


Paritaria estatal: aumento, bono y una interna sindical que vuelve a tensionar el cierre del año
POLÍTICA Agencia de Noticias del Interior
- El Gobierno otorgó un aumento del 2% y un bono de $50.000 a estatales
- UPCN firmó el acuerdo y destacó el incremento acumulado del 9,68%
- ATE rechazó la paritaria y denunció una fuerte pérdida salarial
- Aguiar acusó al Gobierno de ajustar sobre los ingresos del sector público
- El gremio opositor anunció posibles medidas de fuerza
- La interna sindical volvió a marcar la negociación salarial estatal
El Gobierno nacional acordó un nuevo aumento salarial para los trabajadores estatales que contempla una suba del 2% para este mes y el pago de un bono de $50.000. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, la decisión volvió a exponer la profunda división entre los sindicatos que representan al sector público nacional. Mientras la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) convalidó la propuesta oficial, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) la rechazó con dureza y anticipó un escenario de mayor conflictividad.
El entendimiento fue firmado por UPCN, el gremio conducido por Andrés Rodríguez, quien además ocupa la secretaría adjunta de la CGT. Desde esa organización destacaron que el incremento acordado permite llevar el aumento acumulado entre junio y diciembre al 9,68%, en línea —según su mirada— con el objetivo de sostener los ingresos en un contexto de restricciones fiscales y desaceleración económica.
La lectura de ATE fue diametralmente opuesta. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, calificó el acuerdo como una “paritaria miserable” y cuestionó tanto el porcentaje de aumento como el alcance del bono extraordinario. “El regalo para estas fiestas fue un aumento que no alcanza ni siquiera para la sidra y el pan dulce”, sostuvo, al tiempo que advirtió que los estatales cerrarán el año con una pérdida significativa frente a la inflación.
Aguiar aseguró que durante 2025 los salarios del sector público quedaron 14 puntos por debajo de la evolución de los precios y afirmó que, desde la asunción de Javier Milei, los trabajadores estatales perdieron el equivalente a cuatro salarios completos. En ese marco, apuntó directamente contra UPCN por avalar el acuerdo y sostuvo que el gremio “ya es socio de la motosierra”, en referencia al ajuste impulsado por el Gobierno.
El dirigente de ATE también cuestionó el rumbo económico general y sostuvo que el equilibrio fiscal se está logrando “a costa de un grave deterioro de las condiciones de vida” de los empleados públicos. Según su diagnóstico, mientras los salarios pierden poder adquisitivo, el Ejecutivo avanza en rebajas impositivas y beneficios para grandes empresas, sectores exportadores y consumos de alto poder adquisitivo. “Se consolida una Argentina binaria, donde los beneficios son para los ricos y para los trabajadores no queda nada”, afirmó.
Desde el sindicato opositor al acuerdo también pusieron el foco en las proyecciones inflacionarias. De acuerdo con estimaciones privadas y datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central, la inflación de diciembre se ubicaría en torno al 2,2%. Con esos números, ATE calculó que 2025 podría cerrar con una suba de precios del 30,7%, frente a una paritaria acumulada del 17,1%, lo que implicaría una pérdida de más de 13 puntos porcentuales. En términos más amplios, el gremio aseguró que la caída del poder adquisitivo desde el cambio de gobierno ya supera el 42%.
Ante ese panorama, ATE reclamó un ingreso mínimo de $2.000.000 y una suma fija de $400.000 como mecanismo de recomposición urgente. Además, anunció la convocatoria a plenarios y asambleas para definir un plan de acción y posibles medidas de fuerza, con la advertencia de que el inicio del próximo año podría estar marcado por conflictos en la administración pública.
Desde UPCN, en cambio, relativizaron el rechazo de ATE y señalaron que el gremio opositor firmó el acta “en disidencia”. Según fuentes sindicales, esa modalidad les permitiría acceder al cobro de las cuotas solidarias, una práctica habitual en este tipo de negociaciones, aunque la aclaración no hizo más que profundizar la disputa entre ambas organizaciones.
El acuerdo actual se suma a una serie de incrementos escalonados definidos desde agosto, con subas mensuales que oscilaron entre el 1,1% y el 1,3%, además de sumas fijas extraordinarias pagadas durante el segundo semestre. En ese marco, la nueva paritaria vuelve a mostrar que, más allá del porcentaje acordado, la discusión salarial en el Estado sigue atravesada por tensiones políticas, sindicales y económicas que permanecen lejos de resolverse.







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