Los movimientos sociales desconfían de las auditorías : “controlan a los pobres y siguen sin revisar la deuda con el FMI”

POLÍTICA 14 de agosto de 2022 Por Andrés Klipphan*
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La decisión del gobierno de Alberto Fernández de auditar los planes como el Potenciar Trabajo, “tercerizados” a través de los movimiento sociales, como el Movimiento Evita, según el reclamo de Cristina Fernández de Kirchner, puso en alerta a los dirigentes populares oficialistas, pero también de izquierda. Los dirigentes populares temen que detrás de la medida, que está implícita en el propio programa que administra el ministerio de Desarrollo Social, se esconda “un recorte del gasto” y profundizar la “estigmatización” y “persecución” contra los movimientos populares.

En un duro comunicado, la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), espacio en el que conviven la mayoría de las organizaciones que abrevan en el Frente de Todos, advierten que apoyan la medida pero que no van a “tolerar” un show “mediático, ni la creciente estigmatización a quienes perciben un Salario Social Complementario” y exigen que el relevamiento se realice en los lugares de trabajo.

Las palabras no son azarosas. Fueron seleccionadas con precisión por Gildo Onorato, dirigente del Evita y secretario gremial de la UTEP.

Varios dirigentes sociales que dialogaron con este medio criticaron con fuerza al Frente de Todos al interpretar que algunos funcionarios del Gobierno quieren realizar un “show” con el tema de la auditoria.

-¿Qué sería un show?, quiso saber Infobae.

-Es si citan 1500 trabajadores en un gimnasio y hacen un acto, además iban a hacer una encuesta, no un trabajo serio. “Si hacen eso, termina mal”, aseguran.

La auditoría a los programas sociales fue anunciada por Sergio Massa el mismo día que juró como flamante ministro de Economía, el 3 de agosto.

Varias semanas antes, el 20 de junio, la dos veces mandataria alentó un proceso de auditoría al funcionamiento de los planes sociales.

En ese entonces, la Vicepresidenta de la Nación apuntó a los intermediarios de los programas sociales y dijo que el Estado “debe recuperar el control, la auditoría y la aplicación de las políticas sociales que no pueden seguir tercerizadas”.

Apoyo, críticas y condiciones

“Los Movimientos populares vamos a acompañar las auditorías de Potenciar Trabajo, pero no vamos a tolerar su uso mediático ni la creciente estigmatización a quienes perciben un Salario Social Complementario”, Le dice Onorato a Infobae y planteó: “Estamos de acuerdo con el proceso de auditorías que comenzarán, los movimientos populares vamos a colaborar para que el Potenciar Trabajo tenga la mayor transparencia posible. Para eso es necesario que las auditorias la realicen al conjunto de las organizaciones sociales, ONGs, municipios, gobiernos provinciales e iglesias que son parte de la ejecución del programa”.

La inclusión de Onorato de los otros efectores que tiene Unidades de Gestión, como por ejemplo cooperativas, no es casual. Hasta ahora, solo los movimientos sociales, oficialistas y opositores, quedaron bajo la lupa del escrutinio público. Los funcionarios que hablaban del tema tampoco mencionan que intendentes y gobernadores tienen trabajando en sus Unidades de Gestión a miles de beneficiarios.

Ayer, a lo largo de una hora, intendentes del conurbano bonaerense se reunieron con el ministro de Desarrollo Social para dar su respaldo al proceso de auditoría.

Zabaleta, intendente de Hurlingham en uso de licencia, les explicó que el proceso inicia la semana que viene con la capacitación a encuestadores de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN).

Durante el encuentro, algunos intendentes aseguraron desconocer cómo funciona el Potenciar Trabajo en sus distritos y cuántos beneficiarios hay.

“Este nuevo paso que estamos dando es parte de un camino que iniciamos hace un año. Abrimos un mecanismo para que las personas puedan cambiar de Unidad de Gestión, financiamos proyectos productivos para acompañar el retorno al empleo genuino. Ahora vamos a sumar información para mejorar esta política pública”, precisó Zabaleta.

Hasta que la Vicepresidenta mencionó la “tercerización” de la política social a través de los movimientos sociales y pidió un mayor control de los programas, no se hablaba del tema, aunque las auditorías se realizaban y, sobre todo, en la Unidades de Gestión vinculadas a las organizaciones piqueteras que, por ejemplo, el miércoles, acamparon en Plaza de Mayo.

El dirigente del Evita fue muy preciso a la hora de proponer la mejor manera de auditar el programa Potenciar Trabajo: “Para que las auditorías sean lo más reales posibles, es fundamental que se realicen en las diversas unidades productivas, cooperativas, espacios comunitarios o empresas recuperadas donde los trabajadores y trabajadoras de la economía popular realizan su labor”, pidió.

El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) también integra la UTEP. La organización está liderada por Juan Grabois. Desde ese movimiento, y ante una consulta de Infobae también pusieron reparos ante la iniciativa del Gobierno.

“Estamos de acuerdo con las auditorías. Esperemos que se haga con seriedad y sirva para que la política por fin vaya a conocer el trabajo en las unidades productivas de la economía popular organizada, y que eso se traduzca en fortalecer los espacios y dotar de más derechos a los excluidos del mercado laboral que se inventaron su propio trabajo donde no había nada, crearon su propia solución a un problema que no puede resolver ni el mercado ni el Estado.

El comunicado del MTE, en sintonía con la posición de Onorato, espera que los anuncios del Gobierno, realizados después de las quejas de la ex mandataria: “Que esta no sea una iniciativa para sacar fotos contándole las costillas a los más pobres mientras el Estado sigue sin auditar un centavo de la deuda con el Fondo Monetario Internacional ni controlar la evasión fiscal y el contrabando de granos”.

“Lo único que se audita es a los pobres”

Desde la Unidad Piquetera, Silvia Saravia, la coordinadora nacional de Barrios de Pie-Libres del Sur, fue tajante: “Esta auditoría, como la llama el Gobierno, tiene como objetivo dar de baja 400.000 planes. Esto tiene que ver con ahorrarse una parte del dinero que hoy se destina a la política social”, denuncia la militante social.

Saravia destaca que los controles sobre las Unidades de Gestión no son una novedad. “A las organizaciones opositoras nos auditan varias veces al año” y destaca: “A veces recibimos provocaciones: nos vienen a auditar de las organizaciones oficialistas para controlar lo que hacemos en el territorio y eso genera mucha bronca”, reconoce.

La dirigente reveló también un hecho que, ante este medio, denunciaron dirigentes de la UTEP. Desde el ministerio de Desarrollo Social no llegan, o se demora la entrega de herramientas e insumos para el desarrollo de los emprendimientos.

La líder de Barrios de Pie lo detalla así: “No nos llegan los elementos que detallamos en el Potenciar Trabajo para realizar las actividades en las cooperativas. Lo mismo nos sucede con la asistencia a comedores y merenderos. Es algo que lo venimos denunciado sistemáticamente. Se lo decimos en cada reunión al ministro Zabaleta, y el problema no se soluciona”, denuncia.

Para que se comprenda la magnitud del hecho. Una buena parte de los beneficiarios del Potenciar Trabajo están asignados a comedores y merenderos y si la comida no llega, no se alimenta a los más necesitados y tampoco se pueden cumplir con las horas de trabajo impuestas en el Potenciar Trabajo.

-¿Para ustedes hay un objetivo detrás de las auditorías, que en principio es una medida que viene implícita en el programa?

-Sí. Todo este hostigamiento y los discursos que van desde Javier Milei, pasando por Cristina Kirchner y Horacio Rodríguez Larreta, tienen como objetivo intentar parar la protesta y la masividad de las movilizaciones. Esos son los dos objetivos de estas auditorías: la reducción del gasto y la amenaza. Van a realizar las auditorías los días de marcha para decir que en las Unidades de Gestión no hay nadie trabajando para sacarles el beneficio a los compañeros y compañeras.

Eduardo Belliboni, líder del Polo Obrero, asegura las organizaciones de izquierda no tienen inconvenientes a que se compruebe si los beneficiarios del Potenciar Trabajo, cumplen con las 4 horas de labores que deben realizar en las Unidades de Gestión asignadas, y recuerda que de manera periódica son controlados por parte del ministerio de Desarrollo Social.

“Llama la atención que aquí lo único que se audita es a los pobres. No se audita el trabajo en negro, no se audita la deuda externa que es un escándalo, y sí hay una auditoría sobre los sectores que estamos luchando contra el ajuste”, opina Belliboni e insiste: “En las organizaciones sociales ya hay auditorías. El miércoles, cuando estuvimos en Desarrollo Social le preguntamos por este tema a los funcionarios y nos dijeron que más bien es una encuesta, una re efectivización. Nosotros no tenemos ningún problema con las auditorías. Que auditen todo lo que quieran. Para nosotros es una medida política y efectista”.

Mónica Sulle, coordinadora nacional del MST-Teresa Vive, coincide con Saravia. “A nosotros nos auditan constantemente. Más aún, nos auditan casa quince días los comedores llegue o no la comida. A veces pasar meses hasta que llegan los alimentos. También nos auditan las actividades, las capacitaciones. No nos preocupa que nos auditen y que pregunten lo que hacemos”.

-¿Y entonces que le preocupa?, quiso saber este medio.

-Saber hacia dónde van orientadas las auditorías, o el censo como nos dijeron en Desarrollo Social.

-¿A qué se refiere?

-Si va orientada a los recortes ahí sí nos preocupamos. Van a buscar cualquier cosa para ajustar el gasto social. A muchos compañeros le dieron el carnet de pobres porque pertenecían a los sectores más vulnerables. Pero resulta que ahora ya hacen trascender que esos mismos compañeros tienen coches de alta gama y casas. Con el objetivo de recortar el déficit fiscal, van a falsear los datos desde la ANSES y la AFIP. El tema viene por ahí. Lo interesante sería que conozcan la vida y la penuria que viven muchos de los beneficiarios de los planes. El ministerio de Desarrollo Social no se ocupa del problema de la gente. El gobierno tampoco. Los planes sociales se van a terminar cuando la gente tenga trabajo. A la Unidad Piquetera no le preocupa que hagan auditorías. Nos preocupa que quieran hacer un recorte del gasto social.

 

 

* Para www.infobae.com

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