Repudio y pedidos de expulsión tras burlas de una diputada a los vuelos de la muerte

• Lilia Lemoine se burló de los vuelos de la muerte durante un programa de streaming.
• Las declaraciones generaron un rechazo generalizado de organismos de derechos humanos.
• Familiares de víctimas anunciaron una denuncia penal por apología del delito.
• También exigieron la expulsión de la diputada de la Cámara de Diputados.
• Consideran que los dichos reivindican el terrorismo de Estado y banalizan crímenes de lesa humanidad.
• El episodio reavivó el debate sobre memoria, límites del discurso y responsabilidad institucional.

Las declaraciones de la diputada nacional Lilia Lemoine, integrante del bloque de La Libertad Avanza, desataron un amplio rechazo político y social luego de que se burlara de los llamados vuelos de la muerte, uno de los métodos más emblemáticos del terrorismo de Estado durante la última dictadura militar. Las expresiones, realizadas en un programa de streaming, motivaron comunicados de repudio, pedidos de expulsión del Congreso y el anuncio de una denuncia penal por apología del delito.

Durante la transmisión, Lemoine ironizó sobre la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas al afirmar: “Si hubiéramos querido hacer eso, hubiéramos adquirido más Hércules y no F-16”. En ese intercambio, uno de los conductores agregó que “hay tres Hércules en funcionamiento”, a lo que la legisladora respondió: “Con eso nos alcanza”. Aunque luego guardó silencio, acompañó con gestos y risas los comentarios posteriores de los panelistas.

El tono del programa se agravó cuando otro de los participantes lanzó frases que aludieron tanto a los vuelos de la muerte como al caso de Santiago Maldonado, con expresiones que fueron interpretadas como una burla directa a las víctimas del terrorismo de Estado y a sus familiares. La participación de la diputada en ese contexto fue considerada por organizaciones de derechos humanos como una validación de dichos discursos.

Las reacciones no tardaron en llegar. Familiares de víctimas y organismos históricos del movimiento de derechos humanos emitieron comunicados en los que repudiaron las declaraciones y exigieron sanciones institucionales. Entre ellos se manifestaron agrupaciones como Familiares de los 12 de Santa Cruz e HIJOS, que calificaron los dichos como una “apología del terrorismo de Estado” y una afrenta a la memoria colectiva.

En paralelo, anunciaron la presentación de una denuncia penal por presunta violación del artículo 213 del Código Penal, que sanciona la apología del delito. Según argumentaron, las expresiones no solo banalizan crímenes de lesa humanidad, sino que además reivindican prácticas que forman parte de uno de los capítulos más oscuros de la historia argentina.

Los organismos también reclamaron que la Cámara de Diputados avance con un proceso de expulsión de la legisladora. En ese sentido, recordaron antecedentes recientes que, a su juicio, no recibieron sanción, como la visita de un grupo de diputados oficialistas a represores condenados. “Hemos pasado de la falta de sanción a una abierta reivindicación del terrorismo de Estado, algo que no puede ser admitido ni naturalizado por el cuerpo legislativo”, señalaron en uno de los documentos difundidos.

El episodio vuelve a tensar la relación entre el Gobierno y los organismos de derechos humanos, en un contexto en el que distintos referentes del oficialismo han cuestionado políticas de memoria, verdad y justicia. Para sectores críticos, este tipo de declaraciones no son hechos aislados, sino parte de un clima discursivo que relativiza o desacredita los crímenes cometidos por la dictadura.

Desde el Congreso, hasta el momento, no se habían anunciado medidas formales contra la diputada, aunque el tema promete escalar en la agenda parlamentaria. La eventual expulsión requeriría un proceso complejo y mayorías especiales, pero el debate ya quedó instalado.

Más allá de las derivaciones judiciales o institucionales, el caso reabrió una discusión sensible sobre los límites del discurso público, la responsabilidad de los representantes electos y el lugar que ocupa la memoria histórica en la vida democrática argentina.