Análisis sobre el Nuevo Presupuesto y su Impacto en Santa Fe

La reciente aprobación del presupuesto nacional 2026 es un hito significativo en la administración de Javier Milei, marcando una etapa de gobernabilidad que había estado ausente desde su ascenso al poder. Sin embargo, esta validación también revela tensiones y limitaciones que el nuevo gobierno enfrenta, especialmente en su relación con provincias como Santa Fe.

En primer lugar, es crucial entender que el presupuesto no solo se trata de números, sino de relaciones de poder y compromisos políticos. La inestabilidad que caracterizó al gobierno entre el 10 de diciembre de 2023 y el 26 de octubre pasado fue, en parte, producto de la falta de un presupuesto. Con el reciente respaldo del Congreso, Milei ahora cuenta con una herramienta esencial para llevar a cabo reformas y cumplir promesas electorales. Sin embargo, este "empoderamiento" es, a su vez, una espada de doble filo. Los límites ya han quedado claros: la reforma laboral se ha postergado y el capítulo 11 del presupuesto, que proponía la derogación de leyes clave, fue rechazado. Esto sugiere que el camino hacia las reformas no será tan sencillo como Milei había anticipado.

En este contexto, también es evidente que el gobierno necesita establecer alianzas y negociar, incluso con aquellos partidos que eran considerados adversarios. El acuerdo con el kirchnerismo para compartir la Auditoría General de la Nación es un claro indicio de que, si bien Milei busca una agenda económica liberal, también debe jugar dentro de las reglas de un sistema político interdependiente.

Sin embargo, al mirar la situación de Santa Fe, los desafíos son aún más notorios. El presupuesto no contempla ningún recurso para el sistema previsional de la provincia, y las promesas de infraestructura parecen diluirse ante la realidad del financiamiento. El gobernador Maximiliano Pullaro ha advertido sobre la necesidad de recursos para mejorar las rutas provinciales, destacando que el presupuesto nacional es insuficiente incluso en comparación con las demandas locales. Este hecho agrava aún más la desigualdad regional y pone de manifiesto el desdén que muchas provincias sienten hacia un gobierno que no parece tenerlas en el centro de su agenda.

La decisión de Pullaro de asegurar la autonomía económica para su provincia, a través de medidas como la ley de emergencia previsional y otras negociaciones tributarias, es sin duda acertada. Al garantizarse recursos y no depender del gobierno central, el gobernador se protege de futuros vaivenes políticos y financieros. Sin embargo, esta autonomía podría convertirse en un arma de doble filo si el descontento crece y si la falta de inversiones federales limita el desarrollo provincial.

Lo verdaderamente preocupante es que, al priorizar la autonomía económica, Santa Fe puede quedar aislada políticamente, especialmente si las relaciones con el gobierno nacional se tensan. La falta de recursos para áreas críticas como infraestructura, y el hecho de que el presupuesto no incluya demandas esenciales, evidencian una desconexión creciente entre la administración central y las provincias.

En resumen, el presupuesto 2026 y su impacto en Santa Fe subrayan la complejidad del nuevo escenario político en Argentina. Si bien Milei ha dado un paso crucial para establecer una gobernabilidad más sólida, las respuestas a las demandas provinciales, como las de Santa Fe, siguen siendo insuficientes. La clave estará en cómo el gobierno maneje estas diferencias y si logra encontrar un equilibrio entre su agenda reformista y las necesidades reales de las provincias. En un sistema democrático, escuchar y atender las demandas regionales es tan crucial como la implementación de políticas económicas. Queda por ver si Milei y su administración están dispuestos a flexionar su enfoque para construir un futuro más inclusivo.