto primario cayó un 30,2% en términos reales frente a 2023, mientras aumentó el peso de las prestaciones sociales.
• El informe plantea reformas previsionales, tarifarias y de responsabilidad fiscal provincial para sostener el equilibrio de las cuentas públicas.

Los ingresos extraordinarios provenientes de la venta de centrales hidroeléctricas se convirtieron en un respaldo adicional para las cuentas públicas del Gobierno durante 2026, en un contexto marcado por la desaceleración de la recaudación y las dificultades para cumplir las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Entre enero y agosto, las privatizaciones aportaron $1,039 billones, un monto que contribuyó a sostener el superávit, aunque el resultado fiscal muestra una tendencia descendente respecto de los dos años anteriores.

Según un informe de la Fundación Libertad, el superávit primario acumulado en los primeros ocho meses del año alcanzó los $12,2 billones, equivalentes a aproximadamente el 1,08% del Producto Bruto Interno (PBI) anual estimado. Por su parte, el resultado financiero, que contempla el pago de intereses de la deuda, registró un saldo positivo de $2,3 billones, equivalente al 0,2% del PBI.

Sin embargo, esas cifras incluyen los recursos extraordinarios obtenidos por la venta de las centrales hidroeléctricas. Si se aplica el criterio del programa acordado con el FMI, que excluye esos ingresos del cálculo, el superávit primario a agosto se reduce a $11,2 billones, alrededor del 0,98% del PBI.

La diferencia adquiere relevancia ante la meta fiscal establecida para 2026, que asciende a $16,2 billones. La debilidad de los ingresos tributarios hace probable que el Gobierno no alcance el objetivo en los términos previstos originalmente, aunque existe la posibilidad de que el organismo internacional modifique las metas durante la tercera revisión del acuerdo.

Un superávit que pierde margen

El estudio destaca que la política fiscal impulsada por Javier Milei produjo un cambio respecto de los resultados registrados durante los años anteriores. Entre 2017 y 2023, el mismo período del año cerró sistemáticamente con déficit financiero, que osciló entre el 1,8% y el 5,6% del PBI. Desde 2024, en cambio, el signo de las cuentas públicas se invirtió.

No obstante, el informe advierte que el margen favorable se viene reduciendo. El superávit primario acumulado a agosto representó el 1,5% del PBI en 2024, descendió al 1,29% en 2025 y se ubicó en el 1,08% en 2026.

Ante esa evolución, los próximos meses serán determinantes para evaluar la capacidad del Ejecutivo de sostener el equilibrio fiscal. El comportamiento de los ingresos y los gastos entre septiembre y noviembre será especialmente relevante antes del déficit estacional que suele producirse en diciembre.

La entidad considera que el Gobierno mantiene el objetivo de equilibrio, pero dispone de un margen cada vez más estrecho. Por eso, la evolución de la recaudación y el control del gasto serán factores centrales para determinar el resultado de cierre del año.

El ajuste y los límites de la reducción del gasto

Entre enero y agosto, el gasto primario del Sector Público Nacional (SPN) totalizó $100,1 billones. La cifra representó una caída real del 2,5% respecto del mismo período de 2025 y del 30,2% en comparación con 2023.

Sin embargo, el cambio más significativo se produjo en la composición del gasto. Las prestaciones sociales pasaron de representar el 54,6% del total en los primeros ocho meses de 2023 al 67,2% en igual período de 2026. En sentido contrario, los gastos de capital redujeron su participación del 8,6% al 2,1%.

El informe atribuye los resultados fiscales principalmente a la decisión política de restringir las erogaciones, más que a una transformación estructural del Estado. En esa línea, sostiene que buena parte de los rubros que podían recortarse discrecionalmente ya fueron ajustados.

Los gastos de capital acumularon una reducción real del 83% frente a 2023, mientras que los subsidios disminuyeron un 57%. En consecuencia, una proporción creciente del presupuesto quedó concentrada en compromisos que presentan mayores dificultades para reducirse, como jubilaciones, pensiones y asignaciones sujetas a la fórmula de movilidad.

A esa presión se sumó el comportamiento de los subsidios económicos, que volvieron a crecer en 2026. El informe registró un aumento real interanual del 14,4%, impulsado por los costos energéticos, y señaló que su participación en el gasto pasó del 6,3% al 7,3%.

La próxima etapa: reformas estructurales

Frente a esas limitaciones, la Fundación Libertad plantea que la continuidad del orden fiscal dependerá de reformas que vayan más allá de los recortes presupuestarios. Entre las alternativas mencionadas figuran cambios en el sistema previsional, incluidos la fórmula de movilidad, las edades jubilatorias y los regímenes especiales.

También propone avanzar hacia un esquema tarifario que permita reducir progresivamente los subsidios económicos hasta eliminarlos y establecer un nuevo régimen de responsabilidad fiscal para las provincias.

El diagnóstico apunta a que el desafío del Gobierno ya no consiste únicamente en reducir el gasto, sino en modificar los mecanismos que determinan su evolución. Con ingresos tributarios bajo presión y un superávit más reducido, la capacidad de sostener el equilibrio dependerá tanto de la recaudación como de las decisiones estructurales que se adopten en los próximos meses.