El destino de Vicentin: ¿sociedad mixta o estafa consumada?

OPINIÓN Por JAVIER GATTI*
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La quiebra fraudulenta por vaciamiento y con fines de adjudicación directa del Grupo Vicentin a la trasnacional Glencore podría concretarse en el transcurso de 2023, más allá que la posibilidad de salvataje de la empresa (técnicamente denominado cram down, según el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras). Las alternativas en torno el mayor default de la historia santafesina, que incluyó un fallido intento de “declaración de utilidad pública” por parte del gobierno nacional y una intervención “superadora” por parte del gobierno de Santa Fe para evitar la estatización, ocupó las primeras planas de la prensa gráfica y fue trending topic en redes informativas desde junio 2020 hasta fines de ese año, cuando el asesor presidencial Ricardo Forster le confiaba a este escriba que “yo creo que (el presidente) es consciente de que el problema Vicentin tuvo sus costos y aún se están pagando. El efecto negativo Vicentin debilitó la capacidad de interpelación de Alberto en relación a la base propia, ese mundo indispensable a la hora de imaginar la estabilidad del gobierno y el triunfo en las elecciones de medio término”. Elecciones que se perdieron, pero son muchas las razones que explican la pérdida de credibilidad y poder del presidente, hasta tener que soportar el mote que su vicepresidenta le puso al Frente de Todos: Agrupación Amague y Recule.
 
El grupo, cuya estructura offshore el gobierno desconocía al momento de decidir la fallida estatización, estafó a productores, cooperativas y bancos públicos y privados en u$s1.574 millones y al día de hoy no se ha resuelto ni el cobro de créditos de sus acreedores –entre los que se encuentra el Banco Nación como acreedor privilegiado, con el 20% del total concursado–, ni la mantención de los puestos de trabajo (más de 2.000 directos y 3.400 indirectos), ni el destino final de la empresa. Entre el juez de Reconquista Fabián Lorenzini y el nuevo directorio (Scarel, Foschiatti y Bougain) lograron prácticamente lo mismo que Juntos por el Cambio (ex Cambiemos) y otros a nivel nacional: que transcurran más de tres años sin que el Frente de Todos pueda impulsar ningún cambio significativo, a la espera del retorno de un gobierno especializado en estafas de gran porte, del que Vicentin fue socio y aportante de campaña, con $19 millones a través de las empresas Algodonera Avellaneda, Friar y Oleaginosa San Lorenzo.

A fines de noviembre 2022, la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe rechazó el pedido de avocamiento que había esperanzado a los partidarios de impulsar una sociedad mixta con participación estatal y a otros jugadores privados de peso, como el corredor de granos Mariano Grassi, asociado a Gustavo Scaglione (Grupo La Capital) y el poderoso buffet Casanova-Mattos-Salvatierra. La devolución del expediente al juez del concurso no fue en los mismos términos en que lo tomó, porque Daniel Erbetta y Rafael Gutiérrez le recomiendan desestimar el plan de reestructuración presentado por el directorio de Vicentin, acordado con el 61% de los acreedores y que perjudica gravemente al resto y no cuenta con el aval de quien tiene “la bala de plata” para impugnarlo: el Banco Nación por los $18.500 millones que reclama y que desestimó ofertas de cancelación con quitas y plazos inaceptables, que constituirían otro grave perjuicio al patrimonio de un banco que es también de todos los argentinos.

 El asesor jurídico del Banco Nación en este concurso, Manuel Cuiñas Rodríguez, le confió a AIRE que “los jueces de la Corte santafesina le cambiaron la cancha a Lorenzini, le dicen implícitamente que el acuerdo presentado no se puede aprobar, me parece que la vía del cram down que reclamamos nosotros y otros acreedores privados es la que se debería imponer”. Pero ese salvataje no incluye necesariamente al Estado a través de YPF Agro y otra modalidad de capitalización de acreencias, a menos que Silvina Batakis en nombre del Directorio del Banco le reclame a Lorenzini que resuelva por esa opción o que –de persistir en la reestructuración impulsada por el directorio– pida la quiebra de la empresa, con los costos políticos que eso supone para un gobierno remiso a afrontar desafíos políticos importantes (excepto el flamante juicio político a la Corte Suprema, primer iniciativa parlamentaria que se impulsa a despecho de los números para concretarla), menos en un año de elecciones ejecutivas.

Viterra es Glencore y Glencore es un Pac Man multinacional
Javier Ortega es doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno y docente de la Universidad Nacional de Avellaneda, asesor legal del Estado en la primera parte de la intervención fallida y, junto a David Shapiro, profesor de la Universidad de Nueva York y ex fiscal en los Estados Unidos, publicaron el libro “Empresa global y ganancias privadas: cómo los ciudadanos y el interés público están siendo estafados”, donde el caso Vicentin-Glencore está minuciosamente presentado. Ortega investigó a Glencore, una trasnacional suizo-británica que irrumpió en el mercado en los 80 y cuyo fundador, Marc Rich, estuvo 20 años prófugo de la Justicia norteamericana por fraude fiscal financiero y lavado de activos. Glencore además facturó u$s316 mil millones en 2019, cuenta con 152 mil empleados en todo el mundo y tiene una flota superior en número a la armada británica.

Ortega asegura que el derrotero judicial de Vicentin conduce a una cesión de activos a Glencore, sin poner un centavo y le explicó a Tiempo Argentino una secuencia que hay que seguir:

 “Vicentin es propietario de la mitad de Renova, que es la mayor planta extrusora de soja del mundo, a la vera del río Paraná, en Timbúes, Santa Fe. La otra mitad es de Glencore, que no se presenta con su nombre, sino con sociedades que a su vez Glencore domina. En este caso, Viterra. El 4 de diciembre de 2019 Vicentin se declara en default ante la opinión pública. Dos días antes le vende el 16,67 % de las acciones de Renova a una empresa de los Países Bajos que se llama Renaico. Cuando vas a investigar quién es Renaico, te das cuenta de que Renaico tiene un dueño: Glencore. Con lo cual Glencore, a través de Renaico y de Viterra, ya poseía las dos terceras partes de Renova. Y la restante le queda a Vicentin, pero ¿qué es lo que hace Vicentin? En los primeros días de enero de 2020, antes de presentarse formalmente en concurso preventivo, se los da en uso a Viterra que es Glencore, con lo cual al día de la fecha Glencore ya te controla el 100% de Renova. ¿Cuál es el efecto que esto tiene en el mercado de las exportaciones agropecuarias de Argentina? Que hoy el primer exportador de aceite vegetal de la Argentina se llama Glencore. Renova tiene instalaciones fabriles con tecnología de punta donde descargás el poroto de soja por un lado del edificio. Y por otro lado tenés un brazo, tubo donde sale y ya cae esa soja hecha harina o aceite, directamente en el barco. Porque, como está en la vera del Paraná, el barco atraca, se lleva la harina y sale por el río Paraná. Es súper eficiente y tiene una capacidad de molienda que no tiene ninguna empresa, ni en Europa ni en Estados Unidos”.

 Si el Estado nacional, que ya amagó dos veces con los eufemismos del rescate, y el Banco Nación no fuerzan una solución favorable del concurso para los intereses nacionales, está todo dado para que se consume la venta fraudulenta a favor de una de las mayores corporaciones globales asociadas a diversos delitos (está en los Panamá Papers) y a la que los precios de los alimentos, la restricción externa y la soberanía alimentaria argentinas le importan poco y nada.

*Para Aire de Santa Fe

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