Diego Vigo a la Unidad Foscal de narcomenudeo

La Fiscal General María Cecilia Vranicich firmó el miércoles una resolución con cinco nombres que comandarán la Unidad Fiscal Especial que creó la ley que habilita la jurisdicción provincial para la persecución del microtráfico de drogas, algo que hasta ahora le estaba vedado a la Justicia santafesina porque era exclusiva incumbencia federal. La ley fue votada el 14 de diciembre y entra en vigencia este viernes.

Estarán en la Unidad Especial la fiscal rosarina Valeria Haurigot, que tiene alta valoración del gobernador Maximiliano Pullaro, y el exfiscal regional de Rafaela Diego Vigo. Ambos serán los coordinadores de las regiones centro-sur y centro–norte respectivamente. A ellos se sumarán Carla Cerliani y Víctor Moloeznik, fiscal interventora y subdirector del Organismo de Investigaciones del MPA respectivamente. La quinta será Marina Pieretti, actual secretaria de gestión de la Fiscalía General.

La resolución también detalla cómo será la puesta en marcha gradual de la Unidad Fiscal Especial. Sin embargo para hacerla operativa, Vranicich necesita que la Legislatura apruebe la reforma de la ley orgánica del Ministerio Público de la Acusación, otro de los proyectos que envió Pullaro apenas asumió pero que todavía no fue aprobado.
Esa reforma, entre muchos otros aspectos, extiende el poder de la fiscal general, permitiéndole crear cargos y tomar recursos de las fiscalías regionales para formar equipos especiales de investigación –como el de la Unidad Fiscal de persecución del microtráfico– y otras facultades que hasta ahora le están limitadas.

La resolución también detalla que la urgencia del arranque delimitó lineamientos primarios: el trabajo estará enfocado en priorizar los hechos de violencias altamente lesivas, es decir en aquellas situaciones o lugares donde la comercialización genera amenazas, balaceras y crímenes, sobre todo en la ciudad de Rosario.
En lo inmediato, la Fiscalía General trabaja en protocolos o guías de actuación para que los y las fiscales de la provincia, a partir del 29 de diciembre, sepan qué hacer si les tocara un caso en flagrancia. Hasta ahora esas situaciones se derivaban automáticamente a la Justicia federal.

En esa ingeniería jurídica y de gestión, hay otras dos leyes de la batería de normas en materia de Seguridad que envió el gobernador Maximiliano Pullaro a sesiones extraordinarias que contienen artículos específicos que serán útiles para los fiscales.

Entre ellas, la reforma al Código Procesal Penal suma técnicas especiales de investigación –regula figuras como el informante, agente encubierto, entre otras–. Y la ley que crea un sistema de información de inteligencia provincial (una suerte de AFI provincial aunque no tendrá formato de agencia autónoma) permitiría intervenciones focalizadas con trabajo previo de inteligencia.

Además, Vranicich propone armar una mesa articulada interinstitucional y tener listos dispositivos para apoyar la investigación de los fiscales. Eso se está trabajando no solo con el ministerio de Seguridad de la provincia, para que haya directivas estandarizadas hacia la Policía de Investigaciones (PDI) y líneas de intervención acordadas con las fuerzas de Seguridad y la Justicia federales.

Esa colaboración será esencial. Santa Fe aún no tiene la aparatología disponible para hacer las pericias de la droga que se secuestre, por lo que en las primeras instancias trabajará con el gabinete criminalístico de la Policía Federal.

Y aquí otro de los cuestionamientos que se intentan resolver por estas horas: qué pasará con las causas en trámite. Las provincias que tienen la ley de narcomenudeo incluyeron un artículo que marca la carga de trabajo cero, es decir que todo lo que está en trámite queda encapsulado en la Justicia Federal. En Santa Fe eso no está regulado y deja la puerta abierta a que el 30 de diciembre, la Justicia federal haga un traspaso de casos, lo que desbordaría la capacidad de trabajo local.

La desfederalización de la persecución penal del narcomenudeo en la provincia es una prueba de fuego para Pullaro, que representa un sector del radicalismo que viene empujando el traspaso hace años y durante mucho tiempo generó más de un cortocircuito en los gobiernos del Frente Progresista (2007-2019), pero sobre todo con la Corte Suprema de Justicia de la provincia que no le esquivaba el bulto a la hora de manifestarse en contra de la desfederalización.

Con informacion de Letra P.