Seis condenados y un juicio que puede revelar la dimensión de la estafa Spaggiari

La causa que sacudió a Rafaela entra en una nueva etapa. Seis empleados de la inmobiliaria vinculada al Grupo Spaggiari SRL fueron condenados a tres años de prisión de cumplimiento condicional por integrar una asociación ilícita que, según determinó la investigación fiscal, llevó adelante numerosas estafas entre 2019 y 2022.

Los condenados son Myriam Marcela Bravo, Carlos Andrés Ciancia, Cristian Ezequiel Clemenz, Cristian Marcelo Franzetti, Germán Darío Garetto y Gabriel Lorenzo Ulman, todos ellos de entre 42 y 59 años.

La sentencia fue dictada por el juez Gustavo Bumaguin mediante un procedimiento abreviado. La investigación estuvo encabezada por el fiscal Guillermo Loyola, quien sostuvo que los condenados formaban parte de una estructura cuyos principales responsables eran los propietarios de la empresa donde trabajaban.

Pero esta condena es apenas una parte de una causa mucho más grande.

El próximo 8 de octubre comenzará en Rafaela el juicio oral y público contra quienes la Fiscalía señala como los principales responsables de la organización. Y las dimensiones del debate permiten tener una idea de la magnitud que alcanzó la investigación: están previstas las declaraciones de más de 600 víctimas y testigos.

Una promesa de grandes ganancias

Según la acusación, el mecanismo utilizado para captar dinero era relativamente sencillo.

A los potenciales inversores se les ofrecían convenios privados mediante los cuales entregaban pesos o dólares, bajo la promesa de que esos fondos serían destinados a diferentes negocios vinculados con el sector inmobiliario y la construcción.

Entre las actividades mencionadas aparecían inversiones inmobiliarias, fabricación de ladrillos, aberturas y otros productos relacionados con la construcción.

La propuesta tenía un elemento central: prometía rendimientos superiores a los que podían conseguirse en una colocación bancaria y la devolución del capital en plazos relativamente breves.

La confianza de los inversores habría sido un factor determinante. La Fiscalía sostiene que la estructura se aprovechó de la imagen y el reconocimiento público que tenía el Grupo Spaggiari en Rafaela para conseguir que las víctimas entregaran sus ahorros.

La captación se realizaba mediante publicidad y también a través del denominado “boca a boca”.

El dinero era entregado personalmente en las oficinas de la empresa o enviado en efectivo a distintos lugares donde se encontraban integrantes de la organización.

El problema apareció cuando los intereses dejaron de pagarse y los capitales tampoco fueron restituidos en los términos acordados.

Fue entonces cuando comenzaron a multiplicarse los reclamos y la investigación judicial terminó exponiendo una estructura que, de acuerdo con la acusación fiscal, había funcionado durante varios años.

Seis empleados ya fueron condenados

Los seis empleados que fueron juzgados recientemente reconocieron su responsabilidad penal, aceptaron las penas acordadas y prestaron conformidad para que el proceso se resolviera mediante un juicio abreviado.

Fueron condenados como coautores del delito de asociación ilícita en carácter de miembros y como partícipes necesarios de las estafas.

Las víctimas fueron informadas del acuerdo y, en su mayoría, expresaron su conformidad con la resolución. También hicieron lo propio quienes participan de la causa como querellantes.

Pero la causa no termina allí.

El verdadero capítulo comienza en octubre

El jueves 8 de octubre comenzará el juicio oral contra cuatro personas: los dos propietarios del Grupo Spaggiari SRL, la madre de ambos y una empleada.

Para los hermanos identificados como FLS y MGS, el fiscal Loyola solicitó 25 años de prisión efectiva para cada uno. La acusación los ubica como jefes de la asociación ilícita y les atribuye participación en 560 hechos de estafa.

Para la madre, identificada como MOC, la Fiscalía pidió nueve años de prisión efectiva, por su presunta participación como integrante de la asociación ilícita y partícipe necesaria en 132 estafas.

En cuanto a la empleada identificada como CRS, el pedido fiscal es de cinco años de prisión efectiva, por su presunta participación como miembro de la asociación ilícita y partícipe necesaria en 81 hechos de estafa.

Más de 600 testimonios

El juicio promete ser uno de los procesos judiciales de mayor impacto en Rafaela de los últimos años.

El debate se extenderá durante octubre, noviembre y diciembre, con la declaración prevista de más de 600 personas entre víctimas y testigos.

Los alegatos de clausura están previstos para el 21 de diciembre, mientras que la sentencia sería conocida el 28 de diciembre.

El tribunal estará integrado por los jueces Laura Lencina, Nicolás Stegmayer y Juan Gabriel Peralta.

Seis personas ya fueron condenadas. Ahora comienza el juicio que deberá determinar qué responsabilidad tuvieron los principales acusados en una estructura a la que la Fiscalía atribuye cientos de estafas.

Y hay un dato que por sí solo dimensiona la causa: más de 600 personas deberán pasar por los tribunales para contar lo que ocurrió.

La historia judicial del Grupo Spaggiari todavía está lejos de terminar.