Incendios, penas más duras y un debate incómodo: el nuevo Código Penal que prepara Milei

• La reforma del Código Penal fue postergada para su tratamiento en sesiones ordinarias.
• El Gobierno prevé endurecer penas por incendios intencionales, especialmente forestales.
• Las condenas superarían los tres años para evitar la excarcelación.
• Existe un debate interno sobre la incorporación de la figura de “ecocidio”.
• El Ejecutivo busca desmarcarse de una agenda ambiental y enfatizar el castigo penal.
• El nuevo Código tendrá más de 900 artículos y apunta a una política criminal más dura.

La reforma integral del Código Penal se mantiene como uno de los proyectos estructurales del gobierno de Javier Milei, aunque su tratamiento legislativo fue postergado deliberadamente. El Presidente habilitó la suspensión del debate durante el período de sesiones extraordinarias con el objetivo de profundizar la redacción del articulado y reservar la discusión para el año legislativo ordinario. La decisión, lejos de enfriar la iniciativa, permitió avanzar en definiciones sensibles, entre ellas el endurecimiento de las penas para delitos vinculados a incendios intencionales y otros hechos con impacto ambiental.

En medio de una coyuntura atravesada por incendios forestales de gran magnitud en la Patagonia —con más de 30.000 hectáreas afectadas en Chubut—, la mesa técnica que trabaja en el nuevo Código Penal prevé elevar sustancialmente las condenas para quienes provoquen incendios de manera deliberada, en especial cuando afecten bosques. El reclamo llegó tanto desde la Unión Cívica Radical como desde gobernadores patagónicos, y obligó a la administración libertaria a dar señales concretas, aunque cuidando el encuadre conceptual.

Desde el entorno presidencial insisten en marcar una diferencia: el aumento de penas no estaría formulado como una política ambiental, sino como parte de una estrategia general de endurecimiento penal. “No está enfocado en delitos ambientales”, repiten, aun cuando reconocen que las conductas alcanzadas tendrán impacto directo sobre el ambiente. La prioridad, aseguran, es castigar conductas delictivas sin distinciones ideológicas.

Según fuentes involucradas en la redacción, el proyecto incorporará nuevos delitos para quienes provoquen incendios de manera intencional, lo que incluye expresamente a los bosques. También se avanzará sobre el tráfico de bienes culturales y la explotación minera ilegal. Resta definir la escala de penas, aunque el criterio ya está fijado: las condenas superarán los tres años de prisión para evitar la excarcelación. “No queremos anticipar números, pero van a ser penas altas”, señalan.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, reforzó públicamente esa línea a través de redes sociales. “Prender fuego no es un accidente. Es un delito. En esta Argentina, el que las hace, las paga”, escribió, en sintonía con el mensaje político que busca transmitir el Ejecutivo. Sin embargo, detrás del consenso sobre el endurecimiento de penas, persiste un debate interno más profundo: la eventual incorporación de la figura de “ecocidio”.

El término genera resistencia dentro de la mesa técnica. Si bien no se descarta por completo, varias voces objetan su carga simbólica y conceptual. “Es muy hippie”, deslizó una fuente con acceso directo al despacho presidencial. Otros fueron más explícitos: “No vamos a hablar de ambiente sano ni de esas formulaciones. No somos ambientalistas. Provocás un incendio y vas preso”.

Actualmente, el Código Penal y leyes especiales contemplan delitos ambientales de manera dispersa, pero el ecocidio no está tipificado como figura autónoma. El debate pasa por definir si se lo incorpora explícitamente o si se refuerzan agravantes dentro de delitos ya existentes, como daños agravados en el caso de incendios forestales. “La figura está contemplada, pero no tipificada. Se estudia si se deja abierta para discutirla con la oposición”, explican desde el equipo redactor.

El proyecto se encuentra en su etapa final, con la promesa oficial de concluirlo durante la primera quincena de febrero. En la redacción participan el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; el asesor presidencial Santiago Caputo y la abogada Macarena Alifraco; la jefa del bloque oficialista en el Senado, Patricia Bullrich; el penalista Fernando Soto; y la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, permanece al margen por estar de licencia.

La mesa legal se reúne semanalmente y trabaja sobre un texto que superará los 900 artículos. El objetivo central es intensificar la política criminal, reducir márgenes de discrecionalidad judicial y asegurar el cumplimiento efectivo de las condenas. Por esa razón, Milei resolvió retirar el proyecto del temario de extraordinarias: la reforma penal, en la lógica oficial, requiere tiempo, debate y un escenario político menos saturado.