El lobby de Córdoba le corrió el banquito a Santa Fe

Santa Fe es una de las provincias que más lee la letra chica del Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI). El gobernador Maximiliano Pullaro perdió fuerza en el rechazo a la iniciativa luego de que Córdoba, socio de la Región Centro, decidiera apoyar el punto más controversial de la ley ómnibus de Javier Milei que está en plena etapa de lobby en el Senado.

El sector industrial y metalúrgico, con la Federación Industrial de Santa Fe (FISFE) y la Asociación de la Industria Metalúrgica (Adimra) a la cabeza, son las que impulsan la resistencia en la provincia desde el plano empresarial a algunos puntos del régimen que otorga beneficios impositivos, financieros y cambiarios a capitales extranjeros que quieran invertir en Argentina a partir de 200 millones de dólares.
 
La industria patalea
“Resulta evidente la disparidad en los costos de importación que los fabricantes nacionales tendrían que afrontar”, resalta un informe de Adimra para sintetizar el rechazo a ciertos aspectos del régimen. La Unión Industrial Argentina (UIA) agrega que, como no implica contrapartida, le resta competitividad a la actividad local. Básicamente pierden frente a lo más barato y terminarán cerrando.

El ejemplo lo dieron con las más de 230 empresas santafesinas proveedoras de la industria del petróleo, gas y minería, tres sectores estratégicos que apuntala el Gobierno para dar el salto de crecimiento de la mano del RIGI. Esos proveedores son de los pocos que muestran números positivos en medio de la recesión en Santa Fe y serían perjudicados.
Quien encontró una oportunidad en el debate fue el senador peronista Marcelo Lewandowski, quien ocupó el lugar de resistencia en el Senado al entender que el régimen planteado de esa forma atenta contra la industria nacional. Este jueves el texto se encaminaba a que le hicieran correcciones la semana próxima y volviera a Diputados.

“Hoy Santa Fe tiene muchas empresas ligadas al petróleo, el gas y la minería que venden desde la construcción de los galpones de firmas metalúrgicas hasta la que produce la ropa de seguridad”, comenzó y disparó: “Con el RIGI se está posibilitando que a esas compañías que vienen a extraer les convenga traer productos importados sin aprovechar la mano de obra argentina”.

“Tengo dudas con muchas de las cosas de la ley Bases. Lo voy a apoyar en general al proyecto”, aportó la senadora radical Carolina Losada en una extensa entrevista en el piso de La Red, donde se enfocó casi exclusivamente en criticar el paro nacional de la CGT.

Maximiliano Pullaro y el rechazo
El gobernador de Santa Fe avisó que acompañará la norma siempre y cuando no afecte los intereses productivos de la provincia. Así sucedió en el primer tratamiento de la ley ómnibus, cuando fue uno de los que más confrontó públicamente contra el aumento de retenciones a las economías regionales.

Con el RIGI también se posicionó en contra tal cual está planteado y encendió una luz amarilla, pero esta vez no tuvo la misma potencia en el reclamo. “Se empujó hasta donde se pudo”, dijeron en el gobierno provincial.

Mucho tuvo que ver que esta vez Córdoba, socio regional, no se plantó en contra del RIGI. Al contrario, lo promueve, dejando en soledad política al radical. El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, apoya la ley Bases y en especial el RIGI, y lo dejó claro frente a los principales empresarios mineros del país que son parte de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), que se reunieron en la provincia mediterránea, minera metalífera, para celebrar su día.

El presidente del bloque de Diputados de Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló al gobernador. “Cuando en la primera versión del proyecto quisieron aumentar las retenciones a la exportación de aceites del 31 al 33%, fueron todos al Congreso a presionar. Yo tenía la misma mirada, porque no tenía sentido castigar al que agrega valor, pero ahora el gobernador no se puso a la cabeza del reclamo de la industria santafesina. Hizo alguna declaración aislada", lanzó. La política en Santa Fe de a poco empieza a tensionarse.

La letra chica
Los industriales pusieron manos a la obra para estudiar la letra chica del texto, al que de por sí califican como “confuso en su redacción”. Se lo acercaron tanto al funcionariado del gobierno provincial como a legisladores y legisladoras. El martes por la noche hubo una reunión entre todas las partes de la que participó también Pullaro para definir posturas.

Lo que propone FISFE es que el beneficio de importación para el extranjero que desembarque se circunscriba a la fase de inversión para aquellos bienes y equipos no producidos en el país, y que las exenciones no sean aplicables a la etapa de operación.

Además, el proyecto establece que la estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria se extiende durante los 30 años siguientes de la fecha de adhesión. Algo abusivo, entienden en la entidad industrial, que propone reducir ese lapso a 10 años, con posibilidades de prórroga.

CON INFROMACION DE LETRA P.