Karina Milei y la política de las urgencias

Por RICARDO ZIMERMAN

x: @RicGusZim1

La política tiene sus tiempos, aunque los calendarios electorales suelen convertirlos en una fuente permanente de ansiedad. En el Gobierno de Javier Milei, esa tensión empieza a hacerse visible en una mesa política que busca ordenar prioridades, cerrar acuerdos y evitar que la oposición imponga las condiciones del debate parlamentario. Sin embargo, la reunión encabezada por Karina Milei dejó al descubierto una dificultad que excede la elaboración de una agenda: el oficialismo todavía debe resolver cómo compatibilizar la urgencia de sus objetivos con las diferencias internas que aparecen cuando llega el momento de negociar.

La secretaria general de la Presidencia volvió a reunir al núcleo de confianza del mandatario después de quince días, con la intención de acelerar las decisiones legislativas. El encuentro se extendió durante dos horas, pero no produjo definiciones sustanciales sobre varios de los asuntos que requieren una respuesta inmediata. La escena refleja una paradoja para una administración que pretende llegar a las elecciones presidenciales de 2027 con una estructura política más ordenada: mientras el tiempo avanza, algunas de las discusiones centrales continúan girando sobre sí mismas.

La reforma electoral es uno de los ejemplos más claros de esa dificultad. El proyecto exige conversaciones con los gobernadores aliados y acuerdos que no pueden construirse únicamente desde los despachos de la Casa Rosada. Luis Caputo, ministro de Economía, reclama mayor rapidez para cerrar esos entendimientos, una posición que comparte el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Pero la estrategia de los primos Martín Menem y Eduardo “Lule” Menem apunta a preservar la estructura partidaria y evitar que la búsqueda de acuerdos termine debilitando el armado político propio.

La diferencia no es menor. En una negociación con los mandatarios provinciales, los plazos y los objetivos pueden convertirse en factores decisivos. La velocidad permite aprovechar determinadas circunstancias parlamentarias, pero la precipitación también puede complicar acuerdos que requieren compromisos recíprocos. El problema del oficialismo consiste en encontrar un equilibrio entre esas dos necesidades, sin que cada sector interprete la prudencia del otro como una demora injustificada. Las reuniones individuales que Santilli pretende mantener con gobernadores durante esta semana serán una prueba concreta de esa capacidad de articulación.

Detrás de la reforma electoral aparece, además, el debate sobre una eventual eliminación de las PASO. La discusión volvió a ocupar buena parte del encuentro y expuso la persistencia de diferencias que el oficialismo todavía no consiguió resolver. La ironía sobre la creación de comisiones para impedir que algo funcione sintetiza el fastidio que generan las conversaciones prolongadas sin resultados concretos. Pero una definición de semejante alcance no se agota en una frase ingeniosa: obliga a considerar las consecuencias políticas de modificar las reglas de competencia y el modo en que esas decisiones repercutirán sobre los propios aliados.

El Congreso ofrece otro frente de preocupación. El Gobierno aspira a llegar a diciembre con la mayor cantidad posible de iniciativas aprobadas, consciente de que la proximidad de las elecciones puede alterar los comportamientos parlamentarios. La sesión prevista para el día de hoy, impulsada por sectores opositores, coloca bajo presión al oficialismo, que deberá enfrentar tanto los proyectos vinculados con discapacidad y morosidad como el intento de reabrir la discusión sobre el DNU 70/2023. A ese escenario se suma la movilización convocada por la CGT, la CTA, organizaciones de jubilados, estudiantes universitarios y grupos de inquilinos.

La discusión sobre el mega DNU concentra una preocupación particular. En la Casa Rosada consideran que impedir el quórum opositor será determinante para evitar una derrota parlamentaria. La advertencia de que una eventual caída del decreto afectaría el conjunto de su contenido expresa hasta qué punto el Ejecutivo interpreta esa sesión como una disputa que supera el tratamiento de un instrumento específico. Los fallos de la Corte Suprema relacionados con el artículo que habilita la venta de tierras a extranjeros sin límite de superficie agregaron tensión a una controversia que el Gobierno pretende mantener bajo control.

La estrategia oficial también incluye iniciativas que todavía necesitan encontrar su lugar en el calendario legislativo. La Ley de Defensa de la Soberanía Nacional tiene previsto su tratamiento en Diputados para el 21 de octubre, mientras que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, presentó los avances de una reforma del Mercado de Capitales que propone modificar diecisiete leyes vigentes. El proyecto, sin embargo, aún no tiene fecha de tratamiento. Esa acumulación de iniciativas muestra la amplitud de las ambiciones oficiales, pero también plantea una pregunta inevitable sobre la capacidad política y parlamentaria para convertirlas en resultados.

En ese contexto, el Presupuesto 2027 constituye una pieza central. El Gobierno busca obtener dictamen antes del 7 de noviembre y llevar el proyecto al recinto el día 17. Sin embargo, las fechas todavía deben traducirse en acuerdos y votos, una tarea que no se resuelve mediante la sola fijación de un cronograma. La ausencia de una discusión específica sobre el presupuesto durante la mesa política expone la distancia que puede existir entre los objetivos anunciados y las prioridades efectivamente abordadas.

La reunión también incluyó el proyecto del Super RIGI y la organización de una ronda de negocios para el 29 de octubre en Rosario. Son asuntos de naturaleza diferente, pero todos compiten por espacio dentro de una agenda que el Ejecutivo intenta ordenar antes de que las disputas electorales condicionen todavía más el funcionamiento del Congreso.

Karina Milei volvió a sentar a la mesa a los principales integrantes del círculo presidencial, pero la coordinación no garantiza por sí sola una estrategia compartida. El desafío consiste en transformar las reuniones en decisiones, las decisiones en acuerdos y los acuerdos en resultados parlamentarios. A medida que se aproxima el cierre del año, la cuestión ya no pasa solamente por cuánto quiere aprobar el Gobierno, sino por su capacidad para resolver las diferencias internas y construir las mayorías necesarias. En política, la urgencia puede marcar el ritmo, pero difícilmente reemplace el trabajo de negociar.