Vanina Biasi irá a juicio oral por incitación a la discriminación tras mensajes en redes sociales

• Rafecas elevó a juicio oral la causa contra Vanina Biasi por incitación a la discriminación
• La Cámara Federal ya había confirmado el procesamiento de la legisladora porteña
• La acusación se basa en mensajes en redes sociales considerados antisemitas
• La causa se encuadra en la Ley 23.592 contra actos discriminatorios
• El juez advirtió sobre los riesgos sociales de los discursos de odio
• El juicio oral pondrá en debate libertad de expresión y protección contra la discriminación

El juez federal Daniel Rafecas resolvió elevar a juicio oral la causa contra la legisladora porteña Vanina Biasi, procesada por el delito de incitación a la discriminación a raíz de una serie de publicaciones realizadas en la red social X que fueron consideradas de carácter antisemita. Con esta decisión, quedó clausurada la etapa de instrucción y el expediente ingresó en su tramo decisivo, luego de que la Cámara Federal confirmara el procesamiento y avalara la continuidad del proceso penal.

En su resolución, Rafecas rechazó los planteos de la defensa, que había solicitado el sobreseimiento de la imputada y se había opuesto a la elevación a juicio. Según sostuvo el magistrado, no se incorporaron argumentos novedosos ni elementos de prueba capaces de modificar el criterio ya adoptado durante la investigación. En ese sentido, subrayó que el proceso penal se estructura en etapas sucesivas y que es precisamente en el juicio oral donde deben debatirse en profundidad las eventuales controversias probatorias y los alcances de la conducta atribuida.

El fallo remarca que los fundamentos que dieron lugar al procesamiento de Biasi se encuentran suficientemente acreditados en esta instancia y que ya fueron confirmados por la Sala I de la Cámara Federal. En particular, Rafecas citó los pronunciamientos de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, quienes consideraron que las expresiones difundidas en redes sociales excedieron los márgenes legalmente protegidos por la libertad de expresión y configuraron, al menos de manera preliminar, una conducta discriminatoria dirigida contra la comunidad judía.

La acusación contra la legisladora se encuadra en el artículo 3 de la Ley 23.592, que reprime los actos de discriminación y la incitación al odio por motivos religiosos, étnicos o nacionales. De acuerdo con el expediente, los mensajes publicados fueron analizados en su contexto, alcance y potencial impacto social. Para el juez, no se trata de expresiones aisladas ni meramente opinativas, sino de manifestaciones que podrían generar un riesgo concreto de afectación a derechos fundamentales de un colectivo determinado.

Durante la etapa de instrucción, tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal solicitaron la elevación a juicio. La querella, representada por la DAIA, sostuvo que las publicaciones investigadas reproducen estereotipos y consignas históricamente asociadas al antisemitismo y que, en el contexto actual, contribuyen a la propagación del odio. Por su parte, el fiscal consideró acreditada la materialidad de los hechos y la responsabilidad prima facie de la imputada, lo que tornaba procedente la realización del debate oral.

Uno de los ejes centrales del fallo de Rafecas es la advertencia sobre los discursos de odio y su potencial derivación en hechos de violencia. El magistrado señaló que este tipo de manifestaciones no pueden ser analizadas de manera fragmentaria ni descontextualizada y recordó antecedentes traumáticos de la historia argentina, como los atentados contra la Embajada de Israel en 1992 y la AMIA en 1994. También mencionó episodios recientes ocurridos en otros países, donde ataques violentos fueron precedidos por la circulación sistemática de mensajes de odio, en un fenómeno que calificó como global.

El juicio oral quedó radicado en el juzgado federal a cargo de Marcelo Martínez de Giorgi, quien fue sorteado para intervenir en la causa. En esa instancia se escucharán los argumentos de la acusación y la defensa, se producirán las pruebas ofrecidas y se determinará si corresponde o no una condena. La elevación a juicio abre así un escenario de fuerte impacto político y jurídico, al involucrar a una dirigente electa y poner bajo escrutinio judicial su conducta en el espacio digital.

Con el inicio del debate oral, el caso volverá a poner en tensión dos principios centrales del sistema democrático: la libertad de expresión y la obligación del Estado de prevenir y sancionar la discriminación. Un equilibrio delicado que, una vez más, quedará en manos de la Justicia.