Memorándum con Irán: sobreseyeron al ex jefe de Interpol Ronald Noble

JUDICIALES Por Patricia BLANCO
La decisión fue firmada por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, que subroga el juzgado de Bonadio. Esto podría facilitar su declaración como testigo en el juicio oral, una aspiración de las defensas para que se caiga la acusación
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Timerman y Noble, durante la tramitación del Memorándum (archivo)

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi dictó este miércoles el sobreseimiento del ex titular de Interpol Ronald Noble en la causa por el Memorándum con Irán, un expediente que nació con la denuncia del fiscal Alberto Nisman y en donde está acusada la vicepresidenta Cristina Kirchner por encubrir la investigación del atentado a la mutual judía AMIA. “Resulta claro que, de las constancias incorporadas, no se desprende que las personas mencionadas (entre ellos Noble) hayan contribuido en la realización de la maniobra investigada en la presente causa”, dijo el juez en la resolución.

La decisión de Martínez De Giorgi viene a aliviar la situación de Noble en el caso del Memorándum, justo cuando el Tribunal Oral Federal 8, que tiene en sus manos llevar adelante el debate oral, llamó a ese ex secretario general de Interpol a declarar como testigo y la propia Interpol planteó reparos sobre cómo iba a desarrollarse ese interrogatorio. Es que la policía internacional advirtió que Noble tiene inmunidad diplomática, aún cuando ya se haya retirado de su puesto. La declaración iba a concretarse el pasado 8 de octubre, pero se postergó sin fecha prevista aún a la espera de la autorización de Interpol.

El propio Noble escribió en Twitter que las autoridades de la organización de policía internacional bloquean la posibilidad de que pueda presentarse a atestiguar en la causa del Memorándum con Irán. E insistió en que ningún integrante del gobierno de Cristina Kirchner -y por supuesto, tampoco Héctor Timerman- hicieron gestiones para levantar las órdenes de captura con alertas rojas.


Para las defensas, la declaración de Noble es clave porque permitirá demostrar que las alertas rojas de los iraníes prófugos por la masacre de la mutual judía no estuvieron en juego con la firma del pacto entre Argentina e Irán que impulsó el gobierno de Cristina Kirchner.

Si bien el propio fiscal Marcelo Colombo había dejado en claro que el ex funcionario de Interpol no estaba imputado en la causa, una de las querellas –la de los familiares de las víctimas- promovía que se lo siguiera investigando en la causa que quedó abierta en el juzgado que comandó el juez Claudio Bonadio.


Es así que ahora el juez Martínez De Giorgi decidió definir la situación procesal de las personas que habían quedado con falta de mérito y seguían vinculadas al proceso, pero también sobre Noble, que hasta ahora nunca había sido convocado por la justicia argentina. “No se vislumbran nuevos elementos de prueba por incorporar que pudieran arrojar luz, en cuanto a su responsabilidad de las personas mencionadas, en los sucesos investigados en estas actuaciones”, se añadió.

Además de Noble, fueron so ex funcionarios o encargados diplomáticos como Luciano Tanto Clement, Jose Alberto Mercado, Alberto Pedro D’Attolo, Susana Myrta Ruiz Cerutti, Federico Martinsen, Christian Raff y Roberto Porcaro. También quedó sobreseído el ex juez Héctor Yrimia (acusado en la denuncia inicial del fiscal Alberto Nisman).

A Irimia se lo acusó porque “de las comunicaciones mantenidas entre Jorge Khalil y Fernando Esteche, de las cuales se desprendería que contribuiría con información para inventar una nueva hipótesis sobre los responsables del atentado, con apoyo en elementos que ya se encuentran incorporados a la causa, toda vez que fue designado el día del atentado junto a otros fiscales para actuar en forma conjunta, alterna o sucesiva en la causa AMIA”.

Sin embargo, Martínez De Giorgi aseguró que “de la compulsa de los correos electrónicos obrantes en autos, como así también el entrecruzamiento telefónico dispuesto, no arrojaron elementos de interés que permitan vincularlo con el resto de las personas imputadas en el desarrollo de la maniobra investigada”. Y añadió: “tampoco se logró establecer un vínculo entre él y la Secretaría de Inteligencia. Así surge del informe presentado por el organismo, según el cual YRIMIA no se desempeñó como personal de planta permanente, contratado, de gabinete ni personal transitorio”.

La causa es consecuencia de la denuncia que motorizó Alberto Nisman, antes de aparecer muerto el 18 de enero de 2015 en el baño de su departamento, con un tiro en la cabeza. La justicia investiga su crimen como un asesinato en el marco de la función que ocupaba.

Cuatro días antes de su muerte, Nisman había radicado una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner y varios de sus funcionarios. Aseguró que el Memorándum firmado en 2013 con Irán era en realidad un plan de impunidad para que los iraníes acusados de ser los ideólogos del atentado contra la mutual judía -que mató 85 personas- quedaran impunes. En ese momento, el entonces canciller Héctor Timerman, también denunciado desmintió esa acusación y aseguró, citando comunicaciones con Ronald Noble, que las alertas rojas nunca estuvieron en peligro.


Tras idas y vueltas, la denuncia de Nisman finalmente se abrió y el fallecido juez Claudio Bonadio avanzó con la investigación hasta que el 7 de diciembre de 2017 procesó y mandó detener a varios de los acusados. Los acusados fueron Cristina Kirchner -por entonces senadora y con fueros-, el ex canciller Héctor Timerman -que tuvo arresto domiciliario por razones de salud-, el ex secretario legal y técnico Carlos Zannini -hoy Procurador del Tesoro-,el piquetero Luis D’Elía, el ex jefe de Quebracho Fernando Esteche y el lobbista iraní Jorge Khalil.

Sin prisión preventiva, fueron procesados el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli, hoy senador; la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona; el ex funcionario del Ministerio de Justicia Juan Mena, que hoy es viceministro de esa área; el diputado nacional Andrés Larroque, ahora a cargo de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires; el ex vicecanciller Eduardo Zuain y el agente de inteligencia Alan Bogado.

A todas las acusaba de encubrimiento y traición a la Patria. Cristina Kirchner no fue presa porque en octubre de 2017 se había convertido en senadora y tenía fueros. Precisamente, sobre eso habló la ex presidente en su indagatoria en el juicio oral en la causa de Vialidad. En tanto, a Timerman (ya fallecido) se le concedió la prisión domiciliaria por razones de salud.

La Cámara Federal confirmó los procesamientos (sin la figura de traición a la Patria) y las detenciones ese mismo diciembre de 2017. En enero, el entonces juez Torres le concedió la libertad a Timerman para que pudiera viajar al exterior a tratarse de una enfermedad terminal. El caso pasó rápidamente a un tribunal oral. El 24 de marzo de 2018, fueron liberados Zannini, D’Elía y Khalil por orden del TOF, que contaron con el aval de la fiscalía porque no había riesgos de fuga ni entorpecimiento. El único que quedó preso fue Esteche, ex líder de Quebracho, por una condena previa. Sin embargo, salió en libertad después de las PASO cuando estaba por cumplir dos años de preventiva.

Todos ellos están ahora acusados y esperan saber si deberán ir al banquillo. Entienden que con la declaración testimonial de Noble la causa quedará al borde del cierre. El TOF 8, sin embargo, tiene previsto escuchar no solo a Noble sino también a Joel Sollier, del área legales de Interpol en aquel momento.

Ademas, los jueces Gabriela Lopez Iñíguez, José Michillini y Daniel Obligado decidieron fijar una audiencia para el 14 de diciembre con el fin de poner fecha al juicio oral. Ya aceptaron a más de 300 personas como testigos, entre los que figuran el ex espía Horacio “Jaime” Stiuso, el ex juez Rodolfo Canicoba Corral y el actual juez y candidato a procurador Daniel Rafecas, junto a legisladores que analizaron el Memorándum como el ex senador Miguel Ángel Pichetto y el diputado del PRO Waldo Wolff y la ex jefa de la OA Laura Alonso. También figuran ex funcionarios como Aníbal Fernández, Julio de Vido y Ricardo Echegaray. O el radical Mario Cimadevilla, que estuvo al frente de la UFI-AMIA durante el gobierno de Mauricio Macri y terminó yéndose en medio de polémicas por la posición de esa querella en el juicio del encubrimiento de AMIA. Habían reclamado la citación del presidente Alberto Fernández –llamado a declarar por Bonadio cuando el caso ya había sido elevado a debate–, pero el TOF no hizo lugar a la solicitud.

Fuente: Infobae

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