Un proyecto para que se terminen los negociados con los medicamentos en Santa Fe

POLÍTICA 16 de noviembre de 2022 Por Agencia de Noticias del Interior
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Felipe Michlig, autor de la iniciativa

La Legislatura tiene en tratamiento un proyecto de ley que, de aprobarse, provocará un cambio radical en el sistema de compras de medicamentos por parte del Estado provincial. El cambio de fondo implica reemplazar el actual sistema descentralizado, por el cual cada hospital licita los medicamentos que necesita, por un sistema de compra, administración y provisión centralizado, tanto en lo operativo como en lo tecnológico.

El proyecto titulado “Plan Provincial de accesibilidad ciudadana a los medicamentos” deja abierta la puerta al gerenciamiento privado de la provisión, administración y distribución para hospitales, centros de atención primaria y Samcos y prevé que en el paquete ingresen también la gestión de medicamentos del Laboratorio de Industrias Farmacéuticas y Iapos, la obra social del Estado provincial. Justamente Iapos funciona con un sistema así desde 1991: la gestión de medicamentos para sus afiliados de toda la provincia está privatizada (incluso la atención de reclamos de afiliados los atiende el propio gerenciador) por medio de un convenio con el Colegio de Farmacéuticos de la Primera Circunscripción. El proyecto incluso habilita a que las farmacias privadas oficien como boca de expendio de los medicamentos.

 “Para nada promovemos un gerenciamiento privado”, defendió el proyecto el senador por San Cristóbal y presidente de la UCR Felipe Michlig, autor de la iniciativa. “En todo caso después se verá con qué procedimientos y transparencia se realizan los actos de gobierno. Después, que haya gobiernos que busquen negocios… no tiene por qué hacer modificar una ley. Nosotros buscamos más eficiencia. Hoy la provisión de medicamentos a ciudadanos que carecen de obra social es ineficiente, ineficaz, descoordinada, disfuncional y con dificultades importantes para ser conducida en forma integral”, explicó al votarse la media sanción y focalizó en hospitales con “capacidad de autogestión” que compran “en unos casos con planificación y buenas prácticas administrativas, y en otros casos con baja planificación, mediante compras directas invocando urgencias”.

 El proyecto fue aprobado por unanimidad en el Senado provincial en julio pasado y en Diputados pasó en un día por la comisión de Salud que preside la diputada Silvia Ciancio e ingresó este martes a la de Presupuesto y Hacienda, que preside el también radical Fabián Bastía.

Los puntos básicos de la reforma son los siguientes:

Creación de una Unidad Ejecutora que tendrá a “su cargo la implementación, operación, gestión y seguimiento” de la compra centralizada y que será dirigida en forma conjunta por los ministros de Economía y de Salud. Sin embargo, la estructura orgánica estará a cargo de Economía, con lo cual en la práctica pasará a tener la llave maestra del sistema.
Entre las atribuciones que se le dan a la Unidad Ejecutora está “convenir con entes públicos, Universidades Nacionales e Institutos, con el Instituto Autárquico de la Obra Social (IAPOS) y con colegios farmacéuticos y/o médicas, el desarrollo, elaboración o ejecución de estudios, proyectos de gestión y/o tecnológicos para la implementación y cumplimiento de los fines del programa”.
Otra atribución: “Hacer uso de los mecanismos tecnológicos y operativos ya existentes en otras áreas del Estado Provincial y/o sus organismos descentralizados, para lo que podrá celebrar los convenios de colaboración y articulación que sean necesarios”.
Llevar adelante, por sí o mediante la contratación con terceros, los servicios de logística y/o distribución de medicamentos para el sector público. En los considerandos, se especifica que “para garantizar el pleno acceso a los medicamentos resulta indispensable contar con múltiples efectores, no solamente los actualmente establecidos (hospitales y SAMCO), siendo las farmacias, en virtud de su régimen legal y prestación de servicio, los sujetos con las características y requisitos adecuados para constituirse como tales”.
Se crea una comisión de monitoreo, integrada por un diputado y un senador, que tiene atribuciones para requerir información a la Unidad de Gestión y sus distintas áreas.
Las dudas

Los alcances e implicancias del proyecto, generaron preocupación en el sistema de salud. Por un lado, porque ven que implica pasar la compra de medicamentos al Ministerio de Economía en una medida que afecta directamente al Ministerio de Salud, pierde poder de decisión en un área esencial para las prestaciones de salud. Por el otro lado porque entienden que abre la puerta al gerenciamiento privado, y más específicamente se menciona al lobby del Colegio de Farmacéuticos de la Primera Circunscripción de quien hasta se dice “que inspiró y aportó letra al proyecto”, cuestión que Michlig niega.

 Como se dijo, el Colegio de Farmacéuticos, que tiene jurisdicción en el centro y norte de la provincia, gestiona desde tiempos históricos el convenio con Iapos para los 550 mil afiliados. Eso significa administrar una caja de cercana a 20 mil millones de pesos de dineros públicos para 2022.

 En hospitales y otras áreas del Ministerio creen que “ahora van por la gestión del resto de los medicamentos del sector público, dejando de lado al área farmacéutica del Ministerio de Salud”, porque es el único que tiene “los mecanismos tecnológicos y operativos ya existentes en otras áreas del Estado Provincial y/o sus organismos descentralizados”.

 Como viene contando el periodista José Curiotto en AIRE desde el año pasado, ese sistema de gerenciamiento privado lejos está de a panacea. Son recurrentes las quejas de los afiliados, pero también hay innumerables cuestionamientos entre las propias farmacias, mutuales y droguerías que proveen, tanto por las comisiones que se cobran como por demoras en pagos.

 Las fuentes consultadas pidieron hablar off de the record a la espera de que el Ministerio de Salud de la provincia fije posición oficial sobre el proyecto. De hecho aseguraron que tampoco fue consultado, ni hay posicionamiento de parte de las autoridades del LIF, que sería afectado en sus actuales facultades.

 AIRE se comunicó con la ministra de Salud Sonia Martorano. Declinó opinar porque todavía no fueron consultados ni se les pidió opinión, aunque admitió que “vio por arriba, sin detalle” el proyecto. Ante la insistencia periodística se limitó a decir que “si lo que se quiere es generar herramientas necesarias que puedan minimizar los procesos de compra y no burocratizarlos y lentificarlos, y que además generen mayor transparencia, podría ser positivo”.

Con respecto a incorporar las farmacias como boca de expendio de los medicamentos del sector tiene una doble dimensión. Si bien podría significar ampliar horarios de atención y resolver algunas aspectos que el actual sistema no tiene bien aceitados, sobre todo en comunidades más chicas y alejadas, a nadie se le escapa que mandar los pacientes a retirar remedios a farmacias privadas genera comisiones de gestión o por lo menos mayor volumen de comercialización, además de dirigir un flujo de potenciales clientes hacia ese negocio que de otra manera no irían. Algo similar a lo que ocurrió con la operatoria en exclusividad de Billetera Santa Fe que le permitió al Banco de Santa Fe captar miles de nuevos clientes comerciales, multiplicar transacciones e incrementar flujo financiero.

El proyecto según su autor
“Que haya especulación o suspicacias o dudas pueden ser, pero el objetivo nuestro es un salto de eficiencia y organización en la compra, planificación y provisión de los mecanismos a la población”, insistió Michlig.

 Entre las críticas al sistema actual dijo que “el sistema actual en muchos casos no hay trazabilidad, no hay planificación, muchos medicamentos no están disponibles, los costos son superiores, y uno puede pensar que ahí siempre hay algún beneficiado. Por eso proponemos una unidad ejecutora que centralice como forma de que la masa de medicamentos se adquiera con los precios adecuados, bajando costos y teniendo el stock adecuado. Muchas veces los efectores de menor magnitud quedan en inferioridad de condiciones a la hora de lograr comprar los medicamentos necesarios”.

Fuente: Aire de Santa Fe, sobre una nota de DAVID NARCISO

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