Maqueda cuestionó cambios en la selección de jueces de la Corte y alertó sobre un retroceso institucional

• Juan Carlos Maqueda cuestionó los cambios impulsados por el Gobierno en la selección de jueces de la Corte Suprema.
• El ex magistrado calificó la medida como un retroceso institucional.
• Sostuvo que se eliminan mecanismos de participación y control incorporados hace más de veinte años.
• Consideró que las modificaciones reducen la transparencia en los procesos de designación.
• También advirtió sobre una tendencia a concentrar facultades en el Poder Ejecutivo.
• Las declaraciones reavivaron el debate sobre la calidad institucional y la integración futura de la Corte Suprema.

El ex integrante de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Juan Carlos Maqueda, expresó fuertes críticas hacia una reciente decisión adoptada por el gobierno de Javier Milei vinculada al proceso de selección de magistrados para el máximo tribunal del país. El ex magistrado consideró que la modificación representa un “retroceso institucional” y advirtió que podría afectar los niveles de transparencia que regían hasta ahora en los procedimientos de nominación.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista radial, donde Maqueda analizó los cambios introducidos por el Poder Ejecutivo y sostuvo que la medida implica la eliminación de mecanismos que habían sido incorporados hace más de dos décadas para ampliar los controles sobre las designaciones judiciales.

Según explicó, las normas que ahora fueron modificadas establecían una serie de limitaciones voluntarias para el propio Gobierno al momento de proponer candidatos para integrar la Corte Suprema. A su entender, esos mecanismos constituían una herramienta destinada a fortalecer la calidad institucional y garantizar una mayor participación de distintos sectores de la sociedad en el proceso de evaluación de los postulantes.

El ex juez remarcó que el sistema vigente hasta la reciente modificación contemplaba instancias de consulta pública que permitían a ciudadanos, organizaciones civiles, entidades académicas y otros actores presentar observaciones, respaldos o impugnaciones respecto de quienes aspiraban a ocupar un lugar en el máximo tribunal.

Para Maqueda, la existencia de esas instancias contribuía a dotar de mayor legitimidad al proceso y favorecía un debate más amplio sobre las condiciones profesionales, académicas y éticas de los candidatos propuestos por el Poder Ejecutivo.

Además, destacó que las disposiciones anteriores promovían criterios relacionados con el equilibrio federal y la representación de género dentro de la Corte Suprema, aspectos que consideró relevantes para reflejar la diversidad institucional y territorial del país.

En su análisis, el ex magistrado sostuvo que la eliminación de estas herramientas implica una reducción de los mecanismos de control sobre las facultades presidenciales en materia de designación de jueces. Por ese motivo, rechazó los argumentos oficiales que justifican la reforma en la necesidad de agilizar los procedimientos y acelerar los tiempos de cobertura de vacantes.

Maqueda afirmó que toda reducción de los límites que un gobierno acepta para sí mismo termina debilitando la calidad institucional. En ese sentido, consideró que los controles y las instancias de participación pública no deben ser vistos como obstáculos burocráticos, sino como garantías destinadas a fortalecer la confianza ciudadana en el funcionamiento de las instituciones republicanas.

Durante la entrevista también planteó una preocupación más amplia sobre la relación entre el Poder Ejecutivo y los organismos de control. Según expresó, existe una tendencia recurrente en distintos gobiernos a intentar ampliar sus márgenes de acción y reducir las restricciones institucionales que condicionan el ejercicio del poder.

Bajo esa perspectiva, interpretó la decisión oficial como parte de una lógica que busca concentrar mayores facultades en el Ejecutivo. Incluso señaló que cuando se debilitan mecanismos institucionales de control pueden aparecer señales preocupantes para el funcionamiento democrático.

El ex juez vinculó además esta discusión con otras decisiones impulsadas recientemente por el Gobierno en relación con la integración de la Corte Suprema. En particular, recordó los intentos de avanzar con designaciones mediante mecanismos excepcionales y sostuvo que ese tipo de iniciativas reflejan la búsqueda de soluciones que prescinden de consensos políticos amplios.

En otro tramo de sus declaraciones, Maqueda también cuestionó aspectos vinculados con la conducta institucional de funcionarios nacionales. Aunque evitó profundizar sobre cuestiones partidarias, señaló que quienes ejercen responsabilidades públicas deben ofrecer explicaciones claras y transparentes sobre los temas que generan preocupación social.

Las críticas del ex magistrado se suman así al debate abierto sobre el alcance de las reformas impulsadas por el Gobierno en materia institucional y judicial. Mientras desde la administración nacional sostienen que las modificaciones buscan agilizar procedimientos y mejorar la eficiencia de los mecanismos de designación, sectores de la oposición, especialistas y referentes judiciales advierten sobre los riesgos de reducir espacios de participación y control.

La discusión promete mantenerse vigente en las próximas semanas, especialmente en un contexto donde la integración de la Corte Suprema continúa siendo uno de los temas más sensibles de la agenda institucional argentina.