Del Congreso escribanía al Congreso bloqueado

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La democracia parlamentaria no se mide únicamente por la cantidad de bancas que cada fuerza política consigue en las elecciones, sino también por la capacidad de sus representantes para debatir, confrontar ideas y someter las decisiones del poder a los mecanismos de control institucional. Sin embargo, la historia reciente del Congreso argentino demuestra que las mayorías pueden convertirse en instrumentos de imposición y que las minorías, cuando carecen de los números necesarios, pueden quedar expuestas a una impotencia que también deteriora la calidad de la representación democrática.

La sesión que no pudo comenzar en la Cámara de Diputados, porque la oposición reunió 121 legisladores frente a los 129 necesarios para alcanzar el quórum, constituye una muestra de las dificultades que atraviesa el funcionamiento parlamentario. El intento de discutir el DNU 70/2023, la morosidad y la emergencia en discapacidad quedó frustrado por ocho ausencias. La consecuencia inmediata fue que cuestiones de relevancia política y social no llegaron siquiera a la instancia en la que las distintas posiciones pudieran confrontarse públicamente.

Pero reducir el episodio a una derrota numérica de la oposición sería pasar por alto una cuestión más profunda: el Congreso vuelve a exhibir las tensiones entre la representación popular, los intereses partidarios y las negociaciones que permiten a los gobiernos construir mayorías circunstanciales. La discusión sobre quiénes faltaron y por qué no estuvieron presentes importa, aunque el problema institucional excede las responsabilidades individuales de una jornada.

Durante los períodos en los que el kirchnerismo ejerció el poder, la principal crítica al funcionamiento legislativo apuntó a una dinámica que convirtió al Congreso, en numerosas ocasiones, en una suerte de escribanía del Poder Ejecutivo. Las mayorías oficialistas permitían aprobar los proyectos impulsados desde la Casa Rosada y dificultaban el avance de las iniciativas opositoras. El debate parlamentario, aun cuando formalmente existía, quedaba subordinado muchas veces a una relación de fuerzas en la que el resultado parecía definido antes de que comenzaran las deliberaciones.

Aquella práctica instaló una distorsión que no debería relativizarse por afinidades ideológicas ni por conveniencias coyunturales. Tener mayoría es una consecuencia legítima de la voluntad popular, pero disponer de los votos no equivale a obtener un cheque en blanco. El Parlamento no fue concebido para funcionar como una oficina administrativa del presidente de turno, sino como un poder independiente, con atribuciones propias y responsabilidades que incluyen tanto la aprobación de las leyes como el control de la gestión gubernamental.

La situación actual presenta diferencias importantes, aunque tampoco está exenta de contradicciones. El oficialismo de Javier Milei no cuenta con una mayoría propia que le permita imponer automáticamente su agenda en ambas cámaras. Necesita negociar, reunir apoyos y construir acuerdos con legisladores que responden a gobernadores, espacios provinciales y otras fuerzas políticas. Esa debilidad numérica, que en principio podría favorecer una dinámica de mayor deliberación, también abre la puerta a negociaciones cuya transparencia y contenido merecen un escrutinio permanente.

La sesión frustrada refleja precisamente esa paradoja. Cuando una oposición no consigue reunir el quórum, pierde la posibilidad de poner en discusión sus iniciativas y obligar al oficialismo a defender públicamente sus posiciones. El Gobierno, por su parte, obtiene un resultado favorable sin necesidad de ganar una votación sobre el contenido de los asuntos propuestos. No necesita convencer a la mayoría del recinto si consigue impedir que el recinto funcione.

La diputada de Unión por la Patria Julia Strada atribuyó las ausencias a acuerdos entre el Gobierno nacional y sectores provinciales. Sus cuestionamientos incluyeron a legisladores vinculados al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo y apuntaron a una supuesta preferencia por los entendimientos políticos antes que por la defensa de las demandas sociales. Se trata de una interpretación formulada desde la oposición, no de una explicación que pueda darse por demostrada únicamente a partir de la falta de quórum. Sin embargo, el señalamiento plantea una pregunta legítima: ¿qué compromisos políticos se establecen cuando las bancas que representan a una provincia dejan de participar en debates que afectan a sus habitantes?

La respuesta requiere algo más que acusaciones cruzadas. Los legisladores tienen la obligación de explicar sus decisiones y asumir las consecuencias de sus ausencias, del mismo modo que quienes integran el oficialismo deben fundamentar sus propuestas y aceptar el control parlamentario. La responsabilidad institucional no puede aplicarse selectivamente según quién ocupe el poder.

También resulta preocupante que las discusiones sobre discapacidad, financiamiento universitario y condiciones laborales queden atrapadas en una disputa de estrategias políticas. Detrás de esos asuntos hay familias, estudiantes, trabajadores y sectores que esperan respuestas concretas. Impedir que una cuestión llegue al recinto no resuelve el problema que la originó; simplemente posterga la confrontación política y traslada sus consecuencias a quienes esperan una decisión.

En este punto, la comparación histórica debe servir para evitar una doble vara. El Congreso no debería ser una escribanía cuando el Kirchnerismo gobierna ni convertirse en un espacio paralizado cuando gobierna La Libertad Avanza. Tampoco alcanza con que el oficialismo de turno carezca de mayoría propia para considerar que existe automáticamente un equilibrio republicano. La calidad institucional se demuestra cuando el poder acepta límites, la oposición ejerce su función y las diferencias se resuelven mediante procedimientos que permiten debatir y votar.

La discusión sobre la Ley de Tierras incorporada a una iniciativa relacionada con la inviolabilidad de la propiedad privada también expone la importancia de conocer el alcance de los proyectos antes de aprobarlos o rechazarlos. Las objeciones sobre su contenido deben poder expresarse en el recinto, con argumentos y explicaciones públicas. La falta de debate no beneficia necesariamente a la ciudadanía: puede favorecer tanto al Gobierno que evita dar explicaciones como a una oposición que pierde la oportunidad de demostrar las razones de su rechazo.

El desafío hacia 2027 consiste, por lo tanto, en construir una alternativa política que no se limite a sumar voluntades contra Milei, sino que también defina qué Congreso pretende recuperar y para qué. La unidad electoral puede ser una herramienta, pero no sustituye la necesidad de compromisos claros con la deliberación, el control institucional y la representación de los intereses sociales.

La Argentina ya conoce los costos de un Poder Legislativo subordinado a una mayoría que confunde legitimidad electoral con autorización para imponerlo todo. También debería aprender de los riesgos de un Parlamento donde las negociaciones y las ausencias impiden discutir los asuntos que preocupan a la sociedad. Entre la escribanía y el bloqueo existe una tercera posibilidad: un Congreso que funcione, debata y vote, sin importar quién gobierne. Esa debería ser la regla republicana y no una exigencia que cada fuerza política invoque solamente cuando le conviene.