La reforma de seguridad de Maximiliano Pullaro: doble velocidad contra el crimen organizado

La legislatura santafesina convirtió en ley la reforma del código procesal penal, con la modificación de casi medio centenar de artículos. La votación llegó tras semanas de discusiones intensas en términos técnicos y políticos en el abanico de proyectos que el gobernador Maximiliano Pullaro envió en materia de justicia penal y Seguridad.

La redacción final establece casi un código de dos velocidades, en el cual todas las medidas se aceleran en las investigaciones de delitos como homicidios, amenazas y extorsiones enmarcadas en el crimen organizado. Entre los puntos más conflictivos, y que probablemente mostrará sus efectos más rápido, apenas el nuevo proceso entre en vigencia, está la ampliación en los márgenes de los allanamientos que puede hacer la policía y ordenar un fiscal, sin orden previa de un juez.

Aval a las fuerzas de seguridad
Los detalles están en el artículo 10, que modifica el artículo 170 de la ley N° 12.734 y establece ocho situaciones de allanamiento sin autorización judicial previa. A las preexistentes en el código de casos de inundación, búsqueda de personas, persecución, se agregan supuestos como el allanamiento a viviendas contiguas o adyacentes a un domicilio allanado cuando se detectara que material o elementos probatorios del delito fueron arrojados allí, o cuando son inmuebles de difícil individualización. “El riesgo acá es que la policía va a empezar a allanar a todo el mundo”, se quejó un legislador en los pasillos.

Para la Casa Gris, lo más jugoso del nuevo código son las herramientas de medidas coercitivas y de investigación y prueba. El proyecto incorpora, en el artículo 39, figuras como la del agente encubierto, el agente revelador, el agente informante y la entrega vigilada, y la del imputado arrepentido. La implementación de todas estas estrategias hasta ahora solo estaban regulada por usos y costumbre y con una aplicación de la normativa nacional.
Los cambios dotan de más herramientas a la agencia de inteligencia provincial y a las y los fiscales a cargo de la persecución del microtráfico de drogas. Pero, además, evitaría a futuro un caso como el del fiscal rosarino de delitos complejos Matías Edery, que hoy tiene una investigación disciplinaria en marcha a partir del vínculo que estableció con una informante.
Otra instancia del proceso penal que se discutió mucho fue la audiencia imputativa. El Ejecutivo pretendía avanzar en una formulación de cargos escrita, para "optimizar tiempos". No logró esa reforma, seguirán siendo en audiencias orales, pero sí se quitaron los plazos. La nueva redacción establece que la fiscalía hará la imputación cuando reúna los elementos verosímiles para sostener la responsabilidad penal del imputado de manera preliminar.

Y en esa misma línea, se discutieron los plazos de detención sin que se dicte o se trate la prisión preventiva. El Ejecutivo pretendía elevar las 72 horas previstas actualmente a un plazo inicial de 15 días prorrogables por 15 más. La redacción final fijó cuatro días prorrogables por otros cuatro más para delitos comunes, y habilitó el plazo que pedía el Ejecutivo sólo para los delitos de crimen organizado.

Otro capítulo importante es el referido al acuerdo de juicios abreviados ante delitos contra la integridad sexual, en los que se necesitará el aval de la fiscalía general además de la conformidad de la defensa del imputado y del fiscal para evitar casos como el que terminó con la suspensión del fiscal de Reconquista Aldo Gerosa.

En 100 días de sesiones extraordinarias, el parlamento local aprobó 15 leyes que envió la Casa Gris con cambios que buscaban un rediseño de la política criminal. Entre ellas las ley de Ejecución Penal y juicio por jurados, aprobada la semana pasada. Las modificaciones al Código Procesal Penal sancionadas hoy, son las que van a hilvanar todas esas nuevas normativas.

con informacion de letra p.