Pagano denunció un entramado oficial para utilizar el poder en negocios

• Marcela Pagano amplió ante la Justicia su denuncia por las compras de alimentos destinadas a la Quinta de Olivos.
• La diputada cuestionó las diferencias registradas entre las cantidades adquiridas para Olivos y la Casa Rosada.
• Entre los productos señalados aparecen carne, harina, dulce de leche y mostaza.
• Pagano pidió preservar documentación, correos, remitos y registros vinculados con las adquisiciones estatales.
• La legisladora vinculó su denuncia con un emprendimiento de catering y señaló a personas relacionadas con la Secretaría General de la Presidencia.
• La presentación solicita determinar responsables, revisar los pagos y realizar una pericia contable sobre las compras.

La diputada nacional Marcela Pagano amplió ante la Justicia una denuncia vinculada con las compras de alimentos destinadas a la Quinta de Olivos y volvió a cuestionar el manejo de los recursos utilizados por el Gobierno de Javier Milei. La legisladora aseguró haber detectado diferencias en los volúmenes adquiridos para la residencia presidencial y la Casa Rosada y reclamó que se avance sobre la documentación que permita determinar el destino de la mercadería.

El planteo se concentra especialmente en las cantidades de determinados productos incluidos en las compras estatales. Pagano sostuvo que encontró diferencias que, según su interpretación, requieren una explicación y mencionó de manera particular los volúmenes de carne, harina, dulce de leche y mostaza.

A través de sus publicaciones y declaraciones posteriores, la diputada afirmó que los números de las compras “no cierran” y señaló que en algunos casos las cantidades destinadas a Olivos serían considerablemente superiores a las correspondientes a la Casa Rosada. Entre los datos que presentó, sostuvo que en la residencia presidencial se consumiría cuatro veces más dulce de leche y tres veces más mostaza que en la sede del Gobierno.

La legisladora informó que incorporó esos elementos a la presentación judicial que tramita ante el Juzgado Federal 12. En ese marco, reclamó que se preserven correos electrónicos, remitos, órdenes de compra y demás documentación relacionada con las adquisiciones para poder reconstruir el circuito de los alimentos y establecer quiénes participaron de cada operación.

Uno de los puntos planteados en la denuncia se refiere a los pliegos de contratación. Según detalló Pagano, allí se contemplarían 29.505 kilos de carne para Balcarce 50 y Olivos durante un período de seis meses. De ese total, 9.135 kilos corresponderían a la residencia presidencial.

A partir de esas cifras, la diputada planteó interrogantes sobre el destino de la mercadería y sostuvo que resulta necesario determinar quién solicitó las compras, quién recibió los productos y qué documentación respalda cada entrega. También pidió que se realice una pericia contable para analizar el volumen de las adquisiciones y los pagos efectuados.

En sus declaraciones, Pagano avanzó además sobre una hipótesis vinculada con el supuesto desvío de alimentos hacia un emprendimiento privado relacionado con personas que trabajaban en Olivos. La legisladora afirmó que su investigación busca reconstruir quiénes integraban ese entramado y diferenció esta situación de un eventual desvío de fondos, al sostener que su denuncia apunta específicamente a alimentos adquiridos con recursos estatales.

En ese contexto, mencionó a María Belén Agudiez, quien hasta este lunes se desempeñaba como subsecretaria de Planificación General de la Secretaría General de la Presidencia. Pagano vinculó a la funcionaria con un emprendimiento de catering denominado “Pancitos Caseros” y sostuvo que familiares de Agudiez también habrían tenido funciones relacionadas con la residencia presidencial.

La diputada afirmó que, de acuerdo con los elementos que reunió, existiría una conexión entre las compras realizadas por el Estado y ese emprendimiento privado. En sus declaraciones calificó al catering como “fantasma” y sostuvo que habría utilizado mercadería adquirida mediante recursos públicos. Se trata de afirmaciones formuladas por la legisladora que deberán ser contrastadas en el marco de la investigación judicial.

Pagano también apuntó contra el entorno presidencial y cuestionó el eventual grado de conocimiento que podrían haber tenido Javier Milei y Karina Milei sobre las situaciones que denuncia. En ese sentido, formuló una acusación directa contra el Presidente y sostuvo que podría existir responsabilidad “por omisión o por acción”.

Además, vinculó los cambios producidos posteriormente entre trabajadores de Olivos con la necesidad de esclarecer si hubo modificaciones destinadas a ocultar eventuales irregularidades. La diputada sostuvo que las personas vinculadas con el entorno de Karina Milei deberían formar parte de las líneas de investigación.

La presentación judicial busca ahora determinar el recorrido de las compras y establecer si existieron irregularidades en el uso de los alimentos adquiridos por el Estado. Para ello, Pagano reclamó el acceso a la documentación respaldatoria y una revisión contable que permita contrastar las cantidades contratadas, entregadas y efectivamente utilizadas.