Jueces federales vs. Comodoro Py por nuevo Código Procesal Penal

Un nutrido grupo de jueces federales con asiento en las provincias de Salta y Jujuy salieron al cruce de una ponencia protagonizada por magistrados –actuales y jubilados- de Comodoro Py donde cuestionaban la aplicabilidad del nuevo Código Procesal Penal bajo el prisma del sistema acusatorio. Desde 2019, en esas provincias se inició la prueba piloto para que la justicia federal se rija por el nuevo procedimiento. De fondo, lo que existe es la resistencia feroz desde los tribunales de Retiro ante la posibilidad de que se termine extendiendo hasta la jurisdicción de Capital Federal algo que, al inicio del proyecto, debió ser modificado ante la presión de los jueces para evitar ser alcanzados en una primera etapa. Es uno de los asuntos más ásperos para los agentes del sistema judicial. El efecto de licuar el poder de los jueces y delegar mayores facultades en los fiscales federales altera el ecosistema bajo el que está asentado el poder de Comodoro Py.

El Comité sobre Criminalidad Organizada Trasnacional del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales señaló falencias y lo calificó de “ineficaz” para combatir la delincuencia organizada. El anfitrión fue el abogado Juan Félix Marteau, y la coordinación quedó en manos de la recientemente jubilada jueza Liliana Catucci, una histórica de Casación Federal. Su colega Juan Carlos Gemignani expuso, al igual que el renunciante Eduardo Riggi. Entre los magistrados en actividad, participó Ariel Lijo y el fiscal ante el máximo Tribunal Penal Raúl Pleé.

Unidos en torno a la defensa del sistema que aplican, y en una maniobra poco habitual dentro del mundo judicial, jueces, fiscales y defensores de la justicia federal de Salta y Jujuy elaboraron un paper al que accedió Ámbito, en el que defienden su aplicación, la consideran un “importantísimo avance” con respecto al anterior y “demostró servir tanto para la investigación y el juzgamiento de casos sencillos y complejos”. En ese marco se inscriben casos de corrupción vinculados a las fuerzas de seguridad, robos a gran escala de mercadería secuestrada por la Aduana, contrabando de granos con complicidad de altos jefes de Gendarmería, entre otros.

Sostuvieron que llegaron a trascender a los implicados y alcanzar eslabones altos en las jerarquías criminales pero se redujo “drásticamente el plazo promedio entre el inicio de una causa penal y su culminación”. Este es uno de los principales reproches hacia la justicia federal que salvo causas de alta incidencia política puede dilatar por una década el juicio oral de la instrucción. Los jueces de Salta y Jujuy aseguraron que ese intervalo se estima ahora en 6 meses. Y que una buena porción de los casos termina en una salida alternativa como probation, acuerdos abreviados y que agiliza y desagota el sistema para que solo lleguen a juicio casos con penas en expectativa altas.

Los magistrados indicaron que se permite aplicar mejor “arrepentidos”, entregas vigiladas, incluso en casos de narcotráfico. Justificaron que los mejores resultados se dan porque los fiscales tienen mayor autonomía si no dependen de la venia del juez.

“Se redujo de manera drástica los tiempos de encarcelamiento sin sentencia condenatoria”, declamaron los agentes judiciales que cuestionaron las críticas hacia el nuevo Código. Ejemplificaron que en pocos días, alguien que es encarcelado por un juez de garantías debe recibir una revisión lo que limita entre 90 y 120 días el plazo. Agregan que se reemplaza el expediente escrito por completa oralidad y oponen un 98% de cumplimiento en las audiencias orales programadas. El punto que subrayan toca sensibilidades porque buscan exponer que con este sistema se evitan vicios procesales por parte de los mismos agentes del sistema que dilatan o recortan facultades. “Cada quien hace el trabajo por el que cobra. Los fiscales investigan, los defensores defienden y los jueces juzgan”, fue el dardo que devolvieron. En Retiro existe una máxima histórica: “El juez es el Rey del proceso”.

Procesos que no se estancan, lenguaje claro, transparencia y voz a la víctima son otros aspectos que destacaron respecto al inquisitivo. El juez “ya no delega más sus funciones en asistentes y secretarios, sino que resuelve y funda él mismo” sus decisiones, apuntaron desde Salta y Jujuy.

No fueron exponentes menores los que apuntalan esta posición que sale al cruce de sus colegas porteños. Eduardo Villalba (el fiscal general coordinador); y los integrantes del Tribunal Oral Federal de Sala Gabriela Catalano, Domingo Batule y Abel Fleming, además de sus pares Liliana Snopeck y Federico Díaz; por el Tribumal Oral de Jujuy Alejandra Cataldi; Mariana Catalano en representación de la Cámara Federal de Apelaciones de esas provincias y el fiscal general de Salta Ricardo Toranzo. A ellos se suman los defensores Clarisa Galán, Nicolás Escándar, y el director de la oficina Judicial Joaquín Ruiz de los Llanos.

* Para www.ambito.com