Santilli apuesta al temor al kirchnerismo para ordenar la relación con los gobernadores

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La relación entre el Gobierno nacional y las provincias vuelve a exhibir una de las principales tensiones de la política argentina: la distancia entre las necesidades concretas de cada distrito y las exigencias de una estrategia nacional que busca consolidar un modelo económico y electoral. En ese escenario, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, eligió poner sobre los mandatarios provinciales el peso de una eventual vuelta del kirchnerismo al poder, con Axel Kicillof como principal referencia. Su advertencia no se limita a una disputa de nombres. También intenta convertir las diferencias actuales entre la Casa Rosada y sus interlocutores provinciales en una discusión sobre el futuro productivo del país.

El razonamiento oficial tiene una lógica política reconocible. Santilli sostiene que los gobernadores deberían evaluar qué ocurriría con sus economías si se modificaran las reglas que hoy orientan las inversiones en energía, minería, agroindustria e infraestructura. Bajo esa perspectiva, un cambio de signo político no supondría solamente una alternancia en la conducción del Estado, sino también el riesgo de revisar decisiones que comprometen capitales, empleos y proyectos de largo plazo. La pregunta que queda abierta es si esa advertencia servirá para fortalecer los acuerdos con las provincias o si, por el contrario, profundizará las diferencias con dirigentes que necesitan defender sus propios intereses ante sus electorados.

La estrategia de Santilli consiste en presentar el modelo impulsado por Javier Milei como una oportunidad que los distritos no deberían desaprovechar. Neuquén y Río Negro aparecen en el centro de esa argumentación por el desarrollo de Vaca Muerta y las obras vinculadas con la exportación de hidrocarburos. El funcionario atribuye a esas inversiones la capacidad de transformar la economía regional y proyecta un escenario de fuerte crecimiento del empleo a partir de los emprendimientos previstos en Punta Colorada y sus alrededores. La comparación de Neuquén con Abu Dabi busca transmitir la magnitud de los recursos disponibles y las posibilidades que, según la mirada oficial, podrían desplegarse si se mantienen las condiciones favorables para invertir.

Sin embargo, los recursos naturales no garantizan por sí mismos el desarrollo. Para que una provincia convierta sus riquezas en empleo sostenido necesita inversiones efectivas, infraestructura, previsibilidad y acuerdos que sobrevivan a las disputas partidarias. El argumento del jefe de Gabinete adquiere fuerza cuando señala que una modificación de las reglas puede alterar proyectos de gran escala, pero pierde capacidad de persuasión si la advertencia se transforma en una herramienta para exigir alineamiento político. Los gobernadores no son simples espectadores de la disputa entre el oficialismo y la oposición: administran territorios con demandas urgentes y deben negociar con la Nación sin renunciar a sus propias posiciones.

La enumeración de Córdoba, Santa Fe, San Juan y Salta amplía el alcance del planteo. Las retenciones, la lucha contra el narcotráfico, la minería del cobre y la explotación del litio representan intereses diferentes, aunque todos dependen, en alguna medida, de las decisiones nacionales. El acuerdo entre Salta y Catamarca para distribuir regalías, junto con la inauguración de una segunda planta de la empresa Posco, funciona en el discurso oficial como una demostración de que la cooperación institucional puede traducirse en actividad económica y puestos de trabajo. Santilli también recurre a los proyectos industriales de Bahía Blanca para defender una política que pretende asociar la apertura de oportunidades productivas con la continuidad del rumbo económico.

El problema político aparece cuando esa agenda se presenta como una elección entre el desarrollo y el regreso del kirchnerismo. La posibilidad de que Kicillof encabece una alternativa opositora le permite al Gobierno anticipar los riesgos de una eventual revisión de las políticas actuales, pero no reemplaza la necesidad de construir acuerdos concretos. Si la Casa Rosada necesita el acompañamiento de gobernadores aliados o dialoguistas para avanzar en el Congreso, deberá ofrecer razones que excedan el temor a una administración futura. La estabilidad de las inversiones puede ser un punto de encuentro, siempre que las provincias encuentren en el Gobierno garantías suficientes para sostener sus proyectos y atender sus necesidades.

La misma lógica confrontativa se traslada al terreno legislativo. Santilli celebró que la oposición no consiguiera quórum para tratar el DNU 70 y lo ubicó, junto con la Ley Bases, entre los pilares de la gestión. La derogación de la antigua ley de alquileres y la expansión del acceso a internet satelital fueron presentadas como ejemplos de las transformaciones que el Ejecutivo atribuye a esa norma. El oficialismo procura así defender el decreto no solamente como un instrumento jurídico, sino como una pieza central de su programa de desregulación. La discusión parlamentaria, sin embargo, exige algo más que celebrar la derrota circunstancial de los adversarios: requiere sostener los argumentos sobre los efectos de cada medida y aceptar que el Congreso es un ámbito legítimo de controversia.

La reforma electoral ocupa otro lugar en esa ofensiva. Santilli confía en que el Parlamento respaldará la suspensión de las PASO y cuestiona tanto el costo económico de las primarias como la cantidad de veces que los ciudadanos deben concurrir a votar. La propuesta puede encontrar respaldo entre quienes consideran necesario simplificar el calendario electoral, pero su viabilidad dependerá de una negociación política que contemple los intereses de las distintas fuerzas. Reducir el gasto electoral es un argumento atendible; convertirlo en una presunción de que quienes se oponen actúan contra la sociedad sería una simplificación que no contribuye a resolver las diferencias.

También resulta significativo el modo en que el funcionario abordó los incidentes registrados durante la marcha universitaria. Su condena a los actos violentos es inequívoca, pero la discusión sobre los recursos destinados a las universidades no puede quedar subordinada a la conducta de quienes protagonizan desmanes. Santilli afirmó que el Gobierno elevó un 270 por ciento el presupuesto universitario de 2024 respecto de 2023 y que cumplió íntegramente con una medida cautelar judicial. Esos datos forman parte de la defensa oficial y constituyen el punto de partida de una controversia que involucra financiamiento, funcionamiento institucional y responsabilidades del Estado.

Al vincular las protestas con una supuesta intención de desestabilizar al Gobierno, Santilli vuelve a situar el debate en el terreno de la confrontación. La denuncia puede resultar funcional para movilizar a los propios, pero corre el riesgo de confundir la violencia con el conjunto de las expresiones opositoras. Una democracia necesita condenar los ataques y, al mismo tiempo, preservar el derecho a cuestionar las decisiones gubernamentales.

En definitiva, la advertencia a los gobernadores revela una apuesta por convertir el futuro de las inversiones en un argumento de disciplina política. El Gobierno tiene razones para defender la previsibilidad económica y reclamar respaldo a su programa, pero la consolidación de ese rumbo no dependerá únicamente de señalar los riesgos de una alternativa. También estará condicionada por su capacidad para negociar, cumplir compromisos y demostrar que el crecimiento anunciado puede traducirse en resultados concretos. El temor a una vuelta del kirchnerismo puede servir como consigna electoral; construir una relación estable con las provincias exige una tarea bastante más compleja.