La Justicia investiga a Desire Petroleum por operar cerca de Malvinas sin autorización argentina

• La Justicia federal investiga si Desire Petroleum realizó actividades hidrocarburíferas cerca de las Islas Malvinas sin autorización argentina.
• La denuncia presentada por la Cancillería dio origen a una causa que también alcanza a sociedades vinculadas y a posibles responsables individuales.
• La investigación toma como antecedente las sanciones administrativas impuestas a la empresa en 2012 y 2013.
• La fiscalía dejó abierta la posibilidad de analizar otros delitos además de los previstos en la Ley 26.659.
• El expediente incluye pedidos de documentación a organismos nacionales para reconstruir las operaciones atribuidas a la compañía.
• La pesquisa incorpora un exhorto al Reino Unido para obtener información societaria y documentación sobre las licencias vinculadas con la zona investigada.

La Justicia federal abrió una investigación penal para determinar si la petrolera británica Desire Petroleum Limited desarrolló actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en áreas de la Plataforma Continental Argentina próximas a las Islas Malvinas sin contar con la autorización del Estado argentino. La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el canciller Pablo Quirno y fue impulsada por el fiscal federal Carlos Stornelli ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N.º 11, subrogado por Ariel Lijo.

El expediente no solo alcanza a la empresa británica, sino también a las sociedades vinculadas con ella y a las personas físicas que eventualmente hayan intervenido en su representación o beneficio. La investigación busca establecer si las conductas denunciadas encuadran en las previsiones de la Ley 26.659, que prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la Plataforma Continental Argentina sin habilitación nacional.

En su requerimiento de instrucción, Stornelli precisó que el objeto de la pesquisa consiste en verificar si Desire Petroleum realizó operaciones en la zona cercana a las Islas Malvinas, al menos desde 2012, sin autorización de la autoridad competente argentina. Esa delimitación toma como punto de partida la denuncia formulada por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los antecedentes administrativos sobre los que se apoya la presentación se remontan a más de una década. En 2012, la Secretaría de Energía declaró ilegales las actividades atribuidas a la compañía en la plataforma continental y las calificó como clandestinas por haberse desarrollado sin permiso argentino. Un año después, otra resolución dispuso la inhabilitación de la empresa por veinte años para realizar actividades en el país, al considerar que operaba con licencias otorgadas por autoridades británicas establecidas en las islas.

Pese a esas medidas, la denuncia sostiene que la compañía habría mantenido participación en distintas licencias hidrocarburíferas de exploración y explotación en la zona. Según la documentación incorporada al expediente, a marzo de este año figuraba con participaciones del 32% en las licencias PL003a y PL003b, del 30% en PL004a, PL004b y PL004c, y del 35% en PL005, además de mantener vínculos con sociedades del Grupo Rockhopper.

La Ley 26.659, sancionada en 2011 y modificada dos años después, establece un régimen sancionatorio para quienes realicen o faciliten actividades hidrocarburíferas sin autorización nacional en la plataforma continental. La norma contempla responsabilidades tanto para personas humanas como jurídicas y prevé penas de prisión que oscilan entre cinco y quince años, según la naturaleza de las maniobras investigadas.

Sin embargo, el fiscal no limitó la pesquisa a una única figura penal. En su presentación dejó abierta la posibilidad de que, conforme avance la instrucción, puedan analizarse eventuales delitos ambientales previstos en la Ley 24.051, posibles infracciones aduaneras e incluso hipótesis vinculadas con lavado de activos derivados de las actividades denunciadas.

La causa se enmarca en la estrategia anunciada por el presidente Javier Milei durante la cadena nacional del 3 de septiembre, cuando anticipó medidas diplomáticas, económicas, judiciales y legales para reforzar la posición argentina respecto de las actividades hidrocarburíferas desarrolladas en torno a las Islas Malvinas. Como parte de ese esquema también se dictó el Decreto 868/2026, que designó a la Cancillería como autoridad de aplicación del régimen sancionatorio y estableció un procedimiento específico para tramitar posibles infracciones.

En el plano probatorio, Stornelli solicitó una amplia batería de medidas. Requirió a la Secretaría de Energía los expedientes completos que originaron las resoluciones dictadas en 2012 y 2013, además de información societaria detallada sobre Desire Petroleum, incluyendo su constitución, modificaciones estatutarias, composición accionaria y autoridades.

También pidió informes a la Jefatura de Gabinete y al Ministerio de Seguridad para establecer si existen antecedentes administrativos o actuaciones vinculadas con posibles actividades hidrocarburíferas o ambientales relacionadas con la empresa desde 2012.

Uno de los pedidos más relevantes apunta al ámbito internacional. La fiscalía solicitó librar un exhorto al Reino Unido para obtener información societaria completa sobre Desire Petroleum y el Grupo Rockhopper, identificar a sus directivos y representantes legales desde 2012 y acceder a documentación sobre las licencias concedidas para operar en la zona. En una etapa posterior, la investigación también buscará reconstruir el circuito financiero vinculado con la explotación comercial y con las personas que pudieron actuar en nombre de las sociedades investigadas.