


La Justicia rechazó embargar la jubilación de una persona mayor para cobrar honorarios profesionales
JUDICIALES20 de noviembre de 2026 Ricardo ZIMERMAN
El carácter alimentario de los honorarios de un abogado no alcanza, por sí solo, para habilitar el embargo de una jubilación cuando está comprometida la subsistencia de una persona mayor. Con ese criterio, el titular del Juzgado de Paz de Merlo, Carlos Alberto Micheli, rechazó la posibilidad de afectar un haber previsional para ejecutar una deuda por honorarios profesionales originada en un proceso de apremio municipal.
La decisión se dictó en la causa “M. D. M. c/ A., M. M. s/ apremio”, en la que se enfrentaron dos intereses que cuentan con protección jurídica: el derecho del profesional a cobrar por su trabajo y la tutela de los ingresos previsionales de una persona mayor. El magistrado reconoció la naturaleza alimentaria del crédito reclamado, pero entendió que esa condición no justificaba desplazar la protección específica que alcanza a las jubilaciones y pensiones.
Uno de los elementos considerados relevantes fue que la demandada no había sido clienta del abogado que pretendía ejecutar los honorarios. El profesional había intervenido en representación de la Municipalidad de Merlo durante el procedimiento de apremio, una circunstancia que, para el juez, impedía equiparar la situación con otros supuestos en los que la normativa admite excepciones a la inembargabilidad previsional.
En los fundamentos, Micheli recordó que el artículo 14 de la Ley 24.241 establece como principio la inembargabilidad de las jubilaciones y pensiones, con las excepciones expresamente previstas por el ordenamiento jurídico. A su entender, esas salvedades no podían extenderse al caso analizado, ya que el crédito profesional no reunía las condiciones necesarias para justificar la afectación del haber.
El magistrado también puso el foco en la finalidad de la prestación previsional y en su vínculo directo con las necesidades básicas de quien la percibe. Según sostuvo, los ingresos jubilatorios constituyen el sustituto salarial indispensable para la subsistencia de la persona mayor, por lo que cualquier medida que pretenda afectarlos requiere un análisis especialmente cuidadoso.
En ese contexto, advirtió que permitir el embargo de una jubilación mínima o de un haber previsional para cobrar honorarios derivados de un apremio municipal vulneraría la garantía constitucional de subsistencia y desconocería la protección legal de la que gozan las personas mayores.
La resolución no desconoció el derecho del abogado a percibir sus honorarios, sino que estableció un límite respecto de los bienes sobre los cuales podía avanzar la ejecución. En consecuencia, consideró que el profesional debía procurar el cobro mediante otros bienes de la obligada que fueran legalmente embargables.
El criterio adoptado priorizó la protección del ingreso previsional frente a una deuda profesional que, aunque tiene carácter alimentario, no habilitaba en esas circunstancias una excepción al principio de inembargabilidad.


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