Guzmán cuestiona la postergación del nuevo IPC y advierte por costos económicos y sociales

• Guzmán cuestionó la postergación del nuevo IPC por “intromisión política”
• Aseguró que la inflación de 2024 habría sido mucho más alta con la canasta actualizada
• Advirtió que la medición impacta en salarios reales y negociaciones paritarias
• Señaló una contracción en sectores clave del empleo y mayor precarización laboral
• Alertó por efectos negativos en la deuda en pesos y el mercado financiero
• Sostuvo que la inflación futura dependerá del acceso al crédito internacional

Desde Nueva York, donde combina la actividad académica con la consultoría económica, Martín Guzmán reapareció en el debate público argentino con una mirada crítica sobre la conducción actual de la política económica. El exministro de Economía puso el foco en la decisión del Gobierno de postergar la actualización metodológica del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y alertó sobre sus efectos en la credibilidad institucional, los salarios reales, el mercado financiero y el rumbo macroeconómico de los próximos años.

Guzmán sostuvo que la demora en la implementación de un nuevo índice constituye una “intromisión política” en un terreno que debería estar reservado al trabajo técnico del organismo estadístico. A su entender, la canasta actual con la que se mide la inflación está claramente desactualizada frente a los cambios en los patrones de consumo de los hogares, especialmente por el mayor peso de los servicios. En ese contexto, consideró que interferir en el calendario de actualización metodológica profundiza los daños en la reputación de las estadísticas públicas, una herida que, recordó, aún no termina de cicatrizar tras los antecedentes de manipulación del pasado.

El ex funcionario explicó que la actualización de ponderadores no es un asunto menor. Según sus estimaciones, si se hubiera aplicado la nueva metodología, la inflación de 2024 habría sido 18,3 puntos porcentuales más alta que la registrada oficialmente, mientras que la de 2023 habría resultado más baja. La diferencia, señaló, no es solo estadística: impacta directamente en la medición del salario real y en las negociaciones paritarias, ya que una inflación subestimada implica ingresos reales más deteriorados de lo que reflejan los datos oficiales.

En ese sentido, advirtió que la postergación del nuevo IPC no elimina las tensiones salariales, sino que las vuelve más visibles. La combinación de aumentos en tarifas de servicios públicos y una medición que no refleja plenamente su peso en la canasta genera, según su análisis, un desfasaje que afecta tanto al pasado como a las expectativas futuras. Para Guzmán, el problema no es lo que vendrá, sino también lo que ya ocurrió y queda expuesto al revisar los números.

El diagnóstico se amplía al plano de la actividad económica. Guzmán describió un escenario de contracción en sectores clave como la construcción, el comercio y la industria manufacturera, rubros que históricamente explican una parte sustancial del empleo. Aunque reconoció que esta dinámica contribuye a reducir importaciones y facilita la acumulación de reservas, remarcó que la contracara es un deterioro en las condiciones de vida y una reconfiguración del mercado laboral, con mayor precarización y pérdida de empleo formal.

Desde su perspectiva, la estrategia oficial prioriza el equilibrio externo y la acumulación de reservas por sobre la recuperación del poder adquisitivo. Intentar mejorar salarios en este contexto, advirtió, tensionaría las cuentas externas y elevaría la demanda de importaciones, con impacto negativo sobre la deuda y el riesgo país. Por eso, interpretó que el Gobierno apuesta de manera casi excluyente a recuperar el acceso al crédito internacional como vía para sostener la desinflación y estabilizar expectativas.

En el plano financiero, Guzmán alertó que cualquier interferencia sobre el índice de precios afecta al mercado de deuda en pesos, especialmente a los instrumentos ajustados por inflación. “Tocar la unidad de denominación” —señaló— debilita la demanda de activos en moneda local, reduce las opciones de financiamiento del Estado y genera presiones adicionales sobre el mercado cambiario.

Mirando hacia 2026, el economista no anticipó un cambio sustancial respecto de 2025. Consideró que la inflación dependerá en gran medida de si el país logra acceder al crédito internacional antes de los vencimientos de deuda en moneda extranjera. Si eso no ocurre y se recurre a reservas, el impacto se sentirá en tasas de interés más altas, mayor expectativa de depreciación y, en última instancia, más inflación. En paralelo, destacó que la formación de activos externos en 2025 alcanzó un récord de más de 32.000 millones de dólares, reflejo de desequilibrios macroeconómicos persistentes.

En síntesis, Guzmán planteó que la discusión sobre el IPC trasciende lo metodológico y expone una tensión más profunda entre la estabilidad nominal, la credibilidad institucional y los costos sociales del programa económico en curso.