Entre la intransigencia de Milei y las negociaciones del ala política

Hasta anoche, horas antes del inicio del debate en las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, desde el seno del gobierno ya se habían aceptado cambios en el rubro biocombustibles y en el régimen federal de pesca, y se conversaba por otra tanda de modificaciones requeridas desde un sector de Juntos por el Cambio, de la Coalición Cívica y del peronismo no kirchnerista para acompañar el proyecto de Ley Ómnibus, a pesar de la resistencia pública de Javier Milei que denunció, por segunda vez, a los legisladores que “quieren coimear” para introducir correcciones en el texto.

“Es un gran jugador, y tiene la difícil misión de lidiar con la política”, dijo el domingo el presidente por Radio Mitre. Se refería a Guillermo Francos, el ministro del Interior, uno de los gerentes, de los pocos, del ala política -y dialoguista- del gobierno, y el receptor, junto a Martín Menem, del paquete de reclamos parlamentarios en torno al proyecto ideado por Federico Sturzenegger, el cerebro principal de la Ley Ómnibus y del DNU 70 que, como Milei, detesta la negociación política.

La construcción presidencial del relato “a todo o nada” ideado por el estratega Santiago Caputo y su definición sobre el rol de Francos exhiben, a casi un mes del desembarco de La Libertad Avanza en la Casa Rosada, la dualidad en la gestión diaria del gobierno. A partir de este martes, se pondrá a prueba en el Parlamento.

Milei desconfía de todo, y de todos. Tal como aludió al rol de su ministro del Interior, no le gusta “lidiar” con la política, una estrategia, según parte de la oposición, desaconsejable si es que pretende que el paquete de leyes enviado al Congreso tenga un resultado favorable. “El problema de Milei es que está empecinado en tener razón, no en tener éxito”, se despachó anoche un legislador del “Grupo de los 23″ -Hacemos Coalición Federal-, el bloque integrado por Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó, Florencio Randazzo, Nicolás Massot y la Coalición Cívica, liderada por Juan Manuel López, que trabaja en línea con los 9 diputados de Innovación Federal.

“Somos 32, sumados a los radicales -el bloque que preside Rodrigo de Loredo está compuesto por 34 legisladores- nos necesitan sí o sí. Si no, van a llevar al recinto al dictamen de mayoría del kirchnerismo, que rechaza de plano toda la ley”, desafiaron desde ese espacio. En Diputados, la bancada libertaria apenas llega a 38 integrantes.

En ese contexto, desde la oposición peronista y de Juntos por el Cambio valoraban este fin de semana la predisposición al diálogo de Francos y del presidente de la Cámara baja -el diálogo es fluido-, pero exigían una mayor validación por parte del presidente. “Hay buenas intenciones, pero no hay una mesa de negociación”, explicaban. Fue lo que, según trascendió, sucedió con las tratativas con parte de la CGT.

Es que el gobierno libertario se divide en ese sentido entre los intransigentes y los dialoguistas. Los halcones y las palomas. Los policías buenos y los policías malos. Una dinámica que funcionó, por ejemplo, durante la administración de Mauricio Macri, en ese caso muchísimo más aceitada, a pesar de los cortocircuitos internos y la posición siempre más inflexible del fundador del PRO y de Marcos Peña que la llamada “ala política”, liderada por Monzó y Massot, el entonces ministro Rogelio Frigerio y su vice, Sebastián García de Luca, actual funcionario. Años después, en su libro, el ex presidente admitió que no le hizo bien a su figura la “tercerización” de las negociaciones.

Macri presionaba públicamente, pero también en privado: Milei, en este caso, tiene incluso muchísimo menos vinculación con el sistema político. La relación, de hecho, es casi nula. En este primer mes de gestión, con excepción de la reunión que encabezó con todos los gobernadores, su agenda estuvo ocupada con reuniones de gabinete y encuentros privados en el Hotel Libertador. Poco trascendió de conversaciones cruzadas con referentes políticos de la oposición.

Un estilo de ejercicio del poder que comparte, por ejemplo, con su hermana Karina. También con Caputo, el cerebro comunicacional del gobierno. Y con Nicolás Posse, el misterioso jefe de Gabinete al que no se le conoce la voz, que incursiona por primera vez en la función pública, que potencia las ideas de su jefe y que, por el momento, no tiene previsto presentarse en el Congreso en el marco del debate de la “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, tal como tituló la Casa Rosada al audaz proyecto de más de 800 artículos que empieza hoy a debatirse en Diputados.

El rol de Posse es un enigma que despierta, puertas adentro, visiones disímiles. Llamó la atención, en ese sentido, el reportaje publicado este domingo en el diario Clarín al procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, vinculado al DNU que la Ley Ómnibus pretende también refrendar: “El jefe de Gabinete es el responsable, lo debe presentar y defender, el Congreso le puede hacer una moción de censura y removerlo”.

Francos, por el contrario, mantiene, como lo indica la tradición de la planta baja de la Casa de Gobierno, un despacho de puertas abiertas. Según Milei, “con la difícil misión de lidiar con la política”. Fue Francos, y no el presidente ni el jefe de Gabinete, el que ventiló las modificaciones en el régimen de pesca y en el biocombustible, en este último caso por iniciativa del gobierno de Santa Fe y el impulso de otros cuatro gobernadores de la región centro.

Según el entorno del funcionario, se trataron de “clarificaciones”. Un divertido eufemismo. “Sugerencias”, planteó Manuel Adorni, el vocero presidencial, para edulcorar los posibles nuevos cambios.

Ayer por la tarde, el ministro recibió en su oficina a Raúl Jalil, del PJ. “Es muy importante el diálogo”, dijeron desde el entorno del gobernador a la salida del encuentro. Este jueves, el ministro tiene prevista otra visita de un mandatario provincial de renombre.

Anoche, en sectores parlamentarios del peronismo no kirchnerista y del bloque de Juntos por el Cambio que no está alineado con el gobierno, es decir el PRO, insistían en al menos cuatro puntos de la Ley Ómnibus que debían sí o sí ser modificados para que acompañaran la iniciativa: la propuesta de cambio en la fórmula jubilatoria, el régimen de privatizaciones, la delegación de facultades del Congreso al Poder Ejecutivo y las retenciones a algunos productos del agro.

En el bloque de Pichetto se mencionaba además la moción para incorporar un “premio” dentro del blanqueo propuesto por el Ejecutivo para aquellos que acrediten, en paralelo, una buena conducta en el pago de impuestos. Ese espacio está asesorado por Roberto Dromi, el cerebro de la reforma del Estado durante el menemismo, que tiene mucho menos ascendencia sobre la cúpula libertaria de la que trasciende. Dromi, según trasciende en privado, es muy crítico de la redacción de las reformas de Sturzenegger.

Este martes, Eduardo Rodríguez Chirillo, secretario de Energía, y Mariano Cúneo Libarona, ministro de Justicia, serán los primeros expositores del gobierno en el plenario de comisiones. Para el miércoles, se prevé que estén Patricia Bullrich -de Seguridad-, Guillermo Ferraro -de Infraestructura- y Francos. El jueves se espera por Sandra Pettovello, de Capital Humano.

En el listado, por ahora, no figuran ni Posse ni Luis “Toto” Caputo.

Cuando Milei definió que Cristian Ritondo, es decir el ala dura del PRO, no se quedara con la presidencia de la Cámara baja, un pedido insistente de Macri, lo hizo con el argumento de aprovechar la atomización de la oposición y de que ese sector de JxC -tienen 37 diputados- apoyaría las iniciativas oficiales, y que no haría falta ampliar el sostén político del gobierno por la inercia del triunfo libertario del balotaje que el jefe de Estado está decidido a sacarle hasta la última gota de su jugo. En particular, en términos comunicacionales: hasta en la oposición reconocen, al menos por ahora, la efectividad del relato libertario.

En ese análisis sobre el PRO, el presidente no se equivocó. El domingo por la noche, Diego Santilli publicó en sus redes la posición de ese sector. “La Ley Ómnibus y el DNU tienen que aprobarse. Se terminó la Argentina de los vivos de siempre que solo cuidan sus intereses y sus privilegios, mientras le dan la espalda a los argentinos”.

El diputado, según sus colaboradores, está convencido de que un fracaso de Milei puede llevarse puesto a todo el sistema político, y abrirle de nuevo la puerta al peronismo hasta en su versión kirchnerista. El Presidente, explican en su entorno, está dispuesto a pagar ese costo. Hasta qué punto la realidad del Congreso le dé o no la razón empezará a dilucidarlo a partir de hoy.

Fuente: Infobae